(Télam) – La Cámara Federal de Casación ordenó traducir al castellano el texto del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA redactado en inglés, como última medida previa a resolver si lo declara o no constitucional.
Los camaristas Ana Maria Figueroa y Luis Cabral dispusieron que una traductora oficial redacte en castellano la versión en inglés del Memorándum para corroborar que su contenido sea idéntico a la versión en español redactada al momento de la firma.
El Memorándum fue redactado en inglés, español y farsí, pero se dejó constancia que ante cualquier controversia el texto valedero para zanjarla es el que está en inglés.
La medida tuvo la disidencia del camarista Juan Carlos Gemignani, quien pretendía poner fecha para leer un veredicto tras recibir los documentos del Gobierno.
La traductora será notificada y tendrá cinco días para traducir nueve artículos del Memorándum.
El fallo de la cámara sexta de apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, sancionó a la empresa «por haber exhibido a lo largo de las actuaciones extrajudiciales y judiciales sustanciadas un notable desinterés por los derechos del consumidor, falta de colaboración para la solución de la controversia e insistencia en un cobro injustificado, entre otras conductas», según información oficial del Poder Judicial.
Por resolución de la Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, la compañía AMX Argentina deberá indemnizar al cliente por conceptos de cobro de números gratuitos, y por la imposición de un cargo por gestión de cobranza sobre el que el damnificado no había sido debidamente informado.
El tribunal hizo lugar al recurso de apelación planteado por el consumidor contra la sentencia del Juzgado de 38ª Nominación del fuero que, al acoger parcialmente a la demanda, había rechazado el reintegro de lo abonado en concepto de cargo por gestión de cobranza, así como el pedido de daños punitivos.
No obstante, sobre esto último, la Cámara constató que concurrían los factores objetivo y subjetivo necesarios para aplicar la figura prevista por el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).
En su voto, el vocal Alberto Zarza esgrimió que en la causa estaba acreditado el «total desinterés de la empresa frente a los reclamos» y la «falta de intención de solucionarlos», lo que «evidencia el desinterés por el derecho que le asiste al consumidor, que no se condice con el trato digno previsto por el art. 8º de la LDC», según informa diariouno.
«Lo expuesto evidencia un accionar reprochable, por parte de la demandada, pues denota la falta de colaboración a los fines de procurar la rápida solución del conflicto, sumado a la ausencia de información que la demandada debió brindar al demandante (por la imposición de un cargo por gestión de cobranza), de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 4 y 25 de la Ley de Defensa del Consumidor», remarcó.
El camarista recalcó que la figura de los daños punitivos «no sólo cumple una función sancionatoria y reparadora» de «una negligencia grosera, temeraria o de una una conducta cercana a la malicia», sino también desempeña un papel «preventivo».
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que el Estado Nacional presente en los próximos cinco días toda la información documentada previa y posterior al memorándum firmado con Irán por la causa AMIA.
Así se resolvió al término de una extensa audiencia de la Sala II del tribunal en donde el fiscal Raúl Pleé y la querella de la DAIA -a cargo del abogado Miguel Bronfman- exigieron que se mantenga la declaración de inconstitucionalidad de ese pacto.
«Sin entrar a analizar qué hubo detrás de este pacto, decimos que el Memorándum no solo es inconstitucional sino que además es absolutamente impracticable», dijo Bronfman.
Del otro lado, el Estado Nacional pidió que se anule el fallo dque declaró esa inconstitucionalidad.
Al presentar su informe oral ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) los abogados Horacio Diez, Subprocurador del Tesoro de la Nación, y Luciano Hazán, del Ministerio de Justicia, consideraron que, con el dictado de la resolución recurrida “se quebrantaron normas del proceso”.
Diez recordó al tribunal presidido por Juan Gemignani e integrado por Ana Figueroa y Luis Cabral, que el Memorándum “no se encuentra en vigor” porque ello hubiera ocurrido luego que fuera aprobado por ambos estados.
El letrado sostuvo que, en la cuestión sobre la validez del Memorándum de Entendimiento, la justicia no debería haber intervenido, porque se trata de un “caso no judiciable”.
El abogado pidió “respetar las esferas funcionales del Poder Ejecutivo” ya que casos como el del Memorándum “son asuntos más de índole política que legal».
