El Gobierno de Córdoba oficializó ayer la decisión de establecer beneficios fiscales para particulares y sociedades que se hayan visto afectados por la explosión de una planta de productos químicos en barrio Alta Córdoba, ocurrida el 6 de noviembre pasado.
Se trata de un decreto firmado el 23 de diciembre pasado y que lleva la rúbrica del gobernador José Manuel de la Sota, los ministros de Finanzas, Ángel Mario Elettore; y Desarrollo Social, Daniel Passerini; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba.
Concretamente, los beneficios consisten, en primer lugar, en la eximición del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los pequeños contribuyentes “que realicen sus actividades dentro de la zona afectada por la explosión”, por los seis meses incluidos entre noviembre pasado y abril próximo.
En tanto, para los contribuyentes más grandes encuadrados dentro del Régimen General, el beneficio consiste en “la no exigibilidad de la obligación de pago de los importes mínimos mensuales establecidos por el Código Tributario”.
De todos modos, quizás la ayuda más importante es para las familias cuyos hogares fueron afectados por el suceso y que se hayan empadronado, que no pagarán el Inmobiliario en todo el corriente ejercicio. “
“Exímase del pago del Impuesto Inmobiliario Urbano y de los fondos que se liquidan conjuntamente con el mismo, correspondientes a la Anualidad 2015, para los contribuyentes y/o responsables titulares de inmuebles ubicados en la “zona afectada por la explosión” (…) El citado beneficio resulta de aplicación exclusivamente para las propiedades afectadas por el siniestro que a tal efecto se empadronen, de acuerdo con las disposiciones que establezca el Ministerio de Desarrollo Social”, establece el decreto.
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