La jueza María Servini de Cubría designó a tres veedores judiciales en la Asociación del Fútbol Argentino por la investigación de la ruta del dinero del Fútbol para Todos El objetivo principal es seguir de cerca los movimientos financieros de la entidad; por lo que no habría intervención estatal y el seleccionado no corre el riesgo de ser sancionado por la FIFA.
En rigor, la figura del «veedor judicial» no sería una intervención, ya que la casa del fútbol seguiría funcionando con normalidad. Sólo que tendría puertas adentro a un colaborador de la magistrada que la pondría al tanto de todos los movimientos (sobre todo los financieros) de la entidad que maneja el fútbol argentino.
Los tres veedores son: Alicia López, experta en cuestiones de lavado de dinero; Alberto Piotti, ex-juez; y Horacio Della Rocca, perito de la Suprema Corte de Justicia.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos desentrañó una supuesta red organizada para cobrar sobornos, evadir impuestos y lavar dinero proveniente de la compra-venta de derechos televisivos. La AFA está involucrada a través de su ex presidente, Julio Humberto Grondona, y de Alejandro Burzaco, el ex CEO y presidente de Torneos, la compañía que sigue siendo la organizadora de los amistosos del seleccionado argentino y que, además, co-organiza la Copa Argentina junto a la firma Santa Mónica.Asimismo el escándalo también involucra a funcionarios y ex-funcionarios del gobierno nacional como Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le aclaró al jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Mauricio Macri, que «para ser peronista, hay que defender las banderas, tomar decisiones estratégicas y no estar a favor de los banqueros, sino de la gente».
En su conferencia de prensa matutina en la Casa de Gobierno, Capitanich remarcó que pretende «dar una pequeña lección de doctrina a Macri», de quien dijo que busca «levantar las banderas del peronismo», y subrayó que «no basta con pregonar discursivamente los principios» justicialistas.
«No hay soberanía política sin independencia económica», dijo y recordó que Macri «quería que se le pagara a los fondos buitre, se opuso a la estatización de YPF y de las AFJP, que le robaban a los jubilados 60.000 millones de pesos, y a la reforma de la carta orgánica del Banco Central».
Macri ayer, tras difundirse su acuerdo electoral con el senador peronista Carlos Reutemann, declaró que coincide «cien por cien» con los «principios» del justicialismo.
Ante ello, el ministro dijo pretender dar «una pequeña lección de doctrina» al titular del PRO, «ahora que pretende levantar las banderas del peronismo», y le advirtió que «debería conocer que no hay soberanía política sin independencia económica».
«El dice que va a levantar las banderas del peronismo pagando a los fondos buitre, por lo tanto esta es una bandera que debería aprender», planteó el funcionario.
«Cuando este gobierno defiende el interés del pueblo, que es no pagarle a los fondos buitre, él quería que se les pague; para ser peronista hay que tomar la banderas de defender al pueblo y no a los banqueros», concluyó el jefe de Gabinete.
Aníbal Fernández y Jorge Capitanich son, cada mañana, los voceros del Gobierno nacional. Y hoy, ante dos de los principales temas que dominan la agenda pública –la preocupación del Papa Francisco por la “mexicanización” del narcotráfico en Argentina y la posibilidad de que se ratifique la declaración de desacato del juez Thomas Griesa en el conflicto con los holdouts–, coincidieron en minimizar ambos temas.
Sobre la carta que Bergoglio le envió a un legislador porteño, Capitanich dijo: “No voy a hacer ningún comentario sobre estas expresiones. No me parece que sean, ni siquiera, una cuestión relevante».
Si bien evitó confrontar, al subrayar que «lo que pregona el papa Francisco es lo que ha pregonado durante toda su vida pastoral», la realidad es que intentó quitarle trascendencia a sus dichos, pese a que se trata de quizás la figura con más repercusión internacional.
En tanto, Aníbal Fernández señaló que no cree que «haya tenido vocación de agraviar a nadie». «No es un tema que hay que evaluar porque hace referencia a un Estado soberano con el que yo no quiero meterme. Y no creo que Su Santidad haya tenido vocación de agraviar a nadie. No lo creo eso», afirmó Fernández.
El Secretario también negó que el Gobierno haya mandado a espiar a Jorge Bergoglio cuando era obispo de Buenos Aires, aunque admitió sus «diferencias» por las posiciones políticas del ahora Papa. «No tiene ningún sentido porque el cardenal Bergoglio en ningún momento se caracterizó por decir las cosas en privado. Nunca se callaba la boca”, manifestó.
Desacato buitre
En relación a la posibilidad de que quede firme la sentencia que declara en «desacato» al país en el juicio con los fondos buitre en Estados Unidos, Capitanich fue tajante: «La posición de la Argentina siempre ha sido la misma, la Argentina es un país autónomo y soberano, y no puede ser declarado en desacato. Punto».
Fernández, por su parte, insistió en que “nosotros tenemos la vocación de pagar. Argentina no ha cesado nunca en la vocación de pagar», en que el magistrado Griesa «no representa los intereses de la ecuanimidad», y en que el mediador Daniel Pollack «es un representante liso y llano de los fondos buitres».
La utilización de la agencia oficialista de noticias Télam para desacreditar las informaciones surgidas de los medios de comunicación que el Gobierno considera opositores llegó a la insólita situación de un título en el que, intentando atacar esas noticias, terminaron dejando mal parado al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Es que, según la agencia manejada por La Cámpora, “Capitanich destacó hoy un incremento en la creación de nuevas cuentas sueldos entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014 que alcanzó la confección de 316.823 nuevos plásticos, al salir al cruce de informaciones periodísticas sobre un supuesto aumento de la tasa de desempleo”.
De haber sido cierto esto, pues entonces Capitanich estaría desmintiendo a su propio Gobierno, ya que la información sobre el aumento de la desocupación surgió del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que reveló un alza de la tasa del 6,4% en el último trimestre de 2013 al 6,9% a fines del año pasado.
Es decir, los datos oficiales indican esta situación, no son una suposición ni una lectura parcializada de ningún tipo de medio de comunicación.
En rigor, Capitanich intentó una chicana dialéctica con los periodistas, acusándolos de usar las cifras del Banco Central o las del INDEC cuando convienen a sus supuestos intereses particulares, sin ser «objetivos».
«Como ustedes recuerdan, desde la oposición política y desde medios (de prensa) opositores utilizaron una cifra similar aduciendo que efectivamente se habían cerrado cuentas de trabajadores, y que esto generaba un aumento en la tasa de desempleo. Es decir, una vez más, tenemos datos falsos como ya nos tienen acostumbrados, pero que definitivamente deben ser corroborados por la información que estamos brindando hoy», aseveró el jefe de Gabinete de Ministros.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió al cruce de las quejas del gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, por la supuesta falta de respuesta del gobierno frente a las inundaciones en esa provincia y afirmó que «más que una reunión para la foto, necesitamos instrumentar las soluciones».
En la habitual conferencia de prensa que brinda en la Casa de Gobierno, el ministro coordinador enfatizó que desde el gobierno van a «ser criteriosos y prudentes» frente a las críticas de De la Sota porque «la gente que ha resultado damnificada no se merece ningún tipo de agravio ni consideración de esta naturaleza».
Capitanich aseguró que para los damnificados en Córdoba «se aplica exactamente» el mismo trato que «para todas las provincias en emergencia» y garantizó «tener información debidamente detallada para que no tengamos dilataciones de ninguna naturaleza».
Procesamiento de Boudou
En tanto, el jefe de Gabinete advirtió que el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone es «una arremetida mediática judicial» que forma parte de la «manipulación sistemática y evidente» que ejercen las «corporaciones».
«Esto es más viejo que la injusticia», expresó el ministro, al criticar el fallo de la Cámara Federal, que ratificó el procesamiento de Boudou, en el marco de la causa por la ex imprenta Ciccone Calcográfica, que supondría negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía entre 2009 y 2011.
«No hay ninguna duda de que en la República Argentina la Justicia no es independiente de las corporaciones», reiteró Capitanich en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, y apuntó que el procesamiento de Boudou responde a «una arremetida mediática judicial».
Asimismo, afirmó que «las causas de los grupos mediáticos concentrados no avanzan por el pacto de impunidad» ya que brindan «protección mediática para jueces a cambio de no seguir con las causas».
«La causa de Papel Prensa está absolutamente estancada; las causas de evasión fiscal o denuncias promovidas por la AFIP, siempre están estancadas, y no tocan a los grupos mediáticos concentrados», precisó.
Además, mencionó que «siempre existen cautelares que impiden la aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual» y que «cuando se pretende investigar la fuga de capitales, los jueces se pasan la pelota uno al otro».
Sobre el tema, redondeó: «Hay una arremetida corporativa, mediática, judicial, a miembros del Poder Ejecutivo, en las distintas etapas procesales, que en este caso también incumbe al vicepresidente».
Cabe recordar que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Boudou en la causa Ciccone y señaló que estaba demostrada «claramente» la relación de amistad entre el vicepresidente y José María Núñez Carmona y, «de allí, a (Alejandro) Vandenbroele», titular de The Old Fund, la empresa que se quedó con la imprenta.
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich; a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; y al de Salud, Juan Manzur, por la muerte del niño de la comunidad qom Néstor Femenía el 8 de enero pasado.
Mediante un escrito presentado en las últimas horas, el fiscal pidió investigar a los funcionarios por el delito de homicidio por comisión de omisión en la persona de Femenía, en concurso ideal con abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fallecimiento del niño Femenía tuvo lugar en Chaco el 8 de enero de 2015. En la causa se investigan las responsabilidades políticas de la muerte, a raíz de un supuesto caso de desnutrición.
Consultado por el caso durante una conferencia de prensa, Capitanich consideró en enero que la difusión de esa noticia era una «operación política», respuesta que le valió un sinfín de notas.
La denuncia fue de Adrián Rois y en la misma acusó que el Fondo Especial de Desnutrición y Alimentación Nacional faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas que fueran necesarias para asegurar la aplicación, según informa Infobae.
Por su parte, según el denunciante, el Ministerio de Salud es responsable del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, que sería un organismo de Promoción y Programas Sanitarios que no se estaría aplicando correctamente.
También se denunció que el área de Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de la Dirección Nacional de Atención en la Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, «no estaría realizando lo conducente para evitar las situaciones como la del menor fallecido».
En su requerimiento, el fiscal Di Lello pidió varias medidas de prueba, como oficios a distintos organismos involucrados en la denuncia. También que se pida al Hospital Bicentenario Güemes de Chaco que informe la situación de internación respecto al niño Femenias.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cruzaron todos los límites esperables al radicalizar las críticas a la Marcha del Silencio de tal manera que vincularon a esa convocatoria con “narcos”, “antisemitas” y “apropiadores de bebés”.
El primero en hablar fue Fernández, que dijo: «Si los que están convocando son los narcos y la que está convocando es Cecilia Pando, que debe tener un brote antisemita fenomenal; si los que están participando de la marcha es la gente de AMIA y DAIA junto con fiscales que hicieron lo imposible para que la causa de AMIA se frenara y no prosperara nunca y no son conscientes de ello, estamos en presencia de algo que duele y preocupa», indicó.
«Ayer vi en Twitter la foto del fiscal (federal Guillermo) Marijuan abrazado con un señor que es el defensor de (Hugo) Tognoli, quien era el jefe de la Policía de Santa Fe, preso por trabajar con los narcos, con el narcotráfico», continuó. El funcionario consideró que «ese señor se jacta de ser amigo de Marijuan. No le digo nada a Marijuan, no sé si aceptó esa foto, uno se saca fotos con tanta gente, pero aparece este señor diciendo que es uno de los que convoca».
Capitanich, por su parte, cargó contra los convocantes de la marcha del 18 de febrero al advertir que «no hay que mezclar la Biblia con el calefón» porque entre los que anunciaron su presencia a la manifestación están «aquellos que dicen y justifican el robo de bebés durante la dictadura o son abogados de reconocidos narcotraficantes».
Para el ministro coordinador sostuvo que «sería saludable que se investigue la vinculación entre jueces y servicios de inteligencia que fueron desplazados». «La democracia nos debe inducir a un debate profundo para investigar vínculos de entramados que no fueron claros», agregó Capitanich.Golpismo y desestabilización
Además, Fernández y Capitanich insistieron que todo esto forma parte de un intento de desestabilización contra el kirchnerismo y una estrategia de “golpismo” del Poder judicial.
El secretario de la Presidencia consideró que es «una clara maniobra de desestabilización antidemocrática» que el fiscal Gerardo Pollicita, quien continuará las investigaciones de su fallecido colega Alberto Nisman, planee imputar a la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA.
De todos modos, el funcionario reconoció que «no tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia».
Pero señaló que la repercusión «que genera sí tiene mucha importancia. Eso es lo que cuestiono del fiscal, severamente, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática». «Lo que le llega a mi mamá en este momento, que no conoce de Derecho, seguramente dice ‘uh, la Presidenta en una causa’… Está mencionada en una causa ridícula, bochornosa, insultante», insistió.
Capitanich agregó que el Gobierno enfrenta «la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina». El jefe de Gabinete señaló que la posible imputación de Cristina es «una vulgar mentira», «una enorme operación de prensa» y «una estrategia de desestabilización política».
«¿Por qué golpismo activo? Porque los requerimientos que se realizan no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino política, para generar impacto político, y no tiene ningún tipo de validez jurídica, porque no existe prueba ni siquiera indiciaria, respecto de eventual culpabilidad», aseveró. «Lo que se busca es el estrépito social, se pretende imputar a la Presidenta de la Nación por un memorándum que nunca se aplicó», fustigó.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó como «vergonzosa» y «antidemocrática» la propuesta de la oposición para derogar la nueva ley de Inteligencia, que hoy podría obtener media sanción en el Senado.
«Vergonzosa manifestación (de la oposición) suscribir un acuerdo para derogar una ley que no ha sido sancionada. Es una conducta antidemocrática, como lo han hecho varias veces», señaló el funcionario en referencia al acta que firmarán los precandidatos presidenciales de la oposición para derogar la futura norma en el próximo gobierno.
En su habitual conferencia de prensa, Capitanich aseguró que los legisladores de la oposición «tienen que cumplir con su responsabilidad, y si están en contra del proyecto, deben manifestarlo en el recinto».
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que existe en la Argentina «una Justicia que no investiga fuga de divisas ni evasión impositiva», al referirse a la cantidad de cuentas secretas de argentinos que existen en bancos suizos.
«Ese es el gran problema endémico, la fuga de capitales y la evasión fiscal e impositiva. Hay cálculos de activos financieros en una cifra cercana a los 200 mil millones de dólares en el exterior. Existe una Justicia que no investiga evasión ni fuga», señaló.
En su habitual contacto con los periodistas, Capitanich reclamó a la Justicia «una responsabilidad política con el país», y aseguró que «no hay justificación» para no investigar.
Capitanich dijo que se calcula «en una cifra cercana a los 200 mil millones de dólares» la cantidad de activos de argentinos en el exterior, y afirmó que hay «un doble mensaje» con ese tema.
«Por un lado, se reclaman políticas públicas y mecanismos de inclusión social, se protesta cuando un gobierno tienen carácter progresista y plantea la distribución de ingresos, y por otro lado existe una Justicia que no investiga los casos de fuga de capitales o de evasión de carácter fiscal. Esa es la asignatura pendiente», aseveró.
Capitanich mencionó especialmente la causa por presuntas cuentas ilegales del banco HSBC en Suiza, y afirmó que «nadie quiere asumir la responsabilidad de la investigación profunda de esta cuestión».
