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La participación del Estado en la renta agrícola está en baja. Sobre todo si se la compara con lo que sucedía durante el 2015, cuando con retenciones y tipo de cambio bajo el Estado se quedaba con la mayor parte de la renta agrícola. Según el informe difundido por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), después de las últimas decisiones políticas, esta relación hoy es la menor de los últimos 10 años.

Para el mes de junio, marcó un 65,8%, por debajo del 67,7% de marzo y sustancialmente menor al 93,5% de junio de 2015, mes que marcó un récord en los últimos años. Sin embargo, a pesar de la caída de la participación del Estado en la renta agrícola, el informe destaca que los impuestos nacionales significaban el año pasado $ 3230 por hectárea, mientras que este año significan $ 5375, un 66,4% de pesos más que van al Estado. «Ese aporte fiscal podría ser aún mayor debido a que parte de los derechos de exportación, en el maíz por ejemplo, en realidad iban a otras partes de la cadena, mientras que ahora van al Estado principalmente vía Ganancias».

La renta, se aclara, es lo que vale la producción menos los costos, o sea, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales.

En cuanto a los costos, se detalla que la mejora de precios se ve principalmente en la soja, que lleva un aumento del 31% en los últimos tres meses. Más atrás figura el maíz, con 19% y el trigo, con el 8,8% de mejora. Respecto a junio de 2015, la soja presenta un incremento del 17,6% y el maíz del 16,9%, mientras que el trigo cayó un 7,1%.

«Con estos números es esperable un incremento del área maicera de al menos un millón y medio de hectáreas. Queda la pregunta de cómo agregar valor a ese maíz y cómo transportarlo, ya que sólo el paso de esas hectáreas de soja a maíz significan 200.000 camiones más», afirmó David Miazzo, coordinador de investigaciones de FADA.

El informe también destaca que las inundaciones dejaron cerca de 1 millón de hectáreas «gravemente comprometidas», algunas de las cuales tardarán hasta 4 años en recuperarse. Cabe recordar que sólo en Santa Fe, el sector lechero estima pérdidas por u$s 2700 millones por las lluvias que afectaron a la región (Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe), durante los primeros meses del año. «Aquellas zonas agrícolas que no fueron gravemente afectadas, gozan de buena salud económica, por lo que se prevé las economías regionales de la zona pampeana sentirán una mejoría en los próximos 30 a 60 días», afirmó Miazzo.

Más allá del factor climático, otros de los factores que dificultaron la tareas de la agroindustria en general, fueron la suba de los costos. Estos tuvieron un incremento interanual del 44,7%, concentrándose principalmente en salarios y transporte, por el aumento en los combustibles. «Con insumos dolarizados hay algún riesgo de que si hay alguna devaluación en lo que resta del año, el 2016 cierre con un incremento de costos en el sector agrícola cercano al 50-60%», destacó el informe.

También se menciona a los arrendamientos, en baja durante los últimos tres años, se espera que haya reacomodamientos en los contratos, con aumento en términos reales del 20% al 30%, de acuerdo a las zonas.

 

Fuente: Cronista

Si hubo un sector que festejó el inicio de la era Macri, ése fue el campo. Luego de años de sentirse «los malos de la película» y de ser acusados de interferir en los planes de funcionarios kirchneristas, los productores ven que ahora sus reclamos son escuchados en Casa Rosada.
Si antes de las elecciones las proyecciones daban cuenta de un achique de hasta 2 millones de hectáreas en la superficie sembrada y de una disminución en los márgenes de ganancia, ahora el panorama pinta diferente.
En este sentido, un estudio de la Fundación Mediterránea indica que en campos que operan bajo el régimen de alquiler -en zonas como por ejemplo Marcos Juárez- la tasa de retorno:
-Para la soja como principal cultivo, pasó de un rojo del 9% a una cifra positiva del 14%.
-Para el caso del maíz como siembra dominante, ya escaló hasta un significativo 22 por ciento.
Estos buenos números no se refieren a esa área en particular. Si se toma otra zona de referencia, como por ejemplo Jesús María:
-Para superficies con predominio sojero, la tasa de retorno esperada pasó de un 29% (negativa) al 5% (positiva).
-En tanto, si el maíz es el cultivo que se impone, el rendimiento promedia el 13 por ciento.
Estos números son muy celebrados en el sector. En pocas semanas -tras las primeras medidas «campo-friendly»- el clima que se vive entre los productores es muy diferente.
El combo que conjugó la mejora del tipo de cambio y la quita total o reducción de los derechos de exportación, generó una explosiva mejora de la competitividad para el agro.

El nuevo gobierno anunció el 14 de diciembre la eliminación de los derechos de exportación sobre el trigo. Al haber sido una promesa de campaña del nuevo gobierno, se espera que, en próximos días, el esquema de cupos y permisos de exportación no automáticos corra la misma suerte y también sea eliminado.
En este contexto, resulta oportuno analizar el costo que tuvo para los productores del cereal este esquema de doble intervención, que significó cuantiosas transferencias y rentas hacia otros actores de la economía entre los cuales se incluye el Estado, los exportadores de trigo, la industria molinera, la industria de productos derivados de la harina y los consumidores internos de productos finales elaborados en base a trigo. Estas transferencias se realizaron durante los  diez años en que estuvo vigente la normativa de derechos de exportación sobre el trigo, entre 2006 y 2015.
De acuerdo a estimaciones realizadas por la Fundación Mediterránea, basadas en precios observados y precios estimados, operaciones de compra-venta de trigo declaradas y volúmenes efectivamente exportados, se estima que los productores de trigo del país transfirieron fondos por un total de US$ 10.217 millones en el periodo 2006-2015.
La distribución de la transferencia del trigo
En competencia y libre mercado, el precio que recibe un productor de trigo debe ser igual al precio que puede lograr un exportador por el cereal en el mercado internacional. Sólo debería haber una pequeña diferencia asociada a lo que podría llamarse la comisión del exportador.
En el caso de un derecho de exportación, los productores transfirieron fondos a dos actores: el Estado, que se quedó con un monto equivalente a la alícuota del impuesto multiplicada por el valor de las exportaciones; a quienes compraron y/o demandaron trigo en el mercado interno, que adquirieron el cereal a un precio menor al que deberían haber pagado.
En el caso del cupo de exportación los productores transfirieron fondos también a dos actores, pero no exactamente los mismos que antes: a quienes compraron y/o demandaron trigo en el mercado interno; a los exportadores de trigo, quienes compraron el cereal a un precio menor al de paridad internacional.
De esta manera, esos 10 mil millones de dólares tuvieron la siguiente distribución: US$ 3.832 millones (37,5%) al sector público vía pago del impuesto a la exportación; US$ 1.953 millones al sector exportador y US$ 4.432 millones a la industria molinera y el consumo interno.
Las alícuotas que rigieron y la transferencia promedio
En el caso del derecho de exportación sobre el trigo, éste se aplicó originalmente con una alícuota del 20%, la alícuota subió al 28% en la campaña 2007/2008, luego se tuvo una alícuota móvil que duró pocos meses, para bajar a una alícuota del 23%, que es la ha regido en los últimos años.
Durante todo el período se estima que la transferencia promedio fue de US$ 84,9 por tonelada.
 

En el marco del almuerzo de fin de año la Fundación Mediterránea llevó a cabo la charla «El sector agroindustrial frente a una nueva oportunidad», a cargo del economista Juan Manuel Garzón. El especialista explicó los factores que pueden cambiar para el sector: los precios relativos internos (tipo de cambio, impuestos, restricciones al comercio, etc.), la infraestructura económica (rutas, energía, laboratorios, mercados, etc.) y la política de inserción externa.
Garzón planteó que  el sector tiene «buenas perspectivas» en primera instancia por la posibilidad de modificaciones en los precios relativos internos de la agroindustria distorsionados por la carga tributaria (derechos de exportación básicamente), que se reducen por la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos menos en la soja;  la intervención de mercados (maíz, trigo, carnes), que desaparece por la eliminación de ROE’s y el tipo de cambio real, que se intentará subir.
Además, destacó que «la venta de la soja en silo-bolsas será clave para recuperar recaudación y reservas». En este sentido, aclaró que «se estima que al 30 de noviembre quedaba un 28% de la cosecha sin vender, lo que implica unos 17 millones de toneladas». Esto significa que hasta la nueva cosecha  el ingreso de divisas para el país puede ser de 4.600 a 6.620 millones de dólares.
El aporte productivo de Córdoba a la Nación
Garzón detalló que la transferencia de los productores y la agroindustria de Córdoba al fisco nacional en concepto de derechos de exportación en período 2002/2015 fue de 20 mil millones de pesos y el máximo de los aportes provinciales a la nación se dió en 2009, cuando llegó a los 32 mil millones de pesos.
En total, durante los 14 años de aporte al fisco nacional, Córdoba transfirió 274 mil millones (a precio 2015). «Los derechos de exportación le costaron a la provincia casi un Producto Bruto Geográfico de Córdoba, considerando que el PBG estimado de Córdoba al 2015 es de 319 mil millones de pesos», confirmó Garzón.
«Con la eliminación y de retenciones y la baja progresiva en la retención a la soja, Córdoba recupera  recupera unos 6400 millones  de pesos», subrayó el especialista.
El sector agroindustrial, con expectativas internacionales
«El deterioro de los números del campo explica la situación de sus proveedores», comentó Garzón y ejemplificó: la venta de cosechadoras bajó de 2395 (de 2003 a 2008) a 758 (en 2014), mientras que la venta de sembradoras pasó de 4013 (de 2003 a 2008) a 1481 (en 2014).
En tanto, los efectos de la devaluación y la crisis 2002 en la industria láctea dejaron números que en el sector pretenden mejorar para los productores lácteos de pequeña escala: mientras quienes se dedicaron a la venta en el mercado interno  aumentaron sus ventas en un 20%, los industriales lo hicieron en un 40%  y el exportador «puro» en un 200%, diferencia que genera disconformidades sobre las políticas públicas que se vienen aplicando para el sector.
A su vez, otra cuestión imprescindible en la agenda del sector productivo es la revisión de los costos del transporte de granos, que  según el informe de Fundación Mediterránea en Argentina  representan, a precio dólar, un 75% más que en USA y Brasil.
«Una baja de los costos de transporte en dólares beneficiaría relativamente más a regiones alejadas de los puertos», evaluó Garzón.
El economista también realizó comparaciones sobre la inserción mundial de Argentina: Brasil exportó casi el doble de maíz que nuestro país (entre 2013 y 2015), EE.UU vende seis veces más quesos y  tanto Uruguay como Paraguay exportan el doble de carne bovina. «Seguramente estos países aprovecharon el vacío que dejó Argentina. Para algunos sectores, como el de alimentos y el de bioenergía, no hay nada mejor que un país que mira al mundo», concluyó Garzón.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, puso en funciones a su equipo de colaboradores durante un acto que se llevó a cabo en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía. “Este Gobierno viene a servir, a decir la verdad, aunque a veces duela, y cuento para esta tarea con un equipo de colaboradores de lujo, con quienes es un orgullo trabajar”, indicó Prat Gay durante la presentación de su gabinete económico.
Fueron presentados oficialmente el secretario de Política Económica, Pedro Lacoste; el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato; el secretario de Finanzas, Luis Caputo; el secretario Legal y Administrativo, Marcelo Griffi y el flamante titular del INDEC, Jorge Todesca.
Consultado por Cronista.com, Prat Gay dijo que la unificación del tipo de cambio se hará “cuando estemos seguros de que es el momento adecuado” al tiempo que agregó que el Gobierno “va a buscar lo más rápido posible” una solución con los fondos buitre y advirtió que la negociación será “lo más dura posible”.
“Hay varias alternativas para recomponer las reservas”, dijo el ministro y sostuvo que “le ha ido bien” al secretario de Hacienda Luis Caputo, en las negociaciones mantenidas con Daniel Pollack, mediador en el conflicto con los fondos buitre en Nueva York.
Ante la pregunta sobre los anuncios para la semana próxima, Prat Gay señaló que se pensaba hacer efectiva la medida de la baja de las retenciones a la soja y la eliminación de las retenciones al resto de los granos de exportación.

El domingo se celebrarán las PASO para definir a los candidatos que participarán en las elecciones generales de octubre. En ese sentido, Inversor Global preparó un informe en el hace hincapié sobre las propuestas económicas que tienen los candidatos que hoy lideran las principales encuestas: Daniel Scioli por el Frente Para la Victoria y Mauricio Macri por Cambiemos.
Si bien se destaca que ninguno de los dos ha sido muy claro respecto a lo que haría con la economía, el informe tome en cuenta lo publicado en algunos sitios como Yo Quiero Saber y Cippec, quienes difundieron algunas de las propuestas de los principales candidatos.
Dólar
Macri sorprendió a muchos cuando anunció la liberación del cepo cambiario un día después de asumir una eventual presidencia. “A partir del 11 de diciembre no hay más cepo, yo lo dejo flotar como corresponde; yo dejo que la gente compre y venda dólares, porque van a sobrar dólares en Argentina de diciembre en adelante”, dijo el actual jefe de gobierno porteño. Siguiendo esta línea, para el precandidato se debería poder comprar y vender dólares sin restricciones.
En tanto, Daniel Scioli indicó que liberaría la compra/venta de dólares pero de manera  gradual. “El cepo y Ganancias no se pueden sacar de un día para el otro”, contraatacó.
De este modo, mientras el primero recurriría a una política más de shock para ganar competitividad en el corto plazo, el segundo propondría una devaluación lenta y gradual para no encarecer significantemente el costo de vida.
Impuesto a las Ganancias
“En todos los países hay impuesto a las Ganancias, eso no quita que se pueda trabajar en escalas”, señaló el gobernador bonaerense en una charla con empresarios celebrada en Mendoza, insinuando así una posible modificación en las escalas del cuestionado impuesto.
Por su parte, Macri afirmó: “En mi gobierno se va a acabar la inflación y no va a haber más Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, lo van a pagar la gente que más plata gana”. En este sentido, prometió reducir o revisar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría.
Retenciones
En relación a este punto, Scioli señaló que hay que reducirlas para incentivar la producción. “La Argentina que se viene es de gradualidad. No se puede sacar de un día para el otro nada”, afirmó.
Por el contrario, Macri dijo que hay que eliminar las retenciones en el sector agroindustrial.
De hecho la Fundación Pensar, la usina de ideas del PRO, preparó un estudio llamado “Propuesta de Política Agroindustrial” donde postula “la eliminación de los derechos de exportación de todos los granos y cereales y sus subproductos, de los productos de las economías regionales y de todas las carnes”.
Inflación
Para Scioli, el Banco Central seguiría jugando un rol clave en la financiación del Ejecutivo, continuando así con la elevada impresión de moneda.
En cambio, uno de los asesores económicos de Macri, Federico Struzenegger, presentó la idea de un plan gradual con metas para reducir la inflación donde paulatinamente se abandonaría al Banco Central como financista. Incluso, podría esperarse una modificación de la Carta Orgánica de la entidad para terminar con el rol heterodoxo que tiene hoy en día.

