Etiqueta

Aranguren

Browsing

El gobierno nacional le hizo una oferta de US$ 27 millones a Electroingeniería, la empresa de origen cordobés, para comprarle su parte en Transener, la mayor empresa de transporte de electricidad del país.

La decisión ya se comunicó a los socios, según confiaron fuentes que participaron en la operación al diario La Nación. Electroingeniería puso a la venta hace aproximadamente dos meses y medio el 25% de Citelec, la controlante de Transener con casi un 52% de su capital social.

Una porción idéntica está en manos del Estado a través de Enarsa, que tiene otro 24% de acciones mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Pampa Energía, cuya figura más visible es Marcelo Mindlin, tiene el restante 50% de Citelec, si bien él y sus socios manejan la compañía mediante un esquema de co-control. Esa condición podría depararle un problema al Estado.

Sucede que la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que regula a las compañías que cotizan en Bolsa, como Transener, podría exigirle a Enarsa que haga una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones que flotan en la Bolsa. Eso podría obligar al Estado a hacer un desembolso mucho más cuantioso para aumentar su participación en la empresa.

Enarsa ejerció el denominado first refusal, que le permite a un socio de una compañía igualar la oferta de otro interesado en comprarla en caso de que éste aparezca. El viernes 19 de agosto Disvol Investment, controlante de la distribuidora eléctrica Edelap, había hecho una oferta de US$ 27 millones para quedarse con la parte que puso en venta Electroingeniería. La compañía pertenece al ex presidente de Edenor Alejandro Macfarlane.

El radical y ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, que preside Transener, le llevó la idea de la compra a Ernesto Sanz, que cosechó el visto bueno del presidente Mauricio Macri . El ministro de Energía, Juan José Aranguren, acompañó la iniciativa, pero pidió que se respetaran los procedimientos habituales para esta clase de operaciones.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, propuso una suba de precios del gas de hasta 237% para los usuarios residenciales y de 500% para las empresas.

Según dijo el funcionario al exponer en la audiencia pública convocada por el Enargas, tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno pretende aplicar un incremento «gradual» que actualice el sistema energético «distorsionado, desigual, injusto y arcaico», con el que supuestamente se encontró Cambiemos cuando asumió en diciembre pasado.

Aranguren aseguró que en el actual esquema detectó «superposición de subsidios, inequidades y regulaciones acumuladas durante años» y lo calificó de desigual porque «los hogares que no tienen acceso a la red de gas natural pagan cuatro veces más por el combustible alternativo», como el gas licuado de petróleo. Además, lo consideró «injusto» porque «no contiene» a los más vulnerables y, por el contrario, «subsidia proporcionalmente más a los de mayores ingresos».

Por último, lo describió como arcaico porque «genera poco incentivo al ahorro y se desentiende del impacto ambiental del mayor consumo de combustibles fósiles».

Cuadro de tarifas

El cuadro Tarifas a Partir del 1/10/2016 reveló las nuevas facturas de gas que llegarán a los usuarios y empresarios, en dos etapas. En principios los residenciales con un consumo promedio de 56 metros cúbicos mensuales pasarán a pagar una boleta promedio de $ 107, sin los impuestos.

Mientras que los que consuman 139 m3 por mes abonarán unos $ 371 y los que lleguen a 253 m3 recibirán una factura por $ 953. En la primera parte, el aumento «gradual» será de 237%, 176% y 122%, respectivamente. La segunda etapa prevé que la suba llegue a 297%, 235% y 174%.

Para las grandes y pequeñas empresas la situación es distinta, porque como recordó Aranguren, el fallo de la Corte solo se refirió al sector residencial, no al sector comercial. Sin embargo, el ministro no descartó revisar el incremento de hasta 500% ordenado y que será aplicado desde octubre siguiente.

«Las resoluciones (para industrias) están vigentes para el servicio general P y el GNC, que se utiliza en el transporte. Vamos a escuchar las exposiciones de la audiencia para evaluar cualquier tipo de modificaciones en función de mantener un sistema coherente y homogéneo de todos los consumidores de gas natural», expresó.

Los números del gráfico Tarifas a partir del 1/10/2016 también anuncian las nuevas facturas que llegarán a los sectores productivos. Los usuarios comerciales P1 y P2, de 623 m3, desembolsarán una boleta promedio de $ 488. Los P3 que consuman 22.366 m3 recibirán facturas mensuales por $ 24.579.

 

(DyN) El gobierno nacional propondrá un aumento en las facturas de gas residenciales con tope de 203% promedio para todo el país, escalonado hasta 2019 y con un tratamiento diferenciado por regiones.

Así lo adelantó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al salir de una reunión que se realizó en el Palacio de Hacienda, encabezada por los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Energía, Juan José Aranguren, donde se presentó el resultado de la primera licitación del Plan RenovAr 1.

Morales indicó que la factura promedio sería de 153 pesos, y adelantó que el Gobierno la publicaría en la página web del Ministerio de Energía.

Como paso previo a las audiencias públicas del 16 de septiembre para tratar la Revisión Integral de Tarifas del servicio de gas natural que determinó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno nacional comenzó a difundir la nueva propuesta a las empresas distribuidoras, y también a los gobernadores, según indicaron fuentes del sector y también el alto dirigente de la Unión Cívica Radical.

La propuesta inicial del Ministerio de Energía y Minería era de un aumento de la tarifa de gas del 400%, pero no advirtió que por efecto de un otoño que comenzó con temperaturas muy inferiores a la del año anterior y que se agravó desde el inicio del invierno, derivó en los hechos en facturas con incrementos de hasta 20 veces, esto es, más del 2.000%. De ahí el surgimiento de reclamos de rechazo de la medida de usuarios, asociaciones de consumidores y de las empresas, en particular de las pymes.

«Al caerse por lo menos una parte del ajuste de tarifas, el gobierno  va a tener que tomar algunas decisiones complejas, ya que se le van a plantear disyuntivas: si se cae parte del ajuste fiscal que tenía previsto por la reducción de subsidios, va a tener que optar por reducir otros gastos, por ejemplo los de obra pública como planteó el fin de semana Alfonso Prat-Gay», evaluó el economista Gastón Utrera sobre el panorama que se viene para el Gobierno nacional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Además, detalló que es muy probable que el recorte se dé en el sector de infraestructura «porque es muy difícil recortar gastos corrientes».

Sin embargo, también adelantó otra posible alternativa: «otra opción es hacer las obras públicas, desembolsar los 80 mil millones de pesos que implique volver atrás el ajuste de tarifas e incumplir el objetivo de reducción de déficit fiscal este año,  un 4,8 % del PBI, según lo planteado por el equipo de Macri».

El economista consideró que «está costando llegar a ese número» y que esta última decisión «atentaría contra el objetivo de generar confianza en el plan económico y a partir de eso atraer inversiones».

Respecto a cual de las dos opciones puede ser más viable, Utrera analizó: «el gobierno va a tener que optar por el mal menor entre estos dos temas planteados en esta disyuntiva. Es altamente probable que decidan hacer las obras  públicas que tienen previstas e incumplir el objetivo de déficit fiscal, incumpliendo también la meta de inflación».

Consecuencias de la opción por el «mal menor»
¿Qué impacto tendría en la economía que el gobierno no cumpla con el objetivo de déficit fiscal? Utrera explicó que «eso implicaría tener que financiar ese mayor déficit fiscal, claramente no va a ser con más emisión de dinero porque el gobierno sabe que ahí se está jugando la batalla contra la inflación, será con mayor colocación de deuda, lo que significa tomar mucha más deuda que la prevista inicialmente».

Asimismo, consideró que otra de las consecuencias negativas es que el INDEC ahora deberá «revisar los números hacia atrás». Utrera confirmó que si bien eso implica para el gobierno «un alivio en la inflación de este año», los aumentos de tarifas definitivos se van a trasladar para el año que viene, lo que representa un aspecto negativo considerando que «el objetivo del gobierno era acumular todos los aumentos por única vez y con impacto transitorio acumularlos en 2016… lo cual complica incluso comprometer un objetivo de inflación».

 

El diputado radical Mario Negri reconoció su inquietud por la tenencia de acciones del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, en la petrolera Shell y el conflicto de intereses que esto supondría.
«Me hace ruido», sostuvo el jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, al ser consultado sobre los $ 16 millones en acciones clase A de Royal Dutch Shell que tiene el ministro.

En su opinión, Negri admitió que «hay cuestionamientos» hacia el jefe de la cartera de Energía por la posesión de estos activos, y afirmó que Aranguren «honestamente cree que no» hay una incompatibilidad ética en el hecho de tener acciones de la misma empresa a la que debe controlar. Además, destacó que «se haya puesto a disposición de la Justicia» por la impugnación judicial que le hizo el kirchnerismo.

Sin embargo, el diputado aclaró en diálogo con Luis Novaresio, por radio La Red: «Yo se lo dije frente a él. Nosotros no somos mosqueteros que vamos a defender a quien debe defenderse solo y tiene derecho a hacerlo bien».

Según el artículo 15 de la Ley de Ética Pública, todos los funcionarios deben «abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria».

 

Si bien Juan José Aranguren se jacta de su conocimiento técnico y desdeña la política, su gestión logró que se unifiquen las críticas en contra del Gobierno. Cuando el macrismo había logrado cierto aire, a partir del Lopezgate, una mezcla de reclamos sociales, políticos y judiciales puso al ministro de Energía bajo la lupa. Su cargo, sin embargo, por ahora no corre peligro. Porque además de haber contado con aval pleno del Gobierno para subir las tarifas, desde la Casa Rosada calculan que sirve de pararrayos de los cuestionamientos a Mauricio Macri.