El ministro coordinador dijo que ni fiscales ni jueces asumen «una responsabilidad política con el país, que es defender el funcionamiento del Estado», y afirmó que eso implica «castigar la fuga de divisas y la evasión fiscal e impositiva».
«Es absolutamente importante que los delitos económicos, que son absolutamente nefastos para el funcionamiento de la sociedad argentina, deban ser debidamente investigados», agregó.
Capitanich aseguró también que «no hay justificación» para no investigar esos delitos, y calificó como «una burda y vulgar mentira» que se deba a la falta de confianza en las instituciones.
«En la Argentina existe el funcionamiento adecuado, las instituciones funcionan, pero lo que no funcionan efectivamente es la penalización de estas conductas que son antirrepublicanas y antidemocráticas», subrayó.
En las últimas horas, se conoció que Argentina es el séptimo país con mayor cantidad de clientes registrados en el banco HSBC en Ginebra entre 2006 y 2007.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recibirá hoy a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), luego del reclamo de la central fabril para que el Gobierno aclare los alcances de los acuerdos firmados con China.
Aunque Capitanich indicó ayer, en su habitual contacto con periodistas en Casa de Gobierno, que el encuentro estaba previsto para mañana, más tarde se indicó escuetamente en Balcarce 50 que el cónclave finalmente se adelantará un día y se realizará hoy, “por cuestiones de agenda”.
El ministro coordinador anunció que el encuentro se realiza “en virtud de que solicitaron (en la UIA) una reunión al Poder Ejecutivo” y apuntó que “la Presidenta delegó en la Jefatura de Gabinete la coordinación de esta reunión y estamos en condiciones de convocarla para el viernes» lo que finalmente se modificó.
«Vamos a participar junto con los ministros Axel Kicillof, Julio de Vido, Débora Giorgi y Héctor Timerman», agregó Capitanich, un día después de los reclamos de la entidad para que el Gobierno dé precisiones en torno a los acuerdos firmados la semana pasada con Pekín. En ese marco, el jefe de los ministros reiteró el carácter «integral» de la «alianza estratégica bilateral» y que los acuerdos van a generar «148 mil empleos», como dijo ayer el titular del Palacio de Hacienda.
«Es un impacto muy significativo. Desde 2002 a la fecha, el intercambio tuvo un incremento sistemático», para llegar a 15 mil millones de dólares, agregó.
Según Capitanich, «hay perspectivas claras para nivelar la relación entre las partes, garantizar mayores estímulos a la inversión extranjera directa. Dos represas (que financiará y construirá China en el sur) tienen un impacto muy significativo en la oferta eléctrica y en la generación de empleo», ilustró.
«Hoy, es un acuerdo de carácter estructural, de largo plazo, y forma parte de políticas de Estado. Vamos a explicar los alcances a la Unión Industrial Argentina. Son esquemas complementarios y por supuesto nosotros defendemos el trabajo argentino», aseguró.
El martes, tras una reunión de casi tres horas de su Comité Ejecutivo, la UIA acordó respaldar «la profundización de las relaciones con China», pero también decidió pedir aclaraciones sobre los alcances del convenio marco firmado con China.
Al encuentro asistieron todos los miembros de ese cuerpo de conducción, menos el diputado del massismo y secretario general José Ignacio de Mendiguren, de viaje en Estados Unidos, quien durante el fin de semana mantuvo un duro cruce con empresarios de la UIA cercanos al kirchnerismo que apoyan los acuerdos.
En un comunicado, la UIA dijo que durante la reunión «se planteó la preocupación por los alcances de las cuestiones referidas a los artículos 5to y 6to del acuerdo, relativas a la adjudicación directa de obras de infraestructura que cuenten con financiamiento de origen chino y a las condiciones de ingreso de mano de obra de dicho país».
«Ambas cuestiones podrían afectar la provisión local de bienes y servicios, por lo cual se señaló la importancia de contar con la aclaración sobre el contenido y alcance de dichas concesiones», añadió el comunicado.
La UIA además planteó que es relevante «conocer en forma detallada la totalidad de los acuerdos complementarios que puedan incidir sobre la producción y el empleo nacional».