(DyN) – El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, advirtió que «no hay ningún gobierno que pueda venir que vaya a eliminar» las retenciones agropecuarias y consideró que es «urgente sacárselas a los productores más chicos».
«El problema de las retenciones es que no hay ningún gobierno que pueda venir que las vaya a eliminar, hay que terminar con el chamuyo, es mentira que vayan a eliminar las retenciones, cualquiera que sea, desde la centro izquierda hasta la centro derecha, nadie va a eliminar retenciones», remarcó. Buzzi, en declaraciones a radio Nacional Rock que reprodujo en un comunicado de la FAA, aseguró que es «objetivamente cierto» que las retenciones móviles que el campo rechazó con protestas en el 2008 ahora serían más convenientes.
Consultado sobre la promesa del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de eliminar ese impuesto a la exportación de granos si llega a la Casa Rosada en 2015, Buzzi calculó que el candidato del PRO «va a tardar siete años» en quitar ese canon.
«(Macri) dice ‘voy a eliminar las retenciones, en soja 5 puntos por año’, por lo tanto el vago va a estar siete años para sacar las retenciones», indicó. El titular de la FAA, que integra la Mesa de Enlace del agro, opinó que «el problema de las retenciones» es que se aplica «la misma cuota a un tipo que siembra, 2 o 3 mil hectáreas, que a un tipo que siembra, 40 o 50 hectáreas, y eso es lo que está mal».
«Busquemos la manera, y la AFIP tiene preparados todos los sistemas para que le puedan devolver las retenciones a los 30 días a un gauchito que siembra 100 hectáreas, a quien hay que darle el precio completo, porque ese se cae del mapa mientras que hay otros que van a tener espalda», reclamó.
Buzzi, quien encabezó con sus pares de la Mesa de Enlace las protestas en 2008 contra el gobierno nacional para impedir la aprobación de las retenciones móviles en el Congreso de la Nación, reconoció que ese mecanismo hoy sería más beneficioso para algunos productores.
«Si hoy tuviéramos retenciones móviles, serían 6 ó 7 puntos por debajo del 35 que tenemos, porque al bajar a esta cotización internacional es verdad que la movilidad de la 125 preveía que fueran al 28 por ciento, pero igual se la estarían aplicando a los productores más chicos. Ese es el punto», explicó.

La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) presentó una nota al Ministerio de Economía de la Nación en la que le solicitó una adecuación de la alícuota a los derechos de exportación de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI).

Para ampliar sobre ese tema, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec), Norberto Delfino, habló con Punto a Punto Radio y dejó sus impresiones al respecto. Según Delfino, “a principios de 2003 se instalaron estos sistemas de retenciones a las exportaciones de origen industrial, pero en un contexto totalmente distinto al actual”, ya que “hoy la rentabilidad de las exportaciones está muy comprometida”.

“Realmente la mayoría de las empresas sostiene mercados externos en base a resignar totalmente la rentabilidad o incluso a pérdida, para no perder mercados que costaron muchos años conseguir. De tal manera, en este momento, aplicar sobre esa actividad un derecho de exportación es un contrasentido, cuando se hacen tantos esfuerzos para mantener los mercados”, enfatizó el empresario.

Delfino agregó al respecto que las MOI sólo representan el 9% de las exportaciones en general y si, se separan las que corresponden al sector automotriz, sólo significan el 6%. “Con un costo fiscal bajo podríamos dar un incentivo importante a la industria porque, en las condiciones actuales del mercado internacional, un 5% sobre el precio final puede ser el 100% de la rentabilidad, puede ser la diferencia entre exportar y no exportar”, agregó.

-¿Hay estimaciones de cuantos mercados hemos perdido?
-El problema de fondo en realidad es la competitividad perdida, no las retenciones. Hasta el 2008 veníamos con un proceso de crecimiento y consolidación de mercados, y a partir de 2008, cuando empieza a producirse la brecha que todos conocemos, sobre lo que es el valor del dólar oficial y la evolución de los costos internos, gradualmente hemos perdido competitividad, el tipo de cambio hoy está en una paridad con lo que era el 1 a 1 y en algunos casos por debajo. Ahí hay un tema que afecta directo a la competitividad.

– También se habla de problemas con el abastecimiento de insumos…
– Eso también afecta, porque está muy limitada para las importaciones. Los planes de producción se ven afectados y hay problemas logísticos. Particularmente en Córdoba, que está a 700 km de cualquier puerto, y hoy por hoy están pagando el flete de ida y vuelta al puerto, a tal punto que el costo de esos fletes vale lo mismo que el valor del costo marítimo entre un continente a otro. Es decir, puede valer lo mismo un contenedor a Buenos Aires que de Buenos Aires a China.