La quita de subsidios del 1,5% del PBI prevista para este año le sumará entre siete y nueve puntos a la inflación de este año. Así lo estimaron dos consultoras, que subrayaron el impacto sobre los precios del recorte de transferencias al sector privado planteado por el Gobierno para 2016.
Un informe del estudio Bein indicó que esa quita «tendría un impacto directo de 9 puntos en la inflación» en el indicador de precios de la ciudad de Buenos Aires. Esta conclusión está basada en la posibilidad de un aumento del 1200% en las tarifas de electricidad y del 250% en el gas.
Según el informe, la posibilidad de que la Argentina se transforme en un polo de atracción de inversiones financieras en el corto plazo dependerá no solo del contexto externo, sino también de las negociaciones con los fondos buitres – y del «marketing del programa económico, que aleje del radar de los inversores la inconsistencia entre el programa fiscal (con anuncios de recortes en subsidios de 1,5% del PIB que, según nuestros cálculos, tendría un impacto directo de 9 puntos en la inflación) y los anuncios de metas de inflación (20%/25% interanual para este año)».
Este ejercicio se tomó en cuenta actualizando los ponderadores del IPC para el distrito porteño a diciembre 2015 (0,5% para electricidad y 1,2% para gas).
El economista jefe del estudio Ferreres, Fausto Spotorno, brindó una cifra parecida, al explicar que, al quitar estos subsidios, «la inflación adicional puede ser de 7 puntos, suponiendo que no cambian las tarifas del transporte».
Un informe elaborado por el economista Gustavo Reyes del IERAL de Fundación Mediterránea advierte sobre evidentes claroscursos en la economía argentina actual: mientras algunas variables ‘micro’ han mejorado, “por debajo de la superficie los desequilibrios macroeconómicos se acentúan, en una dinámica que resulta insustentable en el tiempo”.
El documento señala que, cuando se comparan los datos del primer trimestre del 2015 con los del tercer trimestre de 2014, “se observa un lento camino de recuperación y por lo tanto, podría deducirse que ya no resulta necesario el ajuste en determinadas variables que parecía tan evidente unos pocos meses atrás”.
Entre otras cosas, Reyes sostiene que mientras la economía caía a un ritmo del 2,2%, la inflación anual ascendía a 40% y el dólar “blue” subía 7,7% mensual al cierre del tercer trimestre; ahora la actividad crece al 1,4%, el aumento del costo de vida se desaceleró al 30% y la cotización paralela de la divisa estadounidense se reduce 0,7% mensual.
“Por un lado, la recesión del 20145 junto con la tranquilidad del mercado cambiario, lograron desacelerar un poco la tasa de inflación. Por otro lado, este menor ritmo de aumento en los precios junto con la tranquilidad en el mercado cambiario y expectativas favorables para el 2016, permitieron un freno al proceso recesivo y una leve recuperación en el nivel de actividad”, explica Reyes.
Sin embargo, advierte que “los desequilibrios macroeconómicos se han profundizado y se materializan en una dinámica que no resulta sostenible en el tiempo”.
Las cinco variables ‘macro’ complicadas son las siguientes:
1) GASTO PÚBLICO: desde 2007 hasta la actualidad, el ritmo de aumento del gasto público ha sido mayor que el de la recaudación, generando déficits crecientes en las cuentas fiscales. En los primeros meses de 2015 este desfasaje se mantiene, ya que el aumento en las erogaciones (42%) continúa muy por encima de la recaudación (30%). Estos desequilibrios han generando, además de las recientes emisiones de deuda por parte del Tesoro, una creciente demanda de fondos al Banco Central.
2) SUBSIDIOS: buena parte del problema fiscal es explicado por la dinámica de los subsidios económicos, que a su vez se originan en el fuerte atraso de las tarifas de los servicios públicos. Tomando como base el mes de diciembre de 2001, el promedio de precios en Argentina aumentó a 12.38 en abril de 2015 mientras que los precios regulados crecieron solamente a 3.2.
3) BALANCE COMERCIAL: tomando como base la evolución de las exportaciones e importaciones en los últimos 4 meses, la Balanza Comercial de 2015 se proyecta a un déficit de 383 millones de dólares, comparado con un superávit de 6,6 mil millones de dólares el año pasado.
4) TIPO DE CAMBIO: Gran parte de la pobre performance de las exportaciones se relaciona con el bajo poder adquisitivo del tipo de cambio (atraso cambiario) y éste a su vez, con el notorio desequilibrio entre las tasas de devaluación y de inflación mensuales.
5) BANCO CENTRAL: las cuentas del Banco Central también presentan una dinámica muy difícil de mantener. En los pasivos, la deuda remunerada (Lebacs) creció 153% entre enero de 2014 y mayo de 2015; mientras que en los activos, si bien el stock de reservas se ha recuperado, lo ha hecho básicamente a través de endeudamiento externo del sector público. Las compras acumuladas del año hasta el 15 de mayo representan solamente el 67% de las realizadas en el mismo período durante 2014. Todo esto pone en riesgo el balance de la entidad financiera madre.
“Hasta las elecciones generales de octubre, difícilmente se vean avances, pero claramente la nueva administración que gobierne a partir de 2016 deberá atacar estos problemas rápidamente para poder encauzar la economía y evitar nuevos episodios de tensiones financieras y recesivas”, finaliza el informe de Reyes.
(DyN) – Los subsidios a sectores económicos alcanzaron en los primeros once meses un total de 193.030,8 millones de pesos, con un incremento del 70 por ciento respecto del mismo período del año anterior, informó hoy la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
De ese total, el 71,2 por ciento correspondieron al sector energético, con 137.602 millones de pesos, con una proporción mayor a meses anteriores debido a una suba del 85,9 por ciento en relación con los 74.008,6 millones destinados en el mismo lapso de 2013.
Si se mantiene la tendencia de aumento de los últimos meses, en el orden del 70 por ciento interanual, 2014 finalizará con una factura en subsidios del orden de los 238 mil millones de pesos, con un aumento de más del 6.700 por ciento en nueve años.
Así, en los últimos nueve años, el gasto en subsidios creció ocho veces más que la recaudación tributaria, al punto que pasaron de ser una erogación secundaria a constituirse en el principal foco del déficit de la administración pública nacional.
Del cruce de datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) surge que la recaudación impositiva creció desde 2005 a la actualidad un 789,8 por ciento, mucho menos que el 5.450 por ciento que en el mismo lapso aumentaron los gastos en subsidios a sectores económicos.
De esa manera, los subsidios pasaron a representar el 2,9 por ciento del total de los recursos tributarios nacionales en 2005 al 18,2 por ciento en lo que va de 2014.
Por el momento, con el cómputo de once meses, el incremento respecto de los 3.478 millones de 2005 es del 5.450 por ciento.
En estos primeros once meses, los subsidios se integraron con 156.323,7 millones de pesos para gastos corrientes y 36.707,1 millones para gastos de capital.
En ese sentido, por segundo mes consecutivo la ASAP destacó «un impulso más acelerado en las transferencias para gastos de capital (+86% en once meses versus +73% en diez meses)» por sobre los subsidios propiamente dichos, es decir los gastos corrientes que «volvieron a mostrar un impulso levemente más moderado (+66% vs. +69%, en iguales períodos).
Cerca del 88 por ciento de los subsidios energéticos se concentran en sólo dos empresas, CAMMESA ($ 64.160 millones) y ENARSA ($ 35.600 millones en gastos corrientes y 12.973 millones en gastos de capital).
La ASAP precisó que esas dos empresas «entre otros fines tienen a su cargo el subsidio de tarifas de energía en el área metropolitana y la compra de combustible importado (gas) para el abastecimiento del mercado interno».
En segundo término, se cuentan las asignaciones corrientes al transporte, que demandaron 36.901,4 millones de pesos, un 53% más que en once meses de 2013, aproximadamente en línea con el impulso acumulado a octubre.
En este caso se destacaron las asignaciones para el transporte automotor ($ 22.340 millones), canalizadas principalmente a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte ($ 17.300 millones, +51%), que tiene a su cargo las compensaciones a colectivos y micros de media y larga distancia.
Le siguen en importancia relativa las asignaciones para el transporte ferroviario ($ 11.000 millones, aproximadamente), distribuidas a través de dos empresas públicas, la Administradora de RRHH Ferroviarios – ex FFCC General Belgrano ($ 6.360 millones) y Operador Ferroviario S.E. ($ 3.570 millones), que tienen a su cargo, respectivamente, los gastos en personal de cinco de las siete líneas de ferrocarril, y las transferencias a las nuevas empresas concesionarias de las mismas cinco líneas. Por último, se cuentan también las transferencias al transporte aerocomercial ($ 3.608 millones), concentradas principalmente en Aerolíneas Argentinas ($ 3.421 millones).
Las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía demandaron transferencias para sus gastos de funcionamiento por un total de 5.080 millones de pesos, destacándose entre los principales destinatarios AySA ($ 2.520 millones) y Radio y Televisión Argentina ($ 1.380 millones).
(Télam) – El Ministerio del Interior y Transporte comenzará a implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en todo el país, en provincias, municipios y ciudades con más de 200.000 habitantes donde operen empresas de transporte automotor de pasajeros que reciben Compensación Complementaria Provincial (CCP).
«Por decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hemos decidido expandir este servicio a todo el transporte público del país”, señaló a través de un comunicado el ministro Florencio Randazzo, y agregó que esta medida se toma “luego del éxito en la implementación de la tarjeta SUBE en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde llevamos más de 11 millones de tarjetas distribuidas y activas”.
La resolución 1535/2014, que se publica en el Boletín Oficial, prevé que inicialmente las ciudades capitales de provincias, municipios y ciudades que tengan más de 200.000 habitantes tienen un plazo de 180 días para comenzar a instalar el sistema o adecuar el que tengan vigente.
“El sistema SUBE mostró ser una gran herramienta tanto para los pasajeros, a los que les permite abonar con tarifas subsidiadas de una manera cómoda, como para el Estado Nacional; ya que hemos informatizado e incrementado los controles y hemos mejorado la utilización de los recursos, que son de todos los argentinos”, añadió el titular de Transporte de la Nación.
Por otra parte, las provincias y municipios que a la entrada en vigencia de esta resolución tengan en funcionamiento sistemas de pago electrónico de boletos bajo su jurisdicción, prestados por empresas beneficiarias de la CCP, en 90 días a partir de la publicación de la presente deberán adoptar las medidas necesarias para que dichos sistemas suministren información fidedigna análoga a la del SUBE.
Deberán informar acerca de la cantidad de boletos expedidos (usos), recaudación por la venta de boletos (importes totales en pesos por uso), parque automotor (unidades) y kilometraje recorrido (GPS).
En el caso de aquellas localidades de menos de 200 mil habitantes, la resolución aclara que tendrán la posibilidad de acceder al sistema SUBE solicitándoselo a la Secretaría de Transporte de la Nación.
(Télam) – La legisladora porteña del Frente para la Victoria María Rachid presentó un proyecto de ley para que la Ciudad de Buenos Aires otorgue un subsidio mensual de 7.680 pesos a personas trans mayores de 40 años, quienes podrían cobrarlo siempre y cuando no tengan otros ingresos superiores a 22.400 pesos.
«La población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera ‘muerte civil’ sin el más básico respeto por sus derechos», indica en los fundamentos la iniciativa de la legisladora.
En este sentido, Rachid precisó que «entre los derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar: a la igualdad y no discriminación; a la dignidad personal; al trabajo; a la seguridad física; a la seguridad social; a la privacidad; a la salud integral; a una adecuada calidad de vida; a la garantía de acceso a la educación; a una adecuada calidad de vida, entre otros».
El Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad será la autoridad de aplicación y contralor del cumplimiento de esta ley.
La iniciativa despertó fuerte polémica, sobre todo en las redes sociales.
(DyN) – Los subsidios a sectores económicos alcanzaron en los primeros nueve meses del año a un total de 165.768,4 millones de pesos, con un aumento del 71 por ciento en relación con el mismo período del año anterior, informó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
De esa suma, el 73,5 por ciento correspondió a subsidios para el sector energético, principalmente para el pago de la importación de combustible y el financiamiento de la diferencia entre el precio internacional y el que rige para el mercado interno, señaló la entidad.
La mayor parte de las transferencias correspondieron a subsidios para gastos corrientes, con 101.292,5 millones de pesos, en tanto 20.590 millones fueron para gastos de capital.
En tanto, el déficit financiero del sector público nacional fue en agosto de 1.877,2 millones de pesos, pero se elevó a 20.277,4 millones en el mes y a 114 mil millones de pesos en ocho meses si no se computan los auxilios financieros del sistema previsional y del Banco Central, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía.
En un comunicado, la cartera conducida por Axel Kicillof destacó que en agosto hubo un superávit fiscal primario (sin computar servicios de deuda) de 868,7 millones, que llega a 3.838,8 millones en los primeros ocho meses del año.
En cuanto al resultado financiero (que incluye los servicios de deuda) sumó en ocho meses 40.345,4 millones, que sin la asistencia de las denominadas «rentas de la propiedad» alcanzaron a 114.003 millones de pesos.
La asistencia al Tesoro con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional y del Banco Central se acrecentó en forma considerable en los últimos años, al punto de representar en lo que va del año casi el doble que todo el déficit financiero (79.247,6 millones y 40.345,4 millones).
(DyN) – Un fiscal federal promovió la investigación penal contra la ministra de Industria, Débora Giorgi, en una causa en la que la diputada opositora Elisa Carrió denunció el supuesto reparto irregular de subsidios en la cartera a su cargo.
El fiscal federal Gerardo Di Massi respondió positivamente a la consulta del juez federal Sebastián Casanello y requirió la “instrucción”, pero no imputó formalmente a Giorgi, pues “en razón del estado embrionario de las presentes actuaciones no es posible por el momento dirigir imputación alguna contra persona o personas determinadas».
Carrió acusó a Giorgi por «negociaciones incompatibles con la función pública”, por un supuesto favoritismo en la asignación de subsidios, derivados a empresas relacionadas con funcionarios del Ministerio.
Di Massi le pidió al juez que requiera «nómina de funcionarios, asesores y o colaboradores de la Subsecretaría de Coordinación» del Ministerio, y el listado de subsidios reputados como irregulares en la denuncia de Carrió.
Según la legisladora, funcionarios de Industria que además se desempeñan como “profesores y o autoridades de la Universidad de Buenos Aires, habrían habilitado el pago de subsidios millonarios por la fabricación de bienes de capital, cuando al mismo tiempo, los beneficiarios serían dueños de un conglomerado de empresas destinatarias de esos fondos».
El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas de prueba en la causa que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, informó el diario La Nación.
El mismo matutino publicó además un informe en el que asegura que hay funcionarios del Ministerio de Industria, encargada de brindar subsidios a empresas, que son además los dueños de las firmas que terminan recibiendo gran parte de esos aportes.
En cuanto a la situación de Recalde, Rafecas requirió la declaración jurada patrimonial de 2013 a la Oficina Anticorrupción y a la AFIP, al hacer lugar a un pedido del fiscal federal Jorge Di Lello.
Además, Rafecas pidió que la policía federal entreviste a los dueños de los departamentos del octavo piso de un edificio en Alvarez Thomas al 3000, en Villa Urquiza, donde según una denuncia de Graciela Ocaña una unidad pertenecería a Recalde. En la misma causa, se investiga si el funcionario abusó de su autoridad al percibir su sueldo como director de Aerolíneas Argentinas y otro como director de Austral.
En su nueva declaración de bienes, el funcionario kirchnerista sostiene que en 2012 su patrimonio era de $ 4.907.489, contando sus bienes y descontando sus deudas. Mientras que en 2013 ascendió a $ 5.760.556, considerando sus bienes menos sus deudas. La cuenta arroja un incremento del 17 por ciento.
En cuanto a la denuncia contra funcionarios que trabajan bajo el ala de Débora Giorgi, La Nación señala que entre los beficiarios de los bonos que el Estado ofrece desde 2001 para saldar desventajas por aranceles de importación con reintegros del 14% en las ventas (que bajan al 12,5% cuando se les descuenta el IVA), hay asesores y agentes vinculados a la cartera que conduce Giorgi y profesores o autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esa operatoria supone una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.
En este contexto, la diputada nacional Elisa Carrió (Frente Amplio-UNEN) denunció penalmente a Giorgi por esta supuesta entrega de subsidios a empresas que presuntamente pertenecen a funcionarios de esa cartera.
La denunciarecayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
Carrió pidió que, además de a Giorgi, se investigue si otros funcionarios del Ministerio de Industria pudiesen estar involucrados en las supuestas maniobras.
Y reprodujo el texto del diario que menciona al «subsecretario de Coordinación, contador Marcos Ricardo Coy, que supuestamente aprueba a qué empresas van los subsidios, y asesores o colaboradores sin cargo específico».
«Allí aparece el primer punto sensible: algunos de estos gestores son, a su vez, profesores de la UBA (o mantienen vínculos con ella), que aporta el conocimiento para las auditorías que definen la entrega de esos bonos», acotó la legisladora.
La dirigente de la Coalición Cívica consideró que los supuestos hechos «podrían configurar» la comisión del delito de «negociaciones incompatibles con la función pública y/u otros posibles actos ilícitos».
Por último, la diputada reconoció que en el Ministerio, según público el diario, «negaron que haya funcionarios dueños de empresas que cobren subsidios de esa cartera».
El intendente Ramón Mestre descartó pedir licencia por la imputación por supuesta defraudación a la administración pública por el manejo de subsidios al transporte de pasajeros de la ciudad de Córdoba. “No, no voy a pedir licencia”, dijo Mestre en una rueda de prensa frente al CPC de Arguello, donde se reunió con su gabinete.
Al mismo tiempo, ratificó en su cargo al Secretario de Transporte, César Ferreyra, al ser consultado sobre dichos que había realizado el propio Mestre: “funcionario imputado, debe dejar el cargo”. En ese sentido, fue más allá al afirmar que esa consigna “no rige en mi caso. El imputado soy yo y el intendente es el que decide”.
Mestre dijo que se enteró en Buenos Aires de la imputación, mientras realizaba gestiones para la adquisición de trolebuses rusos. «Estamos tranquilos porque lo hemos hecho en un marco de total transparencia», destacó Mestre. Y le pidió a los periodistas que no lo “condenen antes de tiempo”.
Por otro lado, Mestre descartó que la denuncia y la causa judicial tenga un componente político, tal como sugirió la UCR, a través de un comunicado.
El gobernador de la Provincia, José Manuel De la Sota, declaró que si él llegara a ser presidente “suprimiría todos los subsidios” como una forma de combatir la inflación, al tiempo que cuestionó al Gobierno nacional porque “el diálogo es sólo de ida”.
De la Sota fue invitado al programa El Diario de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani en Canal 13 de Buenos Aires, en el que los panelistas le hicieron al mandatario preguntas sobre todos los temas que ocupan hoy en día la agenda nacional, como la inflación o el narcotráfico.
En cuanto a la inflación, señaló que una de sus propuestas sería armar una concertación entre empresarios y gremios para contener las expectativas inflacionarias vía salarios, y a la vez bajaría la emisión de la moneda. Para lograr esto último, dijo que habría que eliminar totalmente los subsidios.
“Yo no haría sintonía fina como se está planteando, de quitarles los subsidios a algunos o que la propia gente pida que se los saquen, sino al revés. Yo suprimiría todos los subsidios y que la gente venga, los pida y compruebe que los necesita. Con un sistema informático eso se puede lograr en poco tiempo”, remarcó.
También habló sobre el contexto político del país, subrayando que “la gente está harta de los políticos” y que “el próximo presidente que llegue tiene que tener el país encaminado”. No obstante, enfatizó: «Yo plantearía más cambios que continuidad» en las políticas oficiales.
Pero fue muy crítico sobre su relación con la presidenta Cristina Fernández. Ante la consulta sobre cómo se llevaba con la presidenta, contestó: “Con la presidenta no me llevo. No he hablado con ella, sólo una vez me recibió. Con el jefe de Gabinete (Jorge) Capitanich sí, pero hasta ahora el diálogo es sólo de ida. (Mauricio) Macri es un privilegiado si puede hablar por teléfono con ella”.
En cuanto al narcotráfico, consideró que “hay que declarar en situación de emergencia a la juventud argentina” y que “no entiendo cómo hay gente a los que puedan parecerles simpáticos los narcotraficantes”. “Hay que reventarlos”, disparó.
De la Sota también habló sobre la polémica generada en torno al nuevo Código Penal, plantándose en la vereda de quienes se oponen a los cambios. “Hoy plantear situaciones de garantismo y recuperación de los reos no es lo que pide la gente. La gente quiere seguridad. Si yo fuera diputado, no lo votaría”, subrayó.
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A la hora de tocar el tema de la educación, el gobernador anunció una ampliación del Boleto Educativo Gratuito (BEG) a aquellos estudiantes que van a universidades privadas y que están becados.