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(Télam).- «La Argentina continúa resolviendo los reclamos de los tenedores de bonos que se han presentado con bonos en default, ya que la semana llegó a acuerdos con 21 individuos e instituciones por un total de aproximadamente 95 millones de dólares», dijo Pollack a través de un comunicado oficial.

El entendimiento se ubicó «dentro de los términos de la propuesta efectuada por la Argentina el pasado 5 de febrero», a la que suscribieron hasta hoy el grueso del 7% de títulos que se mantienen en default desde el 2010, tras la última reestructuración de deuda.

Pollack aclaró que como parte de los acuerdos, los tenedores de bonos que poseían títulos con pagos de interés que fueron proscriptos «no tuvieron compensación alguna».

Hace 15 días, el mediador Pollack anunció que la Argentina llegó a un acuerdo el fondo Greylock Capital Management, que se encontraba en situación de holdout por un monto de u$s 95 millones.

En esa oportunidad, Pollack consideró en el área judicial de Nueva York «prácticamente no hay reclamo sin resolver» respecto a la deuda en situación de default.

No obstante, a nivel global, la Argentina tiene pendiente de resolución reclamos por cerca de 5528 millones de dólares (que corresponden a títulos de capital por 1800 millones de dólares), de otras jurisdicciones, incluida Europa, según se desprende del programa financiero del Gobierno presentado en abril último, luego del acuerdo alcanzado con los fondos buitre, que involucró un pago en efectivo de alrededor de 10.000 millones de dólares.

Las negociaciones entre Argentina y sus acreedores que no aceptaron un canje de deuda no están yendo tan bien, aunque todavía podría haber un acuerdo a principios de este año, dijo hoy el presidente Mauricio Macri a la agencia Reuters en una entrevista en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
En la primera de las tres entrevistas con medios internacionales pautadas para hoy, el mandatario sostuvo que el mayor punto de fricción en la discusión es el tema de las penalidades sobre los bonos en default.
Según anticipó Macri, la próxima reunión con el mediador en las negociaciones está prevista para el 1° de febrero. Además, reafirmó una noticia que había trascendido los últimos días: que la Argentina desea restablecer la interacción con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Lo antes que podamos volveremos a cumplir con el artículo 4 del FMI. No permitir su aplicación fue absolutamente en detrimento de los intereses argentinos», analizó el jefe de Estado.

El presidente Mauricio Macri mantuvo una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en Davos, Suiza, donde ambos asisten al Congreso del Foro Económico Mundial.
Macri y Biden coincidieron en que se inicia «una nueva etapa en la relación bilateral» entre la Argentina y Estados Unidos. Según un comunicado de Presidencia, Biden destacó la predisposición de Estados Unidos para colaborar en todos los campos, especialmente en innovación, tecnología, defensa y seguridad.
En la audiencia, que se celebró en Hotel Intercontinental de la villa turística invernal, Macri estuvo acompañado por el diputado nacional y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, y por el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.
El primer mandatario argentino y el vicepresidente estadounidense también manifestaron sus coincidencias respecto de la necesidad de «crear una atmósfera de buen diálogo en toda la región» y hablaron sobre la importancia de preservar «los valores de la paz» y de contribuir al desarrollo sustentable en el hemisferio.
Biden ofreció la ayuda de su país para avanzar en la lucha contra el narcotráfico y confió en que, a partir de esta nueva etapa, la Argentina «encuentre su camino hacia el desarrollo».

Se empiezan a barajar varios escenarios para las negociaciones entre la Argentina y los holdouts. Si bien el equipo económico liderado por Alfonso Prat Gay y los acreedores presentarán propuestas formales durante la semana del 25 de enero, en el mercado financiero ya ven un desenlace cantado: el país no podrá ofrecer una negociación demasiado dura en términos de quita. Podrían tratar de «endulzar» internamente el arreglo si le piden a los bonistas que pongan dinero fresco además de canjear sus títulos por otros bonos más plazo. Esa era la idea que tenía, por ejemplo, el abogado Eugenio Bruno, quien se mostró al lado de Luis Caputo –el secretario de Finanzas- la semana pasada al salir del juzgado del mediador Daniel Pollack en Nueva York.

¿Qué podría presentar Prat Gay a Elliott y compañía? Según un reporte a clientes del JPMorgan, la quita que podría aplicar Hacienda al monto que reclaman los holdouts sería de un 20% o 30% sobre los intereses. Vale recordar que de los USD 9.800 millones que están en litigio, el 70% corresponde a los intereses y punitorios y sólo el 30% al capital de los bonos. Por ende, saben Prat Gay y Caputo que ese 30% es intocable. Si hay poda posible será sobre los intereses.
«En última instancia, avanzar con un rápido acuerdo con los acreedores que no aceptaron el canje reforzará la confianza del mercado y la credibilidad del nuevo gobierno, fortaleciendo la capacidad del gobierno para implementar planes de lucha contra la inflación y la consolidación fiscal, mientras crece el acceso al financiamiento», escribió JPMorgan.
Para el banco de inversión, «la primera reunión oficial entre los acreedores y el gobierno argentino en Nueva York apoya nuestra opinión de que las negociaciones se están moviendo suavemente en la dirección correcta».
La oferta oficial consistiría, entonces, en bonos a largo plazo para canjear esos títulos en default, con una quita del 30% en los intereses, reconocerle el capital al 100%, y tentarlos con nuevos bonos para que suscriban nuevo financiamiento (o sea dólares frescos contantes y sonantes).
De todas formas ya avisó Prat Gay que las negociaciones llevarán su tiempo. Presumiblemente, Argentina estará en una posición de debilidad. Saben los holdouts que la necesidad de arreglar que tiene el gobierno de Mauricio Macri es alta. Claro, no chocan con la intransigencia adolescente del kirchnerismo, encabezado por Axel Kicillof, que pateó las puertas a cualquier intento de acercamiento.
Con capacidad para llevar adelante un arreglo a la altura de las circunstancias, este equipo económico tendrá que sortear las necesidades. Se espera que esta semana se anuncie finalmente el acuerdo con el pool de bancos internacionales. Sería por entre USD 6.000 millones y USD 8.000 millones. Esto le dará mayor espalda financiera al país para negociar con los holdouts, que saben de las urgencias locales: sin cerrar el juicio del siglo, no habrá financiamiento fluido en dólares del exterior.
Por lo pronto, y si bien se mantiene todo con mucho hermetismo, Caputo tuvo reuniones positivas con los holdouts que estuvieron la semana pasada en el despacho de Pollack. Se dice que eran bonistas que representaban algo así como USD 8.000 millones de la deuda, o sea la gran mayoría (los que ganaron el juicio como Elliott y Aurelius y los denominados me too).
Fuente: Infobae

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, sostuvo ayer que «hay muchos números que se pueden usar de referencia» para llevar adelante las paritarias, aunque aclaró que, si «se le cree al Gobierno», el aumento debería rondar entre 20 y 25 por ciento, que es la expectativa de inflación.
«Si nos creen, debería rondar entre el 20 y 25 por ciento», subrayó el funcionario en conferencia de prensa, mientras estimó que el Índice de Precios del INDEC «no va a estar disponible en las primeras paritarias».
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, dijo que la deuda con los fondos buitre, que era de 2.943 millones de dólares, ahora asciende a 9.882 millones de dólares en la Corte de Nueva York, y culpó por el incremento de esas obligaciones al gobierno de Cristina Fernández.
«Juntando el juicio original, incorporando los me too, estamos hablando de un monto original de deuda de 2.943 millones de dólares que dejaron de pagarse con el default de 2001», indicó el funcionario, mientras aclaró que esa cifra creció «a 9.882 millones por la última sentencia».
En ese sentido, se quejó: «Ése es el costo de lavarse las manos por diez años». Además, señaló: «Queremos resolverlo».
Sostuvo, además, que en la primera reunión formal el país no realizará una propuesta ni se definirá la cuestión.
Facturas impagas
Denunció, además, que el Gobierno recibió «el déficit primario más alto de los últimos 30 años, de casi 6 puntos» del Producto Bruto.
«Lo vamos a afrontar», garantizó. A su vez, señaló: «Descubrimos que, en el cierre del año fiscal, hubo mucha disciplina trucha, porque se habla de un gasto, pero no pago».
«Se estaban dejando de pagar algunas facturas», criticó el funcionario en conferencia de prensa.
Subsidios y Ganancias
Prat Gay sostuvo que el Gobierno quiere «subsidiar a los que realmente lo necesitan».
«Tenemos la vocación de dejar de subsidiar al 30% ó 40% más rico de la población», subrayó, mientras aseguró que hay gastos «tremendamente desordenados».
Por otro lado, destacó que el Gobierno buscará subir el mínimo no imponible de Ganancias a 30.000 pesos y modificar las escalas, lo cual pretende que «se tome en cuenta» a la hora de negociar paritarias.
Bajar la inflación y recaudar más por retenciones
El ministro estimó que 2015 terminó con una inflación promedio del 28%, con los últimos tres meses «bastante por encima de eso, por el 30%».
Indicó que el objetivo para 2017 es de entre 12 y 17; 2018, entre 12 y 8, para finalizar el mandato de Mauricio Macri en un dígito.
Por otro lado, sostuvo que el Gobierno será «cuidadoso», aunque aclaró que pondrá «mano dura» para ir «en la dirección correcta».
«Tanto en el ordenamiento de las cuentas fiscales como en la inflación tenemos que ser los más gradualistas», consideró en conferencia de prensa.
El funcionario indicó, también, que se cobrará más por retenciones a la soja en 2016 y «muchísimo más» en 2017.
«Entendimos que las economías regionales estaban fundidas y, si eso sucede, se funde el interior del país”, aseguró.
Argumentó que por ello se eliminaron «prácticamente todas las retenciones».
Por otro lado, señaló que la AFIP debe reintegrar 26.000 millones de pesos por el cepo cambiario.
Prat Gay reconoció que hay «un aumento desmedido de los precios», aunque garantizó que el Gobierno se ocupa de esa cuestión.
«Quiero que sepa la sociedad, los remarcadores, que este es un Gobierno que se está ocupando de esta situación», tras criticar que la administración macrista se encontró con un «desajuste notable en
los precios relativos».
Estimó que se llegará a la primera quincena de enero con una inflación similar a la de septiembre y octubre último, al tiempo que destacó que el impacto del cepo no se acercó «ni por asomo» a los pronósticos de «algunos analistas».
 
Fuente: TN

El Instituto de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) realizó ayer su encuentro mensual de coyuntura en el que, como aspecto saliente, definieron cuáles son los aspectos claves que el nuevo administrador nacional deberá enfrentar.
De esa manera, el CPCE estableció una suerte de top five de las problemáticas que la próxima gestión no podrá esquivar de resolver:
1) Recuperar el superávit comercial
2) Resolver el déficit fiscal
3) Ganar competitividad
4) Mejorar la productividad
5) Solucionar el conflicto con los holdouts
Y en esa línea, la economista jefe del CPCE, Mary Acosta, planteó cuáles podrían ser algunas líneas de acción para enfrentar estos temas, entre las que incluyó un abordaje integral del sistema tributario, que debería reformarse; la corrección de los subsidios para reducir su peso sobre el gasto y ganar equidad; y la administración de las importaciones para evitar seguir impactando en el nivel de producción. «Todos los temas están vinculados, para recuperar suprávit comercial hay que ganar competitividad, para producir más hay que eliminar restricciones a las importaciones; es toda la recreación de un círculo virtuoso», resumió.
Acosta llegó a esta conclusión analizando los datos clave de los últimos tiempos, cuando la actividad dejó de caer pero se mantiene en un nivel de recuperación mínima ya que, por ejemplo, las ramas industriales que lograron subir su performance no alcanza a compensar la caída del sector automotor y sus áreas conexas, lo que también transparenta el alto nivel dependencia de ese segmento y la poca diversificación de la producción.
Otro aspecto es la caída del superávit de la balanza comercial, no sólo por la baja de precios internacionales sino por dos factores claves y condicionantes que tiene la Argentina. Por un lado, la importación de combustibles que redujo a la mitad su déficit internanual por la caída de los valores del petróleo y por el déficit de la balanza comercial industrial donde, a pesar del adormecimiento de la actividad y de la administración de las importaciones, sigue siendo negativa. La industria argentina es altamente dependiente de los insumos importados.
Acosta también analizó que, de acuerdo al Indice de Demanda Laboral que elabora el Consejo y que lleva dos meses de suba, podría anticiparse una reacción de la actividad. De todos modos, advirtió que las alzas son en relación a una base muy pobre. El presidente del Consejo, José Simonella, destacó que una economía más grande (por el crecimiento acumulado del PBI) demanda menos empleo.
El frente fiscal se presenta asimismo complicado, con un rojo en crecimiento y con el Central habiendo ya sobrepasado el límite de adelantos transitorios al Tesoro que le permite la Carta Orgánica, un contexto en el que se aceleró la colocación de bonos. Para el 2016 los compromisos de deuda están alivianados respecto a este año.
Sobre el tipo cambio, Acosta planteó que las devaluaciones se mantienen suaves para evitar el traslado a precios. Respecto de la reacción del dólar paralelo en los últimos días, Simonella la adjudicó más a las expectativas generadas por la designación de Carlos Zannini como integrante de la fórmula con Daniel Scioli que al «efecto aguinaldo o exceso de pesos». «Hay expectativas de devaluación, pero ahora se piensa que el tipo de cambio oficial podría mantener un tiempo más que antes de la nueva fórmula», indicó.
En cuanto a la inflación, Acosta sostuvo que presenta una desaceleración interanual; hoy para el CPCE es del 24% anual. Aunque podría haber una corrección hacia arriba en la segunda parte del año en función del impacto de las nuevas paritarias y los planes para impulsar el consumo.

(DyN) – Se cumple un año hoy del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a aceptar la revisión de las sentencias en contra de la Argentina, en el juicio contra los holdouts y de la caída en default técnico de la deuda pública.
Tras esa decisión, el 20 de junio del año pasado, el juez Thomas Griesa ordenó que el país no pueda pagar los bonos reestructurados con las operaciones de 2005 y 2010 hasta que se cumpla con su sentencia.
El 30 de junio de 2014, la Argentina depositó 539 millones de dólares de un vencimiento en las cuentas del banco fiduciario New York Mellon en Buenos Aires y Griesa le impidió a la entidad su transferencia.
El juez designó un «special master» judicial, Dan Pollack, para que oficie de mediador entre la Argentina y los acreedores.
A un año de esa resolución, el status jurídico no ha cambiado y el país se encuentra sin posibilidades de buscar financiamiento en el exterior.
En septiembre la Argentina dictó la Ley de Pago Soberano por la cual se pretendía cancelar sus obligaciones en el país y Griesa respondió declarando al país en «desacato».
Tras unas negociaciones frustradas con los holdouts, que incluyó la participación de bancos privados locales y extranjeros, la Argentina desconoció a Pollack y comenzó a pedir su remoción.
Los últimos meses de 2014 transcurrieron con la perspectiva de que el 1º de enero, tras expirar la cláusula RUFO -que impedía al país ofrecer mejores condiciones de canje a las ofrecidas en 2005 y 2010- se reanudaran conversaciones, diálogo que finalmente no ocurrió.
En el primer trimestre de 2015, Griesa convocó a los denominados «me too» a que presenten sus acreencias y se hicieron nuevos reclamos por 5 mil millones de dólares».
Dos semanas atrás, Griesa aceptó estos requerimientos y por ende la deuda a renegociar se elevó a unos 7 mil millones de dólares.
La Argentina denunció que Griesa «extorsiona» al país y pretende una negociación con todos los holdouts cuyos reclamos podrían llegar hasta 20 mil millones de dólares.

(Télam) – La Cámara de Diputados belga aprobó en comisión y envió al recinto para su tratamiento un proyecto de ley que limita el accionar de los fondos buitre en ese país, a partir del caso de la reestructuración de deuda de la Argentina.
El proyecto fue presentado por el diputado por el Partido Socialista belga Ahmed Laaouej y otorga nuevas armas a la Justicia local para luchar contra las prácticas inmorales de los buitres.
El texto aprobado por la Comisión de Finanzas del Parlamento tiene por objeto limitar los derechos de un tipo particular de acreedores, aquellos que buscan ganancias ilegítimas.
No cubre a un tipo particular de deudores, sino que alcanza a todos los Estados endeudados.
Bélgica ya cuenta con una ley antibuitre, impulsada luego de 2001 cuando la Justicia de ese país favoreció al fondo NML Capital y puso en riesgo un proceso de reestructuración peruano.
El país europeo buscó así resguardar su posición en los mercados internacionales y, fundamentalmente, proteger a empresas como Euroclear, la firma encargada de procesar una porción de los pagos de los vencimientos de deuda argentina..
Ahora, busca ampliarse esa legislación a todos los particulares y Estados que estén en proceso de reestructuración de sus deudas.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en Casa de Gobierno en el que se conectó por videoconferencia con Salta, Formosa y Morón para inaugurar diversas obras.
Además, la Presidenta habló en Cadena Nacional y destacó la firma con 17 provincias de una nueva prórroga del plan de refinanciamiento de deudas provinciales.
Las provincias que firmaron el convenio son Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Salta.
Pero uno de los párrafos más importantes estuvo en el cierre de su discurso, Cuando remarcó que «hay que seguir haciendo las cosas que dieron resultado» para estar mejor, y llamó a quien tenga una «mejor receta», a que «la explique en serio, con números».
«Siempre se puede ser mejor, pero para eso hay que seguir haciendo las cosas que dieron resultado. Si alguien tiene una receta mejor, que lo explique en serio, con números», dijo, y agregó: «Tenemos que seguir trabajando con mucha convicción y esperanza, en este camino debemos seguir, con escuelas, hospitales, laboratorios y chicos especiales como hoy, con los jóvenes, no sólo con los que militan sino también con los que estudian, con los que trabajan, porque hoy estamos en un país totalmente diferente».
Además, Cristina les volvió a dedicar un párrafo a los holdouts, a quienes les aseguró que el Gobierno quiere pagarles «pero no a tasas usurarias», porque la Argentina tiene «mucha dignidad nacional», y advirtió que ahora «Bruselas quiere convertirse en un ejemplo de legislación anti buitre», pero «esta bandera la plantamos nosotros en el mundo».
«Queremos pagarles, pero no a tasas usurarias, tenemos mucha dignidad nacional», manifestó la jefa de Estado. En ese marco, la mandataria comentó que «Bruselas (por la Unión Europea) quiere convertirse en un ejemplo de legislación anti buitre», pero «esta bandera la plantamos nosotros en el mundo».
Los comentarios en torno a los holdouts tuvieron que ver con los planteos de los fondos especulativos, encabezados por NML Capital y Aurelius, frente al pago del título Bonar 2024 ya que, según plantearon ante el juez de Nueva York, Thomas Griesa, se trata de una emisión de deuda externa, instrumento que viola resoluciones del magistrado.

(Télam) – Un grupo de holdouts, con el fondo Aurelius a la cabeza, presentaron una demanda en una corte estadounidense para extender a la colocación reciente de Bonar 24 el alcance del fallo del juez Thomas Griesa del «pari passu», que impide al país realizar pagos de deuda hasta que no compense a los acreedores que ganaron el juicio por el default.
Desde Economía, contestaron que se trata de «un intento desesperado», ante su «fracaso» en frenar la reciente colocación que emitió el gobierno argentino.
Argentina emitió deuda por 1.416 millones de dólares en abril, que consistió en una emisión de bonos bajo ley argentina, y sin ninguna participación de bancos internacionales como intermediarios.
Respecto de esta demanda, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en donde afirma que «no es otra cosa que un nuevo intento desesperado, ante el fracaso de los fondos buitre en su tentativa de frenar la reciente colocación, en la que amenazaron abiertamente a los compradores del Bonar 24, sin ningún éxito».
Agregaron que los fondos buitre «buscan seguir generando incertidumbre en el mercado para perjudicar a la República y a los bonistas».
Por lo tanto, esta demanda no tendría razón de prosperar, si bien hay cautela debido a que los últimos movimientos de Griesa tuvieron que ver con una lógica de favorecer a los fondos ultraespeculativos en cobrar el 100%, sin importar si hay perjuicio para el 93% de inversores que ingresaron a los canjes 2005 y 2010.
Asimismo, Economía sostiene que «esta presentación confirma que la estrategia de extorsión diseñada por los fondos buitre a través de la orden pari passu no les ha funcionado, razón por la cual están redoblando sus ataques de manera cada vez más desarticulada e ilegal, incluso en los términos de la sentencia del propio Griesa».
Sin embargo, los fondos buitre afirman que «constituye deuda extranjera y que están sometidos a la cláusula de pari passu», e intentarán convencer a la justicia neoyorkina.
Al respecto, el fondo buitre NML emitió una declaración que considera que «han pasado más de cuatro meses desde la expiración de la cláusula de RUFO, que era excusa principal de Argentina por negarse a negociar con los acreedores el año pasado, sin embargo, Argentina todavía se niega a negociar», indicaron.
Por ahora, «está claro que la República está comprometida en un esfuerzo sistemático para evadir las órdenes judiciales estadounidenses por tiempo indefinido».
Sin embargo, en reiteradas ocasiones, el gobierno argentino expresó que los fondos buitre nunca se sentaron a la mesa a negociar, «sino que vinieron con un papel que les dice que tienen que cobrar el 100%, y eso no es negociar», se quejaron desde el Ministerio de Economía.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, reveló en una conferencia de prensa reciente que los fondos buitre «sólo aceptaban un 15% de descuento», lo cual resultaba prácticamente nada, teniendo en cuenta que los fondos buitre compraron a menos del 20%, y están teniendo en total una ganancia de más 1600%, si cobran tal cual lo indica la sentencia de Griesa.
Los fondos buitre en una solicitada aparecida la semana pasada, indicaron que estarían dispuestos a recibir bonos, pero no indicaron nada sobre una eventual negociación sobre una quita de la deuda.
Por último. Economía indicó que «queda de manifiesto, una vez más, que las órdenes pari passu dictadas por el Juez Griesa lejos de constituir una herramienta para solucionar el conflicto, lo han profundizado».
Los fondos buitre, continuaron, «en lugar de negociar una solución equitativa redoblan a cada paso un accionar extorsivo que no conduce a nada. Las medidas ahora solicitadas por Aurelius y Blue Angel no hacen más que profundizar el fracaso de estas acciones extorsivas como modo de solución al conflicto».