(DyN) – La Cámara Federal de Casación Penal definirá el próximo 8 de abril si es inconstitucional el memorándum que Argentina firmó con Irán en enero de 2013, defendido por el Gobierno como una forma de «destrabar» la causa por el atentado contra la AMIA.
El juez Juan Carlos Gemignani, quien preside en este caso la Sala II del máximo tribunal penal federal, firmó una resolución en donde dispuso llevar adelante una audiencia el próximo 31 de marzo para que las partes presenten informes, y estableció que el 8 de abril habrá una resolución sobre el tema.
La Sala I de la Cámara Federal declaró en mayo del año pasado inconstitucional el memorándum y el Gobierno nacional apeló el fallo, por lo que ahora intervendrá Casación.
Tras el fallo de Casación las partes podrán llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que tendrá la última decisión respecto de la constitucionalidad o no del acuerdo argentino-iraní.
En tanto, la Corte ratificó hoy por unanimidad una indemnización millonaria a favor de la esposa y las hijas de una de las víctimas mortales de la AMIA y advirtió que el Estado Nacional incumplió con un compromiso que había asumido en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata de Ruth Myriam Faifman de Tenenbaum y sus tres hijas, quienes serán indemnizadas con 4 millones de pesos más los intereses desde que ocurrió el atentado, el 18 de julio de 1994, en el que perdieron a su marido y padre.
Por otra parte, la Corte instó a la Cámara Federal de Casación Penal y al Tribunal Oral Federal 2 a acelerar el proceso para que comience el juicio contra los acusados del encubrimiento a la investigación del atentado, entre ellos el ex presidente Carlos Menem y el ex juez de la causa Juan José Galeano.
El acuerdo de entendimiento Argentina-Irán fue firmado el 27 de enero de 2013 en Adis Abeba, capital de Etiopía, por el entonces ministro de Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, y el canciller argentino, Héctor Timerman, en donde ambos países se ponían de acuerdo para crear una «Comisión de la Verdad» para cooperar con la investigación.
El acuerdo también establecía que el juez que investiga el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal especial del caso, Alberto Nisman, podrían interrogar en Teherán a los sospechosos iraníes acusados de haber llevado adelante la masacre, algunos de los cuales tienen ordenes de captura internacional de Interpol.
El pacto solo entraba en vigencia si era aprobado por los parlamentos de ambos países: en febrero de 2013 la Cámara de Diputados argentina convirtió el memorándum en ley nacional pese a las protestas de la comunidad judía, mientras el entonces jefe de Estado iraní Mahmud Ahmadineyad firmó el documento sin enviarlo al Congreso de su país.
Tanto la comunidad judía como el fiscal de la causa AMIA presentaron un amparo en los tribunales argentinos en busca de que el pacto se declarara inconstitucional.
A fines de diciembre de 2013, Canicoba Corral rechazó por «improcedente» el amparo por entender que no se había demostrado la «inminencia de un daño».
Pero en mayo de 2014 la Sala I de la Cámara Federal declaró inconstitucional el memorándum al considerar que la «Comisión de la Verdad» que se creaba a través de ese instrumento violaba facultades de la Justicia, y le ordenó al juez Canicoba Corral que reiterara la solicitud de extradición de los iraníes sospechosos.
«El Memorándum no ha venido a mejorar el status quo existente en la causa al respecto, sino que por el contrario, lo posterga indefinidamente en el tiempo y, en todo caso, lo sujeta al tenor de las recomendaciones de una Comisión cuya naturaleza, atribuciones y objetivos pueden interferir sobre la actuación judicial», habían dicho los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.
Además, requirió a Interpol que reexamine la solicitud de capturas de los sospechosos, como así también que extreme los esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las detenciones ya dispuestas en la causa.
El Gobierno apeló y la causa llegó a Casación, donde el fiscal Raúl Pleé dictaminó en noviembre pasado que la inconstitucionalidad debe ser confirmada.
Para Pleé hubo una «indebida intromisión del Poder Ejecutivo Nacional» en la Justicia y eso es «una evidente violación a la división de poderes ínsita en el sistema republicano de gobierno».
Según denunció el fiscal Nisman cuatro días antes de su misteriosa muerte, el memorándum fue una manera de encubrimiento en la causa AMIA y acusó de ello a la presidenta Cristina Fernández, a Timerman, al diputado Andrés «Cuervo» Larroque, al dirigente piquetero Luis D’Elía, al lobbista proiraní Jorge «Yussef» Khalil, al ex juez Héctor Yrimia y al supuesto espía Ramón Allan Bogado.
Esa denuncia de Nisman -descalificada en todos sus términos por el Gobierno- fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, sin llevar adelante ninguna de las diligencias solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita.
Ahora el fiscal de Cámara Germán Moldes debe definir si sostiene la apelación para que también la Sala I revise si corresponde investigar esa acusación.
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