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En el último tramo de 2016, el Ministerio de Comunicaciones buscará atraer inversiones de parte de jugadores que hasta ahora no habían hecho sus apuestas en la Argentina.
Será el objetivo del «road show» sobre la industria de telecomunicaciones que esta cartera realizará entre el 1 y el 3 de noviembre próximos en Nueva York y Washington.
En el Gobierno hay optimismo. Destacan que ya se aseguraron el compromiso del fondo Blackrock, uno de los principales inversores del Ibex 35 de España, y que pronto hará sus apuestas en el país.

El Argentina TIC Day, tal el nombre de la misión, tendrá como protagonista a Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, quien buscará seducir a los directivos de compañías que se den cita en el Council de las Americas, en Nueva York, y que contará con la presencia de su anfitriona, Susan Segal.

El encuentro tendrá, a su vez, el apoyo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham).

Allí el funcionario no sólo mostrará las oportunidades del país en materia de telecomunicaciones a partir de la definición de un marco regulatorio que fomentará la competencia y las reglas claras para todos los que quieran invertir.

También, pondrá especial atención en la fortaleza de la industria de las tecnologías de la información y su creciente capacidad exportadora.

La meta de máxima que se ha impuesto del ministro desde su órbita es lograr que la Argentina se ubique entre los 25 países mejor conectados del mundo, una meta ambiciosa, considerando que hoy ni siquiera está entre los líderes a nivel regional.

De la misión también participarán la secretaria de Promoción de Inversiones, Clarisa Estol, y el presidente de ArSat, Rodrigo de Loredo.

Mientras que Estol pondrá el acento en las oportunidades que ofrece el sector en sus diversos segmentos del mercado de telecomunicaciones -desde infraestructura hasta servicios-, De Loredo tendrá como objetivo principal vender más servicios del ArSat II, que aún tiene capacidad ociosa.

Lograr comercializar más prestaciones en ese país permitirá generar suficientes divisas como para consolidar a la empresa estatal en toda la región.
Pero no será lo único: también hará foco en las oportunidades que habilita la Red Federal de Fibra Optica (REFEFO) para montar servicios innovadores en distintos puntos del país.

Hace algunas semanas el Gobierno Nacional anunció un plan de inversiones para el sector de las telecomunicaciones por un monto cercano a los $ 76.000 millones (unos US$ 5.000 millones) lo que implica el triple de lo invertido en el 2015. “Esto lleva tiempo, la Argentina es muy grande”, aclara Oscar Aguad, Ministro de Comunicaciones.

“No sólo necesitamos conectar a las grandes ciudades, sino también a los parajes más lejanos. Internet no sólo sirve para mejorar la productividad de varios sectores de la economía y los servicios, sino también para la salud y la educación”, expresó Aguad.

De la cifra global para todo el país “más de US$ 3.500 millones lo aportan las telefónicas, otros US$ 500 millones aportan las pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones y cooperativas y más de US$ 1.000 millones vienen de las empresas tecnológicas como MercadoLibre, Globant, ADT, Google y Facebook”, detalló Aguad.

“Esos ingresos se están aplicando en redes que tal vez exceden a la Argentina, pero las inversiones se hacen en nuestro país”, dijo. De ese monto, “el porcentaje que podría volcarse en Córdoba sería del 10%”, estimó Aguad, lo que implicará una inversión superior a los $ 7.600 millones durante el 2016 y el primer trimestre del 2017”.

El rol de las provincias

Más allá de las inversiones anunciadas, el principal reclamo de la ciudadanía pasa por las falencias del actual servicio de telefonía celular. Al respecto, el ministro anticipó que se firmarán convenios con las provincias para que puedan monitorear el servicio.

“Les vamos a brindar mapas de las redes 4G y los plazos de ejecución que las empresas anunciaron para que nos ayuden a monitorear”.

Aguad también dijo que le pedirán a los gobiernos locales que colaboren “con los espacios públicos, con las celdas y micro celdas, para que funcionen bien los celulares”, luego de algunas pruebas piloto llevadas a cabo en Capital Federal. “Ha cambiado bastante el servicio, pero no estamos en un nivel óptimo. Argentina tiene un atraso en infraestructura. Para que tengamos conectividad celular 100% se necesitan dos años y medio”, señaló.

Entrevista completa en edición impresa de Punto a Punto

El Grupo Clarín acaba de desembolsar u$s 140 millones para realizar la primera inversión en Nextel, tras haber adquirido la operadora de telecomunicaciones a NII Holding a fines del año pasado en otros u$s 165 millones. Ahora, el dinero que el mayor holding de medios inyectará a su controlada será usado para incrementar la capacidad operativa de la compañía celular que compite en este mercado con Personal, Movistar y Claro.

En concreto, la operación significa la compra por parte de Nextel de la totalidad del capital accionario de cinco compañías prestadoras de servicios inalámbricos de telecomunicaciones que son Skyonline; Netizen; Trixco; Infotel y Calibi. Se trata de empresas propietarias de espectro radioeléctrico en las bandas de 900 Mhz. y 2.5 Ghz. El objetivo es complementar la actual capacidad espectral que posee Nextel para poder iniciar un proceso de crecimiento en el negocio de las comunicaciones móviles, donde actualmente no es un jugador de peso. De hecho, según fuentes cercanas a la operación que será anunciada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en las próximas horas, la transacción marca el inicio de un proceso de inversión en tecnología y redes que le permitirá a Nextel potenciar sus servicios actuales e incorporar nuevas prestaciones de valor agregado, como datos móviles.

La operadora es controlada por Cablevisión, dueña a su vez del 100% del capital social de la empresa. El 14 de septiembre del ano pasado ya había comprado el 49% de la operadora de telefonía celular y se había reservado una opción para sumar el 51% restante. Con esta empresa, Cablevisión puede ofrecer a sus usuarios el servicio de cuádruple play. Esto es cable, internet; telefonía fija y telefonía móvil. En el caso de internet lo hace a través de Fibertel, mientras que en lo que respecta a telefonía fija, Cablevisión tiene aval estatal desde hace ya varios años para brindar este sistema, lo cual no ha hecho aún porque el anterior gobierno kirchnerista le negó sistemáticamente la entrega de numeración.

De hecho, esta transacción se había judicializado cuando la anterior Secretaría de Comunicaciones (Secom), que presidía Norberto Berner intentó frenarla asegurando que no prestaba su aval por entender que no reunía las condiciones adecuadas. En ese momento, Clarín recurrió a la justicia sosteniendo que, al no ser una toma de control, no debía pedir autorización de ningún organismo oficial. En noviembre del año pasado, un fallo de la justicia federal frenó la decisión del gobierno de Cristina Fernández. De todos modos, con el cambio de gobierno se abrió otro panorama para Clarín, no sólo en el caso de su ingreso a Nextel que tiene dos millones de clientes, sino también en lo que respecta a la Ley de Medios, ya que, con las modificaciones a esta legislación y la Ley Argentina Digital, se dio por caducada la obligación de mantener su plan de desinversión y podrá mantener su estructura de medios tal como se encuentra distribuida en la actualidad.

Los argumentos esgrimidos por Cablevisión y Clarín para quedarse con Nextel tienen que ver con la necesidad de preservarse ante la incipiente competencia que tendrán de las operadoras de telefonía celular en el negocio de la televisión paga. Es que estas empresas fueron autorizadas a desembarcar en dicho sector.

 

Fente: Cronista

El gigante telefónico AT&T anunció la compra de la compañía de televisión satelital DirecTV en 95 dólares por acción , o 49.000 millones de dólares, una medida que le da a la compañía de telecomunicaciones una base más amplia de suscriptores de video e incrementa su capacidad de competir con Comcast y Time Warner Cable, que en febrero acordaron fusionarse.
La propuesta de combinación de AT&T, con sede en Dallas, podría mejorar su servicio de internet al llevar a sus suscriptores de U-verse TV a un servicio de video por satélite, y con ello liberar ancho de banda en su red de telecomunicaciones.
AT&T ofrece actualmente un plan de internet de alta velocidad en un paquete que incluye servicio de televisión de DirecTV. La adquisición ayudaría a la empresa a cosechar más frutos de esa alianza.
El Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Tom Wheeler, recomendó a los miembros de la entidad que se apruebe la operación de compra del operador de TV Satelital DirecTV solicitada por la compañía estadounidense de telecomunicaciones AT&T. DirecTV es la segunda empresa con más suscriptores de TV paga en América Latina, según Dataxis.
De esta manera, la autorización definitiva de la transacción sería emitida en poco tiempo. La FCC dio a conocer la novedad a través de un comunicado. La operación será por USD 48,5 millones.
DirecTV poseía 12,82 millones de abonados de TV paga en Latinoamérica y alcanzaba un market share del 18,8% en la región al término del primer trimestre. La empresa se encuentra en Colombia, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Perú, Uruguay, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago, Aruba, Barbados, Guyana, Curaçao, Bahamas, Haití, Brasil, Argentina y Venezuela, siendo estas últimas tres las operaciones más importantes. Además, posee una participación en el operador Sky México (Televisa es el accionista mayoritario), el principal prestador de TV por suscripción de México.
 

La edición impresa de Punto a Punto que ya se distribuye entre los suscriptores lleva como tema central los planes de Cablevisión para los próximos años. Desde la unidad de negocio más rentable del Grupo Clarín cuentan cuáles son los planes de la compañía, lo que incluye el desarrollo por varias ciudades de Córdoba.
Además, una nueva edición del Ciclo de Análisis de Coyuntura de Punto a Punto, en esta oportunidad, a cargo de Jorge Ingaramo: cómo llega la economía a octubre.
El resto de los títulos de la edición impresa:
-Con línea de vidrios impresos, VidPia entra al negocio del diseño.
-Un cordobés en la mesa chica de Junior Achivement Worlwide.
-Buenos Días busca crecer con el formato de proximidad para competir con Libertad y Carrefour.
-De la mano de Bonansea, Pentacom e Invel salen a buscar negocios en el exterior.
-Boutique du Sens se expande con “corners” y relanza su e-commerce.
-Bendito Pie desembarcó en Córdoba Shopping y ya piensa en otro mal.
-Política a Punto: Mestre define la fecha de las elecciones ¿el 11 de octubre?
-Luis Juez: “Mi prioridad es que ganen Macri y Aguad; en la Municipalidad, veremos a quiénes apoyammos”.
-Opinión: productividad y empleo formal: dos cuentas pendientes, a cargo de Gerardo García Oro, del Área Empleo y Política Social del IERAL.

(AP) – El Gobierno de Estados Unidos publicó el lunes las nuevas normas que regirán el tráfico en Internet, pero la batalla legal ya comenzó.

Las nuevas reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), aprobadas en votación en febrero, se basan en el principio de la neutralidad de la red, lo que significa que las compañías de telecomunicaciones deberán permitir que todo contenido en línea sea subido a la misma velocidad.

Las normas prohíben el pago de vías rápidas que favorezcan la transmisión de algunos contenidos y le ordenan a los proveedores de banda ancha que se abstengan de hacer lento el tráfico por Internet ni bloquear contenido.

Las reglas fueron publicadas el lunes en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno de Estados Unidos, y entrarán en vigor el 12 de junio, si no hay tribunales que las bloqueen. Los litigios pueden prolongarse durante años.

La United States Telecom Association (USTelecom, Asociación de Telecomunicaciones de Estados Unidos, un grupo que representa a compañías como AT&T y Verizon) dijo que entabló una demanda en la corte federal de apelaciones para el Distrito de Columbia a fin de bloquearlas.

La querella pide una revisión de las normas de la FCC con el argumento de que violan la ley federal y son arbitrarias. La demanda también alega que la FCC no siguió el procedimiento adecuado para la creación de las reglas.

Los proveedores de Internet aseguran que apoyan la neutralidad en Internet, pero la FCC elaboró las reglas alegando que debe regular el acceso a Internet por tratarse de un servicio de telecomunicaciones, como lo es la telefonía.

Algunos proveedores de banda ancha están molestos con la supervisión más estricta que acompaña las normas.

En virtud de las nuevas reglas, la FCC será capaz de investigar las quejas de los usuarios y empresas de Internet como Netflix si consideran que los proveedores de banda ancha -como Comcast, Verizon y AT&T- incurrieron en un comportamiento «injusto o irrazonable».

Los proveedores de Internet dicen que les preocupan varios aspectos de las nuevas reglas que no están claros, como por ejemplo qué prácticas consideraría injustas la FCC. Un ejecutivo de AT&T opinó que las nuevas normas de la FCC significan «un período de incertidumbre que dañará la inversión en banda ancha en Estados Unidos».

(DyN) – El Gobierno promulgó, con la publicación en el Boletín Oficial, la ley «Argentina Digital», iniciativa que regula el sistema de telecomunicaciones y abre el mercado a un competidor importante como son las compañías telefónicas al servicio de televisión por cable, aunque les prohíbe brindar televisión satelital.
Lo hizo a través del decreto 2514/14, firmado por la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de promulgación de la ley 27.078 sancionada el miércoles en el Congreso, donde el oficialismo reunió 131 votos, contra 97 de la oposición.
En su artículo 1º, la ley declara de «interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes».
«Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Esta norma es de orden público y excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión», agrega ese artículo.
En su artículo 2º, la norma establece que sus disposiciones «tienen como finalidad garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación».
Además, busca «promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo».
Asimismo, «busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro».
Ese mismo artículo asegura que en «la ejecución» de la ley «se garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los Servicios de TIC».
La oposición ha considerado que la normativa supone «concentración económica y más poder para las telefónicas», según el socialista Roy Cortina.
Respecto a los usuarios, permite que puedan optar por el prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia a la zona de residencia y define a las TICs como «servicio público en competencia».
También las obliga a suministrar acceso e interconexión a otros operadores y la regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares.
Además, se reestructurarán los servicios incluidos dentro de lo que se denomina «Servicio Universal», que tendrán el mismo precio con la misma calidad en toda la Argentina, y da luz verde a las telefónicas para ingresar al sector audiovisual, pero impide que brinden TV satelital.
Elimina el servicio telefónico de larga distancia y autoriza a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley, a fijar plazos y localidades en donde las telefónicas estarán impedidas de dar TV paga.

(DyN) – El proyecto de ley de Telecomunicaciones «Argentina Digital» obtuvo dictamen de comisión en el Senado, en una tensa reunión en la que quedaron plasmadas varias modificaciones de última hora a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, situación que motivó el retiro de los opositores, ya que los bloques solicitaron «una semana» para estudiarlas.
Así, con el dictamen de mayoría firmado sólo por el kirchnerismo, los legisladores oficialistas llevarán el miércoles próximo al recinto el texto de la nueva ley de Telecomunicaciones.
Los cambios efectuados a último momento en muchos de los 85 artículos del proyecto no permiten a las telefónicas brindar televisión satelital y tienden a moderar por un tiempo su penetración en los segmentos PYME, aunque la iniciativa sigue sin dejar en claro en quién delegará el Poder Ejecutivo el carácter de Autoridad de Aplicación.
Debido a las presentaciones de sectores que denunciaron perjuicios por el avance de las grandes compañías y hasta por la rsistencia de muchos legisladores oficialistas en convalidar el primer proyecto, el dictamen que se firmó en el Senado para habilitar su tratamiento en el recinto la semana próxima frena por un tiempo algunos de los puntos que prometían cambiar el tablero de los prestadores.
En primer término, el nuevo proyecto ahora dice que «los licenciatarios de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital» (artículo 9), sistema que utiliza en el país DirectTV.
Además, los cambios prevén que las empresas telefónicas tampoco podrán prestar inmediatamente el servicio de comunicación audiovisual, sino que deberán hacerlo respetando cierta gradualidad que, entre otras cuestiones, deja a la Autoridad de Aplicación la potestad de «establecer zonas de exclusión por plazos limitados que se determinen en razón del interés público» (artículo 82).
En cuanto al artículo 9, que elimina las limitaciones a los licenciatarios de servicios públicos que establece la Ley de Medios, ahora se suma otra excepción, la del artículo 24 inciso i) de esta Ley, que alude a «directores o administradores» que posean 10% o más de una prestadora de servicios públicos. Otra de las modificaciones que se le hicieron al proyecto establece que se mantenga la categoría de «servicio público» para la telefonía fija, aunque se eliminan menciones a la telefonía móvil, a la vez que se incluyen «derechos y obligaciones de usuarios y prestadores».
«Se dispone el resguardo de las redes comunitarias», dice la iniciativa sobre otro de los cambios efectuados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al tiempo que se incorpora la declaración del «derecho humano a las telecomunicaciones». Por último, se suma el concepto de «neutralidad de la red», que estará sujeto a condiciones de capacidad y velocidad de transmisión de datos, entre otros parámetros.
Entre los aspectos filosóficos del articulado, la iniciativa promueve «el rol del Estado como planificador» y prevé «declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados».
También garantiza la «completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso» de todos los ciudadanos «a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas».

(DyN) – El secretario general de Telefónica de Argentina, Alejandro Pinedo afirmó que el proyecto oficial «Argentina Digital» que busca regular las telecomunicaciones «no es un proyecto que aliente las inversiones» y advirtió que «no es el más adecuado, para que el país evolucione en esta industria» ni «crea las condiciones para alcanzar los objetivos que se plantea».
En el marco de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, el directivo manifestó la «preocupación» de su empresa por la delegación de facultades que la iniciativa da a la Autoridad de Aplicación, aún no determinada, «sin bases claras para la delegación».
También planteó que «desearíamos un proyecto de ley que fije claramente la política regulatoria» para el sector.
«Lamentablemente, la conclusión a sacar sobre este proyecto que tenemos adelante es que no constituye el marco jurídico más adecuado para alentar inversiones», repitió Pinedo en varias oportunidades.
El ejecutivo advirtió ante los senadores que la empresa considera además «preocupante la derogación en bloque y sin sustituirlo por un marco normativo preciso, de todo el ordenamiento jurídico sobre el cual se ha basado la industria en los últimos 40 años».
En otro orden, el CEO de Telefónica indicó que el artículo 9 «no alcanza para establecer las condiciones necesarias que impone la convergencia telefónica».
En ese sentido, hizo notar que en la empresa «no interpretamos que este artículo habilite per se a las TICs a la prestación de servicios audiovisuales».
También Pinedo señaló que una ley de desarrollo de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) «no debería omitir actores de gran relevancia» como son los proveedores de aplicaciones y servicios por Internet, sobre las que, apuntó, «no hay una sola referencia en el texto».
Manifestó, a su vez, a los senadores que «otro aspecto que nos preocupa es que el proyecto considera asimetría a favor de empresas del Estado es desmedro de empresas privadas», así como la eliminación «del régimen impositivo vigente que exceptuaba a las telefónicas del gravamen por uso del espacio público».
Del mismo modo, el ejecutivo de Telefónica le respondió preguntas a los legisladores Gerardo Morales (UCR) y Rubén Giustiniani (FAU) que la valoración de la iniciativa «no es positiva» y aseguró que «estamos en contra (del texto) así como está».
De esta manera, Pinedo le respondió a Morales, quien en su primera intervención planteó la «convicción» de que el proyecto enviado por el Gobierno «beneficiará a las empresas telefónicas en detrimento de las cableras». Luego, el socialista Giustiniani coincidió con Morales y marcó que «no hay duda que la ley los habilita para dar servicio de televisión y sólo faltaría que la autoridad de aplicación le diera la habilitación».
Pinedo contestó que «en Telefónica valoramos más la precisión de un marco regulatorio que una delegación para una posible autorización para brindar servicios».
Morales y Giustiniani también le preguntaron la opinión de la empresa sobre la declaración de la telefonía fija y móvil como servicio «de interés público», pese a que actualmente la telefonía fija es considerada «servicio público», a lo que Pinedo respondió que en todo caso «la calificación no es el instrumento idóneo para que un servicio se expanda y se modernice».
Morales pidió al gerente corporativo que informara qué inversiones ha hecho Telefónica en la telefonía fija en los últimos años y puso el caso de su provincia, Jujuy, donde, afirmó, que «no han hecho una inversión en telefonía fija».
Pinedo aseguró que las inversiones de Telefónica han sido «cuantiosas» en todo el país, pero como no contaba con la información precisa sobre el particular ni sobre el aporte de la empresa al Fondo Fiduciario creado al efecto se comprometió a hacer llegar los datos.
Finalmente, Morales lo consultó sobre la participación de la empresa en Telefé, sobre lo que Pinedo afirmó que la filial argentina de «Telefónica no tiene ninguna participación en medio audiovisual» y expresó que si bien el holding empresario tiene participación en el canal, se trata de «sociedades distintas».

(DyN) – El Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para regular, declarar como servicio público «esencial y estratégico» y garantizar el acceso a las telecomunicaciones (voz, datos, textos y videos por Internet, telefonía fija y celular y televisión por cable), «excluyendo cualquier injerencia estatal en los contenidos del servicio».
La iniciativa, llamada «Argentina Digital», apunta a promover «el rol del Estado como planificador», la «obligación de apertura de las redes de telecomunicaciones entre los licenciatarios TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)», mientras que en telefonía busca «eliminar la diferencia entre corta y larga distancia nacional».
Así, lo hicieron saber de modo conjunto el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Planificación, Julio de Vido y de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
En una convocatoria a la prensa, los funcionarios destacaron que el objetivo del proyecto es la «universalización» de los servicios y la garantía de «ecuanimidad» en la calidad de los servicios prestados.
También se indicó que separará el transporte de las tecnología de información y comunicación de los contenidos, los cuales «no tendrán ningún tipo de regulación», según aseguró De Vido.
El titular de Planificación destacó que la nueva Ley -que reemplazará en caso de ser aprobada a la vigente, que es de 1972- busca «garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones», mientras que Berner aseguró que lo que se pretende es «desmonopolizar» el sector.
Según el Gobierno, la iniciativa permitirá «con un solo cable tener acceso a múltiples servicios», que podrán ser brindados por «múltiples empresas».
La norma -que, entre otras cosas, declara también «la inviolabilidad» del correo electrónico- apunta a que «el Estado tenga capacidad regulatoria para incentivar la igualdad de oportunidades y construir una Argentina digital que reemplace la analógica», expresó Capitanich.
De Vido, en tanto, subrayó «la universalidad del acceso» que plantea la norma y la «neutralidad de las redes».
Los funcionarios prometieron que con esta iniciativa, una sola red transportará todos los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, a la vez que el transporte y los contenidos deberán ser «unidades de negocios separados, con contabilidad separadas», afirmó Capitanich.
El Estado regulará las tarifas de interconexión «permitiendo que todos los licenciatarios, ya sean PYME, cooperativas o empresas de cable, puedan acceder a la red a un precio justo y equitativo», añadió.
La regulación establecerá también «una velocidad mínima obligatoria de transmisión de las redes de telecomunicaciones, que será actualizada cada dos años, para garantizar un acceso de calidad y equitativo en todo el territorio», señaló Capitanich.
Se estipula además que «los licenciatarios de servicios tienen la obligación y el derecho de interconexión entre sí», lo que permitirá «el acceso a las redes de los licenciatarios que no cuentan con redes propias».
Por su parte, Kicillof destacó que actualmente «cinco compañías se dividen 88 por ciento de las ventas» vinculadas con los servicios de telecomunicación.
Para el titular del Palacio de Hacienda, la nueva norma, entre otras cosas, evitará que esas empresas «nos vacunen con las tarifas».