(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respaldó hoy a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, frente al freno judicial a la designación de 16 nuevos fiscales subrogantes y denunció la existencia de jueces «caranchos» y de una «trama mafiosa» que busca impedir la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal.
En su conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno, Capitanich sostuvo que la procuradora «goza de un prestigio académico e institucional» y sostuvo que para ella es «un deber y un derecho» la designación de los nuevos fiscales «para la aplicación de la competencia específica del Ministerio Público».
Tras destacar que los nuevos fiscales eran «irreprochables en sus conductas», el ministro coordinador cuestionó a algunos jueces y preguntó: «¿No será porque son los mismos ‘caranchos’ que, desde una perspectiva corporativa, se apropian de núcleos del Poder Judicial para extorsionar a los gobiernos y particulares?».
Capitanich hizo referencia a la solicitada de respaldo a Gils Carbó publicada hoy por unos 80 fiscales en algunos diarios de tirada nacional y remarcó que la procuradora «tiene una posición particular, autónoma e independiente» del Gobierno, al recordar que en su momento se opuso a la «fusión» de las empresas Multicanal y Cablevisión.
«Estas operaciones de prensa respecto al ejercicio del Ministerio Público lo que pretenden es desnudar esa trama mafiosa que grupos económicos y mediáticos concentrados pretenden ejercer en la República Argentina», denunció.
Asimismo, remarcó que Gils Carbó «fue aprobada por el Congreso con la mayoría calificada que corresponde a su cargo».
«El coraje, voluntad y civismo de Gils Carbó van a garantizar el pleno ejercicio de las atribuciones constitucionales» en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, enfatizó, tras lo cual apuntó que «no es casualidad que sufra este tipo de ataques».
En ese sentido, Capitanich remarcó que el cuestionamiento a la designación de los 16 fiscales subrogantes es «a la misma Constitución Nacional», porque, dijo, «se pretende impedir la aplicación del Código Procesal Penal».
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