Aranguren se consolidó como el ministro puching-ball. Hasta Marcelo Tinelli se animó a criticarlo desde su Twitter. Casi toda la oposición reclama su renuncia, y por más de un motivo a la vez: le reprochan los tarifazos a la luz y el gas; la compra de gas a Chile por un 128% más caro que a Bolivia (desde el Ministerio de Energía explican que en realidad Bolivia no pudo venderle a la Argentina); y su decisión de retener $ 16 millones en acciones de Shell, la petrolera de la que era CEO hasta hace un año. Incluso se dieron vuelta quienes en un principio habían aceptado la corrección de los topes a las subas, informó Perfil.

A la cruzada de la oposición se le sumó el fuego amigo de los aliados radicales, en el contexto de una relación que se volvió (y volverá) más tensa, al calor de las discusiones electoralistas del año próximo. Ernesto Sanz le achacó “errores de gestión”, y Federico Storani le adjudicó la sutileza de un carnicero, a la hora de calibrar las subas.

Pese a esa avalancha de críticas, Mauricio Macri no planea inducir la renuncia de Aranguren en el corto plazo. Porque tanto el Presidente como sus ministros fueron los primeros en alentar la fuerte suba de servicios implementada por Aranguren, en contra de la política kirchnerista de subsidiar el consumo (es decir, mantener las boletas indiscriminadamente bajas). Según datos del Ministerio de Energía, los subsidios al gas y a la luz acumularon 75 mil millones de dólares, entre 2005 y 2015.

Pero además existe un argumento de inspiración pragmática (la única valiosa, cuando las papas queman) para sostenerlo en el Gobierno. “Mientras lo puteen a él y no a Mauricio, las cosas no son tan graves”, afirma un asesor presidencial que tiene oficina en la Casa Rosada.

Tras el fallo judicial que suspendió los nuevos precios de gas, el jefe de Gabinete Marcos Peña intentó transmitir calma en la reunión que tuvo con Aranguren y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El Gobierno ahora espera un fallo favorable de la Corte Suprema.

Aranguren, en tanto, sigue sosteniendo que los usuarios estaban pagando sólo el 10% del costo de la energía, y se resiste a designar a un jefe de gabinete en su ministerio que se dedique a la rosca política.

Ernesto Sanz, líder de la Unión Radical (UCR) indicó que no es adecuado que la Justicia defina sobre el aumento en las tarifas de gas y lamentó que no se haya logrado un acuerdo entre el gobierno Nacional y las provinciales.

«Creo que la Justicia siente mucha más libertad para poder actuar; las tarifas había que aumentarlas, se vivía una irrealidad en la Argentina, estábamos pagando en algunos lugares, como por ejemplo en Capital Federal, tarifas irrisorias de luz, gas y agua», sostuvo Sanz a Cadena 3.

En ese sentido, agregó: «La discusión es con qué gradualidad y en esto hay que reconocer que la gradualidad está todavía en debate y el Gobierno tomó una decisión que la Justicia en muchos lugares del país no la admitió con amparos». «La Corte de Justicia creo que en los próximos días va a establecer un paraguas definitivo, para saber cuánto hay que pagar de agua, luz y gas, en cada rincón de la Argentina», añadió.

No obstante, opinó que «no está bien» que sea la justicia quien resuelva la cuestión del aumento de tarifas. «Me hubiera gustado que hubiera habido un compromiso tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales y los municipales, pero esto no se pudo lograr y quizás allí estuvo el error», consideró.

Si bien Sanz no forma parte del Gobierno formalmente (es una de las personas más allegadas al presidente Mauricio Macri) a comienzos de esta semana, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, admitió que el Gobierno cometió un error con el tarifazo, «ya que no se armó un cuadro tarifario acorde a las necesidades de cada provincia», en un claro reproche al ministro de Energía, Juan José Aranguren, encargado de esa tarea.

 

El presidente de la Federación de Entidades del Combustible, Luis Malchiodi, dijo estar «desconcertado» frente a la suba de 10% en el precio de las naftas porque «no había motivo para este aumento» y advirtió que provocará «inflación» porque impacta «en toda la cadena de valores».
«Estamos bastante desconcertados porque entendemos que no debía haber aumentado, las razones creo que nos deben una explicación porque nadie esperaba esto, ni nosotros», expresó.
Malchiodi sostuvo que su sector «pagará las consecuencias» por el impacto que tendrá esta nueva suba en los combustibles -la cuarta en lo que va del año- ya que «la gente se restringe más en el uso» de la nafta, lo que originará caída de ventas.
Además, el dirigente advirtió en declaraciones a radio Mitre que «esto va a provocar inflación sin ninguna duda» porque «genera inconvenientes en toda la cadena de valores». Malchiodi también consideró que» hoy el usuario en la Argentina está subvencionando a las provincias petroleras y a las empresas» con este esquema de ajustes tarifarios en los precios de combustibles locales cuando el valor del barril internacional está en baja.
«En el país está fijado el precio interno en 73 dólares y el externo está la mitad. Fue hecho en un momento en que el barril en el exterior estaba 110 dolares, asi que cuando empezó a funcionar esto era a favor de la ciudadanía (pero) ahora ya quedó absolutamente desfasado, ya no cumple la función que cumplía», juzgó.
En ese marco, el dirigente enfatizó que «la regalía de las petroleras se cobran a partir de ahí, y las regalías de las provincias petroleras se cobran a partir de ahí tambien, así que está todo afectado al funcionamiento de las provincias».
«Con los países vecinos teníamos precios similares. Hoy evidentemente vamos a estar más arriba. Realmente entendíamos que no había motivo para este aumento», cuestionó.
En este contexto, reclamó que el ministro de Energía Juan José Aranguren «explique» las razones del nuevo incremento «a la ciudadanía en general». «Estamos esperando que llegue el lunes y que alguna autoridad, sobre todo el que corresponde, explique por qué», exigió.

El titular de la filial argentina de Shell, Juan José Aranguren, insinuó que el boicot que sufrió la empresa por parte del Gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, pudo haber sido una venganza porque la petrolera había decidido no vender sus activos en la Argentina, algo que evaluaba en ese momento.
Aranguren reconstruyó la historia en una extensa entrevista radial en Radio Mitre, durante el programa de Jorge Lanata, según reproduce el diario Clarín.
Aranguren recordó que en el arranque del Gobierno de Néstor Kirchner (2003) la empresa consideraba la posibilidad de vender sus activos y abandonar la región. «Yo tenía responsabilidad sobre los negocios en 35 países de la región, ahora solo en 2» señaló Aranguren. «Evaluamos qué era lo más conveniente, y finalmente decidimos seguir en la Argentina.»
En el diálogo radial, Aranguren especuló que, en aquellos años, el gobierno de Kirchner «pensó en la posibilidad de comprar la compañía». Recordó que en noviembre de 2004 se creó la empresa Enarsa y, dijo, «tal vez Kirchner vio que era una posibilidad de comprar Shell con la ayuda de la petrolera venezolana PDVSA».
El empresario, que estará al frente de Shell hasta el 30 de junio próximo, recordó que por aquellos años Venezuela, por decisión del ex presidente Hugo Chávez, se había transformado en un importante auxilio financiero para la Argentina.
En ese escenario, Aranguren deslizó que, tal vez, el Gobierno le pasó información reservada sobre Shell a Chávez.
Su versión sobre este punto: «En enero de 2005 Chávez vino a inaugurar una estación de servicio de PDVSA, frente a la sede de la ESMA, y en el medio del acto el mandatario venezolano deslizó que ‘una empresa gringa podía pasar a capitales nacionales. Dicen que vale 1.000 millones de dólares pero para mí no vale más de 200 millones de dólares».Aranguren dijo que esa información sobre la valuación solo pudo obtenerla Chávez del gobierno Argentino, porque PDVSA no estaba negociando formalmente con Shell.
Por esos días Shell ya había tomado la decisión de no vender, pero un mes después, Kirchner lanzó el boicot contra Shell cuando la petrolera decidió aumentar un 2,5% sus precios. A juicio de Aranguren, el boicot fue una venganza de Kirchner ante la imposibilidad de comprar Shell.
Aranguren recordó que luego de este episodio, volvió a ser contactado por altos ejecutivos de Enarsa, que acercó una oferta de canje de acciones, que desde luego no prosperó.

El presidente de la petrolera Shell en Argentina, Juan José Aranguren, afirmó que «el nivel de recursos que demanda la importación de gas está afectando a las reservas del Banco Central, al punto en que es causante del cepo (al dólar) que hoy tenemos».
El directivo agregó que «el principal obstáculo para el crecimiento (económico) del país es su estrecha dependencia de la importación de energía» y afirmó que «hay que transformar los recursos hidrocarburíferos que el país tiene en reservas, lo cual demanda capitales que hoy están disponibles en el mundo».
Durante una disertación que formuló en un seminario organizado por el denominado Grupo de ex Secretarios de Energía, Aranguren consideró que «en octubre próximo (por las elecciones presidenciales) tenemos la oportunidad para modificar lo acontecido en los últimos años en materia energética y producir lo suficiente para dejar de importar».
Al respecto, definió que a su criterio la futura política energética debería basarse en «tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario» en procura de «la seguridad energética (energía disponible) considerando su producción y su impacto en el ambiente habida cuenta del cambio climático».