Diez y Hazán dijeron que si el Poder Judicial interviene en este tipo de casos “se coloca por encima de otros poderes del Estado”.
Los letrados representantes del Estado coincidieron, también, en que el Memorándum de Entendimiento fue concebido como una “herramienta” para avanzar en la causa por el atentado contra la mutual judicial.
Agregaron que los informes que presentaría la “Comisión de la Verdad”, cuya creación preveía el Memorándum, “no eran vinculantes” para los jueces y fiscales de la pesquisa por el ataque a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, con 85 muertos, centenares de heridos y multimillonarios daños materiales.
“La búsqueda de la justicia no es una alternativa, sino un deber”, remató Hazán, durante una década abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, antes de responder preguntas del tribunal.
(Télam) – El candidato del Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia, Roberto Carles, consideró que los jueces «como cualquier ciudadano», deben pagar el impuesto a las Ganancias ya que se trata de «una acordada de 1996» y porque, de lo contrario, «sería lo mismo que admitir que no paguen la luz, el agua o el gas».
Ante la comisión de Acuerdos del Senado, donde responde preguntas para defender su postulación, el abogado explicó que «es necesario diferenciar la situación de los jueces y funcionarios respecto de los empleados del poder judicial. Esta acordada ya tiene 19 años, y lo que deberían haber pagado hoy forma parte de su salario» por lo que «obligarlos a pagar de un día para el otro sera injusto» así que «por lo menos para los empleados debería verse con los sindicatos el mecanismo para el pago».
Carlés advirtió además que hay quienes buscan «construir» sobre él «la imagen de un candidato adicto o sumiso al poder del gobierno saliente» y aseguró su «independencia» respecto de cualquier poder político.
Carlés aseguró ante los senadores de la comisión de Acuerdos del Senado, que «en los dos meses que han transcurrido desde la postulación no se ha hecho público en ningún medio todas las críticas a funcionarios del gobierno nacional que hice, y que no han sido pocas».
(DyN) – El ex director general de Operaciones de la ex SIDE Antonio «Jaime» Stiuso y otros ex espías fueron imputados hoy y comenzarán a ser investigados por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos.
El fiscal federal Ramiro González requirió hoy abrir una causa contra unas 50 personas y 85 empresas, muchas de ellas en el extranjero, que fueron denunciadas por la ONG La Alameda, y le solicitó al juez Sebastián Casanello una treintena de medidas de prueba para iniciar la investigación, informaron a DyN fuentes judiciales.
Junto con Stiuso serán investigados los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, además de empresarios presuntamente vinculados a ellos y Carlos Molinari, procesado por lavado de dinero en la causa en la que se investiga a Lázaro Báez.
Además, serán investigadas 85 empresas que La Alameda, a través de su titular y legislador porteño, Gustavo Vera, denunció como un entramado que lavó dinero de la agencia de espionaje.
La novel Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Oscar Parrilli, le informó a la Justicia que las empresas denunciadas no fueron creadas por el organismo como pantalla para hacer tareas de inteligencia.
Una de las empresas denunciadas es «American Tape SRL», creada en 1995 para y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audio y video, y que según La Alameda fue utilizada para lavar dinero.
Parrilli también desclasificó los legajos de Stiuso y del resto de los ex espías denunciados y los envió a tribunales.
«Tenemos la sospecha que esto no es solo lavado de dinero de fondos reservados, sino que hay vinculación con el narcotráfico de parte de los agentes de inteligencia», le había dicho Vera a esta agencia la semana pasada después de la decisión de Parrilli.
Los voceros señalaron que el fiscal González entendió que ante las denuncias se estaba frente a un «complejo entramado» financiero que requería ser investigado y así dispuso que se abra una causa.
Para comenzar le pidió al juez Casanello unas 30 medidas de prueba, entre ellas informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia (IGJ).
La fiscal Viviana Fein protagonizó un verdadero papelón al primero afirmar que no existe el «punto 12» de la presentación de la querella, en el cual se consigna que Alberto Nisman habría sido fusilado estando de rodillas, para después admitir que el mismo sí forma parte del documento, luego de que la ex esposa del fiscal fallecido, Sandra Arroyo Salgado, la criticara y le pidiera «que no le mienta más a la gente».
