(Dyn) La Corte Suprema de Justicia de la Nación instó hoy a que se acelere el proceso para llegar al inicio del juicio oral contra los acusados de encubrir la investigación del atentado a la AMIA, entre ellos el ex presidente Carlos Menem y el ex juez de la causa, Juan José Galeano.
Lo hizo mediante el secretario general de la Corte, Alfredo Kraut, a través de una nota que envió a la Cámara Federal de Casación Penal y al Tribunal Oral Federal 2, que tiene a su cargo el juicio.
Fuentes judiciales explicaron que la Corte envió una nota de buenos oficios porque no tiene facultades para pedir o fijar la fecha del inicio de un juicio.
El juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA está a cargo del TOF 2, que actualmente está realizando el proceso oral por la tragedia de Once.
Recién la semana pasada se conformó el tribunal con la designación del cuarto juez, que será Domingo Luis Altieri.
Los tres jueces titulares son Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, composición que demoró más de un año en completarse por las excusaciones y recusaciones de los magistrados que salían sorteados.
El juicio todavía no tiene fecha de inicio porque el tribunal ordenó que se haga una instrucción suplementaria y tiene medidas pendientes.
El objetivo es que este año se fije la fecha de comienzo.
El juicio será por el desvío de la investigación de la llamada «pista siria» y por el pago de 400 mil dólares al ex reducidor de autos Carlos Telleldín para involucrar falsamente en el atentado a oficiales de la Policía Bonaerense.
Entre otros, serán juzgados Menem, Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y Telleldín.
(DyN) – La Corte Suprema ratificó una indemnización millonaria a favor de la esposa y las hijas de una de las víctimas mortales de la AMIA y advirtió que el Estado Nacional incumplió con un compromiso que había asumido en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo, firmado por los cuatro jueces de la Corte, reconoce el derecho al resarcimiento por cuatro millones de pesos más intereses a la viuda y los tres hijos de la víctima.
Para el tribunal, “el Estado Nacional reconoció ante la CIDH en forma incondicionada y absolua que su obrar violó los derechos de las víctimas y sus familiares, generando la obligación a indemnizar”, lo que debió ocurrir a partir de una ley que el gobierno se comprometió a sancionar pero nunca lo hizo.
La Corte evaluó que en 2005, ante una denuncia ante el organismo internacional de derechos humanos formulado por la agrupación de víctimas de la AMIA Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Estado argentino suscribió un “acta de entendimiento” en la que reconoció su responsabilidad en relación con el atentado.
Lo hizo “tanto por el incumplimiento de su función de prevención, al no adoptar las medidas eficaces para intentar evitar el atentado, como por el encubrimiento de los hechos y el incumplimiento de la función de investigación”.
Según el fallo de la Corte, ese reconocimiento (que implicaba la sanción de una ley de resarcimiento que no se sancionó, aunque actualmente hay un proyecto de ley en tratamiento en el Congreso) significó “una renuncia tácita e inequívoca a oponer la prescripción” al reclamo económico.
Ese argumento, el de la prescripción, había sido planteado por el Estado para evitar el fallo condenatorio a la indemnización a la viuda de la víctima y sus hijos.
“Esta Corte tiene dicho que cuando el deudor reconoce la existencia del derecho y de la correlativa obligación de indemnizar, ello implica una clara renuncia a la prescripción ya ganada”, resume el fallo.
Los jueces cuestionaron la conducta procesal del Estado y consideraron que su postura “resulta incompatible con el principio cardinal de la buena fe, pues la buena fe impone un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever”.
(DyN) – El diputado kirchnerista Andrés Larroque recusó por «parcialidad manifesta» al fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, que debe intervenir en el trámite de la causa por supuesto encubrimiento a Irán, en que el legislador está acusado junto a la presidenta Cristina Fernández.
El escrito del dirigente de «La Cámpora» fue presentado por sus abogados en las oficinas del tribunal de apelaciones y allí solicita que se disponga el apartamiento de Moldes, uno de los fiscales que convocaron a la marcha del 18 de febrero pasado.
Para el Gobierno nacional esa marcha fue un acto de la oposición política, más que el objetivo enunciado por sus convocantes de realizar un homenaje público al fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, que el 18 de enero último apareció muerto en oscuras circunstancias.
Ahora Larroque entiende que la activa participación de Moldes en esa marcha es una causa suficiente para recusar a Moldes y pedir que dé un paso al costado en el trámite de la causa que ahora está en manos de la Sala Uno de la Cámara Federal, compuesta por Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler.
Esos jueces deberán consultar a Moldes cuando se aboquen a la apelación presentada por el fiscal Gerardo Pollicita al rechazo del juez Daniel Rafecas para investigar la denuncia que promovió Nisman contra Larroque, la Presidenta, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, entre otros.
El fiscal Germán Moldes quedó envuelto en una fuerte presión por parte de funcionarios y personalidades allegadas al kirchnerismo para que se aparte de avalar o no la apelación elevada por el fiscal Gerardo Pollicita contra la decisión del juez Mariano Rafecas de desestimar la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.
Moldes es el fiscal de la Sala de la Cámara Federal a donde recayó la apelación de Pollicita y es quién, eventualmente, podría avalar este pedido, sumar nuevas medidas o directamente desestimarlo.
En este marco, la ofensiva kirchnerista comenzó con la fiscal en lo Criminal, Cristina Caamaño, quien consideró que «como hombre de bien», Moldes «debería inhibirse de la causa».
Caamaño es miembro de la agrupación de jueces K “Justicia Legítima” y sostuvo que «algunos de los querellantes podrían recusarlo porque fue uno de los organizadores de una marcha en contra del Gobierno», en referencia a la convocatoria del 18F con motivo de cumplirse un mes de la muerte de su colega Alberto Nisman.
«Lo que hizo Pollicita no me parece mal desde el punto de vista procesal, pero jurídicamente, comparto más con el doctor Rafecas porque la figura del encubrimiento, si bien dice que trata de ayudar a alguien para eludir la investigación, requiere de una actividad por parte del autor del delito; y esa actividad debe ser posterior a lo que fue el atentado para que esa persona se convierta en encubridor», señaló Caamaño en declaraciones a FM Nacional Rock y radio América.
Del mismo modo, el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, aseguró que Moldes «tiene que excusarse», al argumentar que el funcionario judicial “ha tomado partido, y quien ha tomado partido, tiene preconceptos que lo llevan a tomar decisiones subjetivas”.
En declaraciones a Télam, Recalde también recordó que Moldes fue «uno de los organizadores» de la marcha del silencio y señaló que “pertenece al grupúsculo».
En tanto, Sergio Burstein, referente de la Asociación 18J Sobrevivientes, Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, una agrupación cercana al Gobierno, consideró que Moldes “se tendrá que apartar porque ya adelantó su opinión” y fue «uno de los organizadores de la marcha».
Y fue más allá al cuestionarle que “es uno de los fiscales que hizo lo posible por demorar las causa de encubrimiento de la AMIA” y sostuvo que “su actitud es vergonzosa”.
(DyN) – El fiscal Gerardo Pollicita defendió la apelación presentada al rechazo del juez Daniel Rafecas para investigar la denuncia que promovió Alberto Nisman, al remarcar que como están «imputadas personas de tan alto nivel gubernamental» hay «que decirle a la gente» lo que realmente pasó ante las sospechas de encubrimiento en la causa AMIA.
Además, dijo que «en ningún momento» se sintió «condicionado» para impulsar la causa que investigaba su colega fallecido, por lo cual se «aisló de todo frente a la cantidad de manifestaciones críticas».
Pollicita aseveró estar seguro que el fiscal del caso AMIA escribió la denuncia, contra lo que sostuvieron algunos juristas como el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni: «Esto lo hizo el doctor Nisman», sentenció.
El fiscal federal apeló por «prematuro» y «precipitado» el rechazo de Rafecas al requerimiento en la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y esta mañana la Sala Primera de la Cámara Federal fue designada por sorteo para intervenir en la apelación.
Al enterarse del sorteo de esta Cámara, Pollicita solo se limitó a manifestar: «No puedo opinar, porque es algo que tienen que resolver ellos».
«Lo que no podemos en una investigación seria, donde están imputadas personas de tan alto nivel gubernamental y que se ha generado tanta controversia, es no profundizar y decirle a la gente ‘esto es cierto o esto no es cierto’, mínimamente hay que hacer las medidas», recalcó Pollicita.
El fiscal, en diálogo con las radios Mitre y Vorterix, agregó: «Que se investigue, hay medidas que realmente son necesarias y que le pueden dar la razón a Nisman como a Rafecas».
«Acá no hay una cuestión de tomar una postura u otra, sino de investigar, profundizar y llegar a una conclusión que deje tranquilo a todo el mundo, incluso a las propias personas denunciadas», subrayó.
Pollicita comentó: «Cuando a mí me toca intervenir en la causa y tengo la posibilidad de leer la denuncia de Nisman, lo que advierto de parte de Nisman es un apasionado relato de un hecho que él entiende delictivo».
Según el fiscal, lo evaluado por Nisman está «fundamentado por un relato que realmente desde su posición es bastante contundente en relación a sus afirmaciones, que hay un plan criminal destinado a encubrir autores iraníes en la causa de la AMIA».
«Frente a esa posición y como es una versión, simplemente una noticia de un delito, un fiscal, en cualquier caso, sea éste o Doña Rosa denunciando que en la casa de al lado están vendiendo droga, un fiscal tiene la obligación de investigar», enfatizó.
Pollicita indicó: «Cuando yo leí la denuncia, que es tan amplia y abarca tantos temas, lo que surgía de esa denuncia es la realización de muchísimas medidas para corroborar cada uno de los datos».
Luego, consideró que también en la resolución de Rafecas de desestimar la denuncia de Nisman, «hay un apasionamiento y está convencido (el juez) de que no hay delito».
«Yo respeto la convicción de él (por Rafecas), lo he hablado con él. Tengo una relación personal con él, lo he hablado en momentos que lo firmó y cuando presenté la apelación», relató Pollicita.
El fiscal defendió su intervención en la causa al recalcar: «Había elementos suficientes para abrir la investigación y para pedir 46 medidas de pruebas o más».
Respecto a la cuestión de que si Nisman escribió la acusación contra la Presidenta y otros funcionarios, Pollicita puntualizó: «Yo lo puedo asegurar, porque me interioricé».
«El equipo de trabajo de Nisman me dijo que lo hizo el doctor Nisman. Pregunté y averigüé, y además conocía a Nisman y sé como escribía», agregó Pollicita.
Ante posibles presiones que tuvo en los últimos días, Pollicita dejó en claro: «En ningún momento me sentí condicionado, en muchos días no abrí los diarios ni escuché la radio».
«Traté de hacer mi trabajo de la mejor manera posible, bien o mal, será criticado, tal vez la Cámara no avale mi postura, y yo respeto la decisión de Rafecas y de la Cámara federal», planteó.
Desde que se hizo cargo de la denuncia de Nisman, el fiscal contó: «Traté de aislarme de todo frente a la cantidad de manifestaciones criticas, formulé el requerimiento de instrucción, tratando de ser lo más técnico posible».
«Entiendo que se merece una investigación, no porque lo dice Pollicita, hasta las propias personas denunciadas merecen que se investigue, y si tienen razón, que se le diga a la sociedad: ‘ven que se equivocó», finalizó.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que la apelación del fiscal Gerardo Pollicita en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA contra la presidenta Cristina Fernández es «insuficiente, muy endeble y muy liviana», y confió en que la Cámara rechace la denuncia, tal como lo hizo el juez Daniel Rafecas.
«En esa carga procesal de tener que rebatir punto por punto la sentencia de Rafecas fue absolutamente insuficiente, muy endeble y muy liviana. Me da la sensación de que vamos a estar en presencia de la salida por el derecho, que es lo mismo que hizo el doctor Rafecas a la hora de rechazar in limine la presentación», señaló.
En su habitual contacto con la prensa, el funcionario negó además que sus dichos sean una presión para los jueces, ya que «tiene dicho la propia Corte que los poderes públicos, inclusive el Poder Judicial, están sometidos al análisis en términos democráticos».
Fernández resaltó que Pollicita «habrá tenido la necesidad» de presentar la apelación al fallo de Rafecas, y admitió que la decisión no lo satisface porque «no hay un solo punto que la justifique».
«Queda claro que por la propia presentación de Pollicita no hay un solo elemento que lo justifique, se basa en lo dicho por Nisman, pero tiene mucho más que ver con notas periodísticas que con definiciones jurídicas concretas o demostraciones de prueba que no las tiene», explicó.
Cabe recordar que el fiscal Pollicita apeló por «prematuro» y «precipitado» el rechazo del juez Rafecas, y advirtió que «en beneficio» de los denunciados, entre ellos la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, «corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes».
«Los elementos son muy contundentes, la carga procesal que tiene el fiscal Pollicita de tener que contestar cada uno de los puntos se hace prácticamente imposible», insistió Fernández.
El ministro coordinador negó además que sus dichos puedan ser tomados como una «presión» a la Cámara Federal de Apelaciones, que ahora debe decidir sobre la continuidad de la denuncia.
«Tiene dicho la propia Corte que los poderes públicos, inclusive el Poder Judicial, están sometidos al análisis en términos democráticos, con lo cual me siento habilitado para poder comentarlo», aseveró.
Por último, y en respuesta a uno de los documentos de Nisman dados a conocer por Rafecas, en el que el fiscal iba a reclamar al Poder Ejecutivo que intervenga ante la ONU para acelerar la investigación, el jefe de Gabinete resaltó que eso fue hecho todos los años tanto por Cristina Fernández como por Néstor Kirchner.
«En eso le erramos porque no era muy necesario que se le pidiera algo que la Presidenta estaba dispuesta a hacerlo. Todos los años se viene reclamando a las Naciones Unidas y a la comunidad entera internacional que la República de Irán sometiera a estas personas a la indagatoria por parte de la Justicia argentina», expresó.
(DyN) – El Gobierno volvió a defender el fallo del juez federal Daniel Rafecas que desestimó la investigación judicial del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández y advirtió que la denuncia por encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA buscó «generar un efecto político desestabilizador».
En una solicitada publicada en los principales periódicos porteños, titulada «Compromiso, Verdad y Justicia», alertó sobre «la gravedad institucional y política de la denuncia» promovida por Nisman y luego sostenida por Gerardo Pollicita, a la vez que defendió el memorándum de entendimiento con Irán.
«Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?», se preguntó en el texto, donde reproduce los argumentos de Rafecas para rechazar la imputación.
El artículo, firmado por el «Gobierno de la República Argentina», hace hincapié en los «documentos hasta ahora desconocidos» de Nisman que Rafecas citó en su fallo.
«¿De qué dependía la opción de impulsar una estrategia conjunta con el Poder Ejecutivo ante las Naciones Unidas o de denunciar a la Presidenta de encubrimiento? Las respuestas a estas preguntas no tienen la virtud de buscar la verdad y menos aún de garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares», indicó.
Asimismo, remarcó que «en este contexto, solo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público».
Al respecto, acotó que «esa situación pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado».
«Es menester hacer un llamado a la sociedad argentina y a la comunidad internacional a escuchar a las víctimas del atentado y sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente prestan atención», sostuvo la nota.
En ese sentido, pidió «acompañar el juicio oral que se llevará adelante por el verdadero encubrimiento del atentado, en el que están acusados un ex presidente (por Carlos Menem), su jefe de la Secretaría de Inteligencia (por Hugo Anzorreguy), el juez de la causa (por Juan José Galeano), los fiscales, un alto jefe policial, entre otros funcionarios públicos de alta jerarquía».
«Un juicio que no implica solamente a altos funcionarios del Poder Ejecutivo de aquellos tiempos, sino que también pone bajo la lupa al sistema de justicia penal federal», arremetió, al aludir al proceso que tendrá lugar en la segunda mitad de 2015.
En el final de la solicitada, el Gobierno señaló que el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 con un resultado de 85 muertos y centenares de heridos, «constituye uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia reciente».
«Tal como ha quedado plasmado en cada uno de los hechos y políticas impulsadas por el Estado Nacional, se reafirma el compromiso del Gobierno en la búsqueda de verdad y justicia», concluyó.
(DyN) – El fiscal federal Gerardo Pollicita apeló por «prematuro» y «precipitado» el rechazo del juez Daniel Rafecas al requerimiento fiscal en la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
«La decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial», escribió el funcionario del Ministerio Público en su recurso, de 35 páginas.
Para Pollicita «resulta prudente y razonable abrir la investigación propuesta por esta Fiscalía para luego poder tomar una decisión sobre el fondo del asunto con la información necesaria a tales fines».
En opinión del fiscal «una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada por el Dr. Nisman, demanda la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real de lo sucedido».
Recién cuando ello ocurra, prosiguió, «se podrá transmitir a la sociedad el mensaje de que las instancias judiciales intervinientes en el caso agotaron todos los recursos y herramientas disponibles para que su resolución lo sea con la mayor claridad, transparencia y equidad posibles».
Sobre la polémica en torno a la caída o no de las alertas rojas contra iraníes acusados del atentado terrorista a la AMIA, Pollicita propuso que «la investigación deberá centrarse en determinar si efectivamente la Secretaría General de Interpol se encontraba facultada -sin conformidad externa- para anular las notificaciones en cuestión».
«Y por consiguiente -añadió-, si las autoridades persas hicieron gestiones en ese sentido a partir de la ‘ayuda’ que habría significado el instrumento rubricado con el gobierno argentino (memorándum)».
Pollicita confió que está «convencido de que en beneficio de los que aparecen mencionados en la denuncia», es decir la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros «corresponde investigar la existencia de los hechos y sus antecedentes».
«Sólo contando con los antecedentes que proporcionará una correcta investigación -llevada a cabo dentro de un proceso criminal legalmente tramitado con intervención de las partes- corresponderá decidir si es viable una imputación o si debe disponerse en cambio una desvinculación definitiva», concluyó.
El jueves de la semana pasada, Rafecas desestimó el requerimiento que había hecho Pollicita en base a la denuncia que el fallecido fiscal Nisman hizo contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros acusados de encubrimiento de los iraníes imputados del atentado a la AMIA.
Pollicita había imputado a la Presidenta y al resto de los acusados y solicitó unas 50 medidas de prueba para avanzar en la investigación, lo que fue rechazado por el juez.
Ahora Rafecas deberá decidir si hace lugar a la apelación y en caso de concederla todo terminará en manos de la Cámara Federal porteña, que será en definitiva quien deba zanjar este incidente judicial.
El diario Infobae publicó los audios con las casi 40.000 escuchas telefónicas que utilizó el fallecido fiscal Alberto Nisman para denunciar un presuneto acuerdo entre Argentina e Irán para encubrir la participación de este último en el atentado a la sede de la AMIA.
Según relata dicho portal, se trata de un archivo que fue acercado a su redacción y que decidieron ponerlo a disposición en crudo. Los audios pueden escucharse aquí.
(DyN) – El juez federal Daniel Rafecas justificó su decisión de no impulsar la investigación contra la presidenta Cristina Fernández al sostener que el Gobierno «agotó todas las instancias para lograr que la causa de investigación por el atentado a la AMIA avance en la Justicia argentina».
Además, el magistrado aclaró que durante la elaboración de su resolución trabajó «con una asombrosa y pasmosa tranquilidad», sin que «nadie ni de un lado ni del otro» se presentara «para hacer sugerencias o presiones».
«En este caso estoy convencido de que el Gobierno argentino por lo menos no hay absolutamente ninguna evidencia que revele que tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia argentina, sino al contrario, que agotó todas las instancias para lograr que la causa de investigación por el atentado a la AMIA avance», señaló.
Rafecas, quien formuló esas declaraciones a la agencia Reuters en un video, manifestó: «Ya estudié a fondo personalmente todo este asunto, escribí personalmente la resolución y me quedé todos los días hasta las 9 de la noche» en el despacho.
«Como juez lo que tengo que hacer es estudiar el caso, verificar qué evidencias se han reunido y si hay elementos como para decir si en el caso hay o no delito», explicó Rafecas.
Agregó: «La futura entrada en vigor del acuerdo (entre la Argentina e Irán) de ninguna manera tenia que poner en riesgo el status de las órdenes de captura y que el único que lo podía hacer era el juez de la causa, esto además fue refrendado por el propio Ronald Nobel, secretario general de Interpol, no una, sino por lo menos tres veces ante distintas consultas que se le hicieron públicas».
En tal sentido planteó que «aparte está conformada por toda la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno argentino, antes, durante y después de las negociaciones con Irán».
Para Rafecas, «las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro, y el gobierno argentino siempre fue firme y consistente en defender y sostener esas ordenes de captura».
«Si hay algo que prueba la evidencia presentada ante este juzgado, es exactamente opuesta a lo que sostenía (el fiscal Alberto) Nisman», subrayó el juez.
El magistrado enfatizó: «En esas condiciones yo lo que resolví es que no es posible bajo ninguna circunstancias abrir una investigación penal en estas condiciones».
«En estas dos semanas he trabajado con una asombrosa y pasmosa tranquilidad, nadie ni de un lado ni del otro, se ha acercado para hacer sugerencias o presiones, o lo que fuere», remarcó.
Finalmente indicó: «Trabajé absolutamente a conciencia y la resolución que yo firmé es lo que estoy convencido de lo que tengo que hacer desde la perspectiva de la ley y el derecho».