(DyN) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la Inspección General de Justicia (IGJ) a satisfacer un pedido de información pública sobre la sociedad ex Ciccone Calcográfica, que supuestamente quiso comprar Amado Boudou, por lo cual el vicepresidente de la Nación terminó procesado, se informó hoy en Tribunales.
El fallo del máximo tribunal del país rechazó un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Para la Corte, al rechazar los datos solicitados de la ex Ciccone Calcográfica el Poder Ejecutivo «no se hace cargo de la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar interés o afectación directa».
Gil Lavedra había preguntado y quiere saber si la ex Ciccone estaba inscripta en la IGJ -que depende de la administración central- y tener acceso a sus estatutos, órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, y domicilios de los mismos.
Según los jueces de la Corte, en su recurso el Estado no desarrolló «argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla» tratándose de información pública.
A la vez, el máximo tribunal también falló en contra del Estado y a favor de Gil Lavedra en otro pedido de acceso a la información pública para que el Ministerio de Planificación Federal aporte datos de la licitación pública para la construcción de las represas «Presidente Néstor Kirchner» y «Gobernador Jorge Cepernic».
Los jueces de la Corte rechazaron un recurso de queja del Estado y dejaron firme el fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obliga al gobierno a revelar la información sobre el proceso de licitación en la provincia de Santa Cruz.
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