El contrapunto comenzó bien temprano cuando Fein negó que exista un punto en la pericia de parte de la querella sobre la mecánica de la muerte de Alberto Nisman, que no fue difundida públicamente en su momento, y aseveró que «de cómo lo mataron no hay nada».
«Yo no tengo ningún punto 12. No sé a qué se refieren con el punto 12», respondió consultada al respecto por radio Vorterix Fein y añadió: «De mecánica no se está hablando, de cómo lo mataron no hay nada, y del contenido (de la presentación de parte) yo no puedo hablar».
Acto seguido, la jueza Arroyo Salgado salió a refutar con dureza los dichos de Fein. «Me veo en la obligación de aclarar esto porque se está faltando a la verdad. No quiero polemizar con la señora fiscal, pero quiero aclarar para que no se le mienta más a la gente», señaló.
En declaraciones a radio Vorterix, la magistrada aseguró que el famoso «punto 12» «está en el informe que se presentó en el expediente, que habla de la mecánica de acuerdo a la evidencia física encontrada en el lugar del hecho y en el cuerpo de Nisman».
La ex esposa del fallecido fiscal sostuvo que tiene el sello de ingreso en la fiscalía del informe realizado por sus peritos, y explicó que el punto 12 «remite a la página 30 del informe, que tiene 93 carillas, y esa la conclusión 12 tiene 8 renglones».
«(El punto 12) habla de la mecánica de acuerdo a la evidencia física encontrada en el lugar del hecho y en el cuerpo de Nisman. Ese punto 12 de la conclusión no se dio a conocer a la prensa para no malograr el avance de la investigación y medidas de prueba», agregó.
Así fue que, finalmente, Fein admitió que que existe el «punto 12» en el informe que presentó la querella y explicó que más temprano lo había negado porque la ex mujer del fallecido había pedido «confidencialidad».
«Me preguntaron si el punto 12 existe y dije no. Aclaro: hay 13 puntos en el informe pero, como dejó puntos suspensivos (en el informe a la prensa) y no explicó la parte querellante en su exposición… Porque ella misma (por Arroyo Salgado) pidió expresamente en la fiscalía la confidencialidad de este informe, la no exposición a los medios de este informe y del contenido del informe, yo digo no existe», manifestó Fein.
En diálogo con radio La Red, completó: «No descalifico que no haya 13 puntos. Ella presentó (el informe) con puntos suspensivos, y era prolijo y prudente de mi parte no manifestar la existencia de este punto hasta darlo a conocer».
(DyN) – La Cámara Federal rechazó un “recurso de Casación” del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y de otros funcionarios de esa área para evitar el juicio oral y público por presunto “abuso de autoridad” contra una consultora por la difusión de un índice de inflación.
La Sala Segunda del tribunal, con las firmas de los jueces Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun, desestimó por “improcedente” un recurso presentado por el abogado Alejandro Rúa, defensor de Moreno y también de sus colaboradores Fernando Carro, director de Comercio Interior, y Adalberto Rotella, director de Lealtad Comercial.
“No se ha impugnado una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a tal por sus efectos, pues ni la denegatoria de un recurso de queja ni la consecuencia de seguir sometido a proceso criminal satisfacen ese requisito”, dijeron los camaristas, según un fallo al que tuvo acceso DyN.
El rechazo al recurso de Casación despeja el camino para que, tal como lo ordenara la propia Cámara a fines del año pasado, la jueza del caso, María Servini de Cubría, acelere los tiempos hacia el juicio oral y público.
Moreno fue procesado por resoluciones sancionatorias contra consultoras privadas que adoptó en 2011, concretamente multas de 500 mil pesos contra las consultoras que elaboraban un índice de precios al consumidor diferente del oficial que emite el Indec.
Las sanciones fueron dejadas sin efecto por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, pero el ex viceministro de Economía durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, el economista Jorge Todesca, querelló penalmente a los funcionarios.
El fallo de la Cámara Federal pone a Moreno, Rotella y Carro a un paso del juicio oral y público, en el que podrían ser condenados a penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
(DyN) – El director de Aerolíneas Argentinas y precandidato a jefe de Gobierno de la CABA por el Frente para la Victoria, Mariano Recalde sufrió un traspié judicial al revocar la Cámara Federal el archivo de una causa penal en la que se denunciaban supuestas irregularidades en el envío a Brasil de un avión Airbus A 340-300 para su mantenimiento.
Fuentