El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que a partir de hoy se extiende el Programa de Precios Cuidados a todo el país y, además, esta semana se va a terminar de diseñar la canasta escolar, para que sea accesible a las familias.
En la habitual conferencia de prensa matutina Capitanich dijo que se está extendiendo el programa Precios Cuidados a todo el país, por lo cual hizo un llamado a la participación de los gobiernos provinciales, municipales, a las asociaciones de consumidores, con el objeto de garantizar la accesibilidad del pueblo argentino a este programa, con precios, calidad y cantidad.
Respecto de la canasta escolar dijo que se terminará de diseñar esta semana, que estará compuesta por determinado tipo de bienes, a precios accesibles, a fin de que sea accesible a las familias, con lo cual se está defendiendo el ingreso de trabajadores y consumidores.
Capitanich elogió que en el programa Precios Cuidados existe un gran nivel de participación social, a través de las redes sociales, con denuncias ante la Secretaría de Comercio, lo que permitió que se labren las actas correspondientes por violación a la Ley de Defensa de la Competencia.
Además, indicó que a las 18 se realizará en Gobierno un acto en el marco del Plan Procrear, que incluirá una «canasta de materiales destinados a la construcción de viviendas», con el objetivo de controlar el precio de los insumos en el rubro.
Por otra parte, señaló que luego de las reuniones del secretario de Comercio, Augusto Costa, con el sector de la carne, «debería normalizarse el abastecimiento, retrotrayendo precios de la semana anterior» luego de los incrementos de cerca del 20 por ciento.
El ministro apeló a «la responsabilidad de todo el pueblo argentino para impedir los abusos» de los aumentos, y sentenció que es un «desafío colectivo» rechazar estas remarcaciones.
“Para garantizar precio y abastecimiento se recurrirá a importaciones” titula la agencia de noticias oficial Télam por estas horas y, aunque suene increíble, se trata de algo cierto.
Es que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó hoy que se «va a recurrir incluso a importaciones» para «garantizar precio y abastecimiento» de «todos los productos que integran la canasta de referencia» y, en ese marco, anunció que se importarán tomates de Brasil ya que por motivos estacionales podría registrarse un aumento de precios.
Así, pese a ser la Argentina históricamente uno de los principales productores de materias primas, lo que le valió el mote de “granero del mundo”, ahora recurrirá a traer productos desde el exterior.
En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Capitanich puso como ejemplo al tomate, «un producto estacional donde hemos detectado que puede llegar a haber en los próximos días reducción en la oferta y por consiguiente, aumento de precios».
«Por eso, la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) instruyó al ministro (de Economía) Axel Kicillof para que a través del Mercado Central se propicie la importación de tomates de Brasil para garantizar abastecimiento y precio a los consumidores», señaló el funcionario nacional.
El jefe de ministros dijo que «esto se hará con todos aquellos bienes que experimenten problemas de oferta estacional o que puedan afectar el nivel de precios».
El objetivo del Gobierno es «garantizar que el consumidor tenga todos los bienes de precios cuidados perfectamente garantizados en abastecimiento y precios, y se va a recurrir inclusive a importación de los productos que sean necesarios para garantizarlo», puntualizó.
El funcionario contó que esta decisión fue uno de los resultados de la reunión que mantuvieron las autoridades ayer con supermercadistas, y también destacó que frente «al aumento de la demanda de productos en diciembre se ha generado un faltante de primer tipo de productos que se está regularizando en forma inmediata».
Dólar blue
Paralelamente, Capitanich, minimizó la importancia de la escalada del dólar paralelo hasta los 10,95 pesos al sostener que es un mercado «ilegal» y «marginal» y que «no puede ser tomado como variable indicativa del resto de las variables macroeconómicas».
«El mercado blue es absolutamente ilegal, es un mercado marginal», sostuvo Capitanich, para quien el dólar «blue» si bien puede tener «distintos tipos de influencia», tiene un «nivel de transacción inferior» al oficial.
El Gobierno nacional suscribió con los representantes de las principales cadenas de supermercados y proveedores un acuerdo voluntario de precios que regirá a partir del 1 de enero de 2014, por un año, que incluye una canasta básica de 175 productos, que alcanzará los 200, que van desde productos de almacén, lácteos, cortes de carne y pollo, verduras y frutas, bebidas, productos de limpieza e higiene personal.
El acuerdo fue firmado en la Casa de Gobierno, durante un acto que encabezó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, junto al ministro de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa. Por el lado de los privados, estamparon su sello los presidentes de la Asociación Supermercados Unidos (ASU), Alfredo Coto; de la Cámara Cosmética y Perfumería, Guillermo Saraceno; de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Alberto Guida; de la Coordinadora de las Industrias Alimenticias (Copal), Daniel Funes de Rioja; y de la Federación Argentina de Supermercados y Asociados, Marcelo Armini.
El convenio contempla que, a partir del 1º de enero, los consumidores tendrán a disposición la lista de precios, acordadas con 100 marcas, 60 empresas proveedoras y 1.500 comercios adheridos, en esta primera etapa, que avanzará con la inclusión de más comercios y también a nivel regional.
El secretario de Comercio Interior aclaró, con respecto a los supermercados chinos, que se está terminando de consensuar un acuerdo, teniendo en cuenta, además, que representan 10 mil comercios, un tercio de los consumos finales y precisó que “por las particularidades de su sistema de distribución, vamos a avanzar de una manera particular” con ese sector e insistió que se sumarán nuevos actores, ya que está abierto “a todos los actores”.
Por su parte el ministro de Economía, Axel Kicillof destacó que el acuerdo se logró en base a la buena voluntad de todos y explicó que habrá una revisación periódica de los precios acordados, para analizar cualquier tipo de variantes que pueda registrarse y conocer las causas.
En ese marco, admitió el fracaso del sistema que impulsó a principios de año el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. “No es un congelamiento de precios”, explicó Kicillof, para luego reconocer que los controles sin el concurso del sector privado no son exitosos.
Por ello, es que ahora se decidió que el acuerdo es voluntario, incluye un monitoreo y un alerta ante modificaciones y, lo más importante, dijo, es que se asegura la distribución, a fin de que no se registren faltantes.
“Un acuerdo de estas características requiere de un diálogo permanente y revisiones periódicas”, explicó Kicillof. El monitoreo, en general, será permanente tanto de precios como de abastecimiento, precisó.
El Gobierno nacional está trabajando por estas horas en el marco del nuevo acuerdo para controlar las subas de precios y, si bien aún no se conocieron detalles del mismo, los primeros datos que van trascendiendo seguramente no caerán de buena manera en el empresariado.
Hoy, por caso, la agencia Télam difundió un cable en el que asegura que habrá un fuerte control de los números de cada compañía, a las que acusan de “conductas abusivas” y de “avivadas”, e incluso sugiere que el Estado establecerá qué niveles de rentabilidad podrán tener. Que lo haya informado Télam es un dato no menor teniendo en cuenta que es la agencia de noticias oficial, manejada por La Cámpora.
Según el cable, el nuevo acuerdo será dado a conocer en los próximos días con el fin de frenar maniobras engañosas llevadas adelante por las empresas que afectan a los bolsillos de los consumidores.
«Esta política implicará poner la lupa en los balances de las empresas de manera integral, y se tomarán todas las medidas al alcance del Poder Ejecutivo, para que las empresas se aboquen a cumplir con los acuerdos alcanzados, pero también para impedir que las firmas efectúen ‘avivadas’ que disparen los precios de productos similares sin fundamento económico real, y tal como se produjeron durante los últimos meses en varios casos”, afirma la agencia que afirmaron fuentes del Palacio de Hacienda.
En diálogo con Télam, los voceros de Economía aseguraron que «no se aplicará congelamiento de precios, sino una política de administración de los mismos, donde trabajaremos en toda la cadena, y fundamentalmente en los proveedores», que es el eslabón donde se encontraron distintas maniobras abusivas.
Según las fuentes, la política de administración de precios no se circunscribirá a monitorear sólo los 187 productos que integrarán el nuevo acuerdo que comenzará a regir el 1 de enero próximo, sino también a alrededor de los 10.000 productos que son exhibidos en las góndolas de las 40 principales cadenas de supermercados del país y en los 80 proveedores que las abastecen, en lo que refiere a alimentos, bebidas, productos de perfumería y de limpieza.
Los 187 productos que integrarán el nuevo acuerdo serán todos de primera necesidad y en su mayoría alimentos y bebidas, los que acapararán las tres cuartas partes de la canasta seleccionada.
Las fuentes del Ministerio de Economía advirtieron que a las empresas que incumplan los acuerdos o realicen «avivadas», del estilo de remarcar productos similares con cifras exorbitantes, se les aplicarán las «distintas figuras legales disponibles tendientes a corregir esos desvíos», como la denuncia por abuso de posición dominante, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la fiscalización a través de la AFIP para detectar irregularidades en los precios y los balances de las compañías, entre otras alternativas.
La información que manejará la cartera de Economía también contendrá una «radiografía completa» de las empresas en cuanto a la utilización de distintos beneficios que le da el Estado, como subsidios, o créditos blandos, dijeron las fuentes.
Con esta información se intentará persuadir a las empresas a que cuando quieran aumentar los precios, lo hagan por una real necesidad de costos y no por expectativas infundadas o «avivadas».
En este sentido, subrayaron que «las iniciativas no persiguen el fin de que las firmas pierdan rentabilidad, sino que se buscará que mantengan una rentabilidad razonable, en base a datos históricos»: en promedio, la rentabilidad del sector de alimentos y bebidas es en la actualidad de alrededor de 3,5% a 4%, levemente menor al de 2011.
A modo de ejemplo citaron uno en el que la firma La Serenísima, que acordó un precio de la leche entera en sachet a $6,85, vendió a la par cuatro productos similares con prácticamente idéntico envase y distintos aditivos, como vitaminas, que encarecían un producto no acordado en la lista hasta un 22 por ciento más caro, sin tener fundamento de costos, ni macroeconómico para aumentar la brecha de precios.
Otro ejemplo fue el de la lavandina Ayudín, con quien el Gobierno acordó un precio de $2,73, y en el que la firma lanzó al mercado distintas variantes con las denominaciones «máxima pureza» y «ultra» pura, para vender la lavandina común hasta un 284% más cara que la prevista en el acuerdo, de $7,77.
La leche Cindor, también de La Serenísima, se acordó a 6 pesos, pero el último precio observado en góndola para un producto de esas característica con vitamina A y D, era de 17 pesos.
Otro ejemplo, entre tantos, fue el de la yerba Nobleza Gaucha, en la que se acordó un precio de $12,59 el medio kilo y que lanzó un una variante denominada «Ecopack», a $17,83, donde la única diferencia era un «envase de papel 100% reciclable, sin plástico».
Estas diferencias no se condicen con costos y confunden a los consumidores, quienes terminan adquirieron los productos que los proveedores se «ocupan» en mantener stockeadas en las góndolas de los supermercados.
Las fuentes subrayaron que «las empresas ya fueron advertidas por el Gobierno sobre estas maniobras» y en la mayoría de los casos justificaron que se trababa de técnicas comerciales y aumentos de costos.
Por ahora, el Gobierno se limitó a tomar nota y evitó aplicar represalias, con la expectativa de que las firmas corrijan su conducta abusiva, de la mano del nuevo acuerdo de precios en ciernes.
A un mes y medio del inicio del nuevo acuerdo de precios lanzado por el Gobierno nacional, que congela los valores de 500 productos en supermercados adheridos, Rubén Martos, presidente de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) evaluó la medida y consideró que como herramienta “dejó de tener sentido desde el momento en que hay otras marcas que ofrecen iguales productos a precios más económicos”.
“Partamos de la base de que el congelamiento no existió en Córdoba, ya que cuando uno quería acceder al producto, había falta de stock”, expresó, para luego cuestionar: “¿Qué sentido tiene congelar precios si hay otras marcas que los ofrecen más barato? En épocas en las que la gente cuida el dinero, no hay marcas que valgan. No tiene sentido congelar primeras marcas cuando hay segundas, más económicas”.
Asimismo, criticó el plan para impulsar el kilo de pan a $ 10 y el “Ropa para Todos”. Con respecto al primero, opinó que genera “competencia desleal”, porque “opera como los subsidios diferenciados: benefician a algunos panaderos y no a todos. Es como el otro programa nacional ‘Ropa para todos’ (si es que hubiera existido)”, indicó.
En ese sentido, cuestionó el alcance de la frase “para todos”. “Cuando se hacen escalas a los que no acceden realmente todas las personas de todo el país, genera problemas entre los comerciantes”, subrayó. De todos modos, enfatizó que sus críticas, “lejos de lo político, mi defensa es en nombre de los comerciantes” e insistió en que “todo esto genera inequidad, intranquilidad respecto de lo que pueden hacer como empresarios”.
En este contexto, lógicamente Martos fue pesimista en cuanto al futuro de las ventas minoristas. “En el futuro inmediato no se puede mejorar lo que hasta ahora no se recuperó. Este es un año en el que se debiera corregir el curso de la actividad económica por tratarse de un período preelectoral en el que las políticas tienden a mejorar las condiciones generales. Sin embargo, hasta el momento estamos estancados. Si no se cambió hasta ahora, no va a suceder nada en el futuro inmediato. Por lo tanto, creemos que las ventas van a seguir estacionadas o levemente por debajo del desempeño del año anterior”, consideró.
Por Favio Ré / @faviore
El presidente de la multinacional Arcor, Luis Pagani, es uno de los empresarios con más poder de la Argentina pero, a la vez, uno de los más remisos a la hora de dar declaraciones. Por ello, es que es muy difícil conocer su opinión y la de su empresa sobre los males que aquejan a la economía argentina.
Sin embargo, el Prospecto actualizado de emisión de Obligaciones Negociables cargado por la firma en la Comisión Nacional de Valores (CNV) permite ver que, pese al silencio de Pagani, son muchos los problemas que Arcor ve en la realidad nacional.
Cabe recordar que, en dichos documentos, todas las empresas que emiten este tipo de instrumentos financieros están obligadas a informar a sus inversores sobre los factores de riesgo que tienen a la hora de adquirirlos. En ese marco, Arcor dedicó un extenso capítulo a analizar la economía argentina, cuyas principales frases se resumen a continuación.
– “Sin perjuicio de que la economía argentina se ha recuperado significativamente durante los años siguientes a dicha crisis (2001/2002), existe cierta incertidumbre respecto a los niveles de crecimiento, que se han desacelerado en 2012”.
– “La inestabilidad política y económica en la Argentina ha afectado negativamente y puede continuar afectando negativamente nuestra situación financiera y los resultados de nuestras operaciones”.
– “Nos han afectado negativamente el aumento de la inflación, las variaciones en las tasas de interés, la volatilidad del valor del peso frente a las monedas extranjeras, los controles de precios, cambiarios y en el comercio exterior, las regulaciones comerciales e impositivas y, en general, por el ambiente político y económico”.
– “El peso argentino ha estado sujeto a una devaluación significativa en el pasado y puede estar sujeto a fluctuaciones significativas en el futuro. Si el Peso se devalúa significativamente, todos los efectos negativos en la economía argentina relacionados con tal devaluación pueden repetirse. Por otro lado, un incremento sustancial en el valor del peso frente al dólar también presenta riesgos para la economía argentina ya que puede conducir a un deterioro de las exportaciones del país, afectando negativamente la balanza de cuenta corriente y la balanza de pagos”.
– “La inflación ha aumentado significativamente desde la derogación de la Ley de Convertibilidad, y podría continuar en el futuro”.
– “Hay preocupación acerca de la exactitud del IPC y otros datos económicos publicados por el Indec”.
– “El incumplimiento de pago de la Argentina y su no reestructuración de toda su deuda soberana como así también su no negociación con los acreedores no aceptantes, limita su acceso a los mercados internacionales de capitales. Por otro lado, los litigios que iniciaron los acreedores no aceptantes así como las demandas ante el Ciadi podrían dar lugar a importantes sentencias en contra del Gobierno nacional y en la traba de embargos sobre propiedades de Argentina que el gobierno tiene destinado a otros usos”.
– “Los controles de cambios y las restricciones a la transferencia de fondos al exterior y sobre el ingreso de capitales han limitado y es esperable que continúen limitando la disponibilidad del crédito internacional y pueden afectar nuestra capacidad para efectuar pagos de nuestra deuda denominada en moneda extranjera, incluyendo las Obligaciones Negociables, como asimismo inversiones en nuestras controladas no argentinas”.
– “El esfuerzo del Gobierno por reducir los aumentos de precios minoristas de productos podría afectar nuestra capacidad de trasladar a los precios los aumentos en los costos de producción. Si estos esfuerzos continúan o aumentan, no podemos asegurarle que estaremos en condiciones de trasladar a los precios finales de nuestros productos todos nuestros costos de producción y, en consecuencia, nuestros negocios, situación financiera y resultado de operaciones podrán verse negativamente afectados.
– “Las restricciones en el abastecimiento de energía podrían afectar adversamente la economía argentina. Como resultado de varios años de recesión y del congelamiento de las tarifas del gas y de la electricidad, se ha producido una falta de inversión en la capacidad de abastecimiento y transporte de gas y electricidad, en años recientes”.
Desde el último sábado entró en vigencia el congelamiento de precios en los grandes supermercados, que incluye el plan “Mirar para Cuidar”, que en Córdoba tendrá al Movimiento Evita como uno de sus principales órganos ejecutores.
Para conocer cómo hará esta Agrupación K para controlar el cumplimiento de los precios, Punto a Punto Radio dialogó con uno de sus referentes, Martín Apaz, que contó algunos detalles de cómo se cristalizará la iniciativa en la provincia.
Según Apaz, la aplicación del plan se hace de dos maneras. La primera es a través de acuerdos con los municipios para ir con inspectores “con la lista de los 500 productos a los mercados adheridos a este programa, con diferentes representantes de las organizaciones que se han acercado, para controlar los acuerdos de precios”.
Sin embargo, el intendente Ramón Mestre decidió no adherir a esta iniciativa, algo fuertemente cuestionado por el Movimiento Evita, y por eso en Córdoba se utilizará la segunda modalidad que consiste en que “cuando no se cuenta con un convenio con el municipio, se hace a través de la Ley de Defensa del Consumidor que nos permite, por la obligación que tienen por ley de publicar los precios los comercios, tomar registro de los mismos y compararlos con los publicados en la pagina www.consumidor.gov.ar”.
Concretamente, el dirigente señaló que “lo que nosotros vamos a hacer es controlar en las primeras cadenas que adhirieron una lista de 50 productos, con un muestreo de 15 supermercados: ocho en la capital y el resto en el interior. Vamos a estar informando de forma quincenal a los medios y vamos a estar formulando las denuncias pertinentes a través de la Secretaria de Comercio Interior”.
En tanto, Apaz insistió en que los acuerdos son por cadena y recomendó a la población ingresar a www.consumidor.gov.ar y controlar los precios. “Es muy fácil hacerlo. Tiene un buscador e imprime un ticket con el que podés controlar comparándola con tu ticket del supermercado”, completó.
Detectan faltantes
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo de Córdoba señaló hoy que ha constadado algunos faltantes de productos que integran la nómina de precios congelados.
El director del Instituto de Estadística de la Defensoría, Raúl Olocco, habló en Radio Universidad y dijo: “Nosotros no hicimos relevamiento de clientes. De los 500 productos que supuestamente están congelados, tomamos unos 40 y dentro de ese listado corto detectamos que algunos no estaban y casos, como en el de la leche, que había marcas más baratas que las indicadas en el listado”.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso en marcha el plan “Mirar para cuidar” que tiene como objetivo controlar el cumplimiento del congelamiento de precios de 500 productores.
Entre otras cosas, la mandataria aseguró que este programa se efectivizará en 50 ciudades de todo el país que representan a 19 millones de personas. Es decir, que más de la mitad de la población – 40 millones– quedará afuera del plan oficial, y de las palabras de Cristina se desprende que esto sucederá en los pueblos más pequeños del interior, donde de hecho las grandes cadenas no llegan.
“Esto no es una organización del Gobierno, el Gobierno quiere que la sociedad se organice”, indicó y luego dio algunos detalles de la iniciativa. Entre ellos, mencionó que “los militantes que controlen los precios irán acompañados por un inspector, quien está institucionalmente habilitado para hacer la tarea”.
La jefa de Estado amplió que ya se está capacitando gente, pero apuntó que no hace falta demasiada preparación si se tiene en cuenta que irán con un listado y sólo deberán comprobar que los precios son los mismos. En ese sentido, dijo que lo que se necesita para el plan es “primero solidaridad, segundo voluntad y tercero alguien que organice y controle”.
En ese sentido, enfatizó que “todos tienen que participar, incluso los empresarios” y exhortó particularmente a la Iglesia Católica a formar parte de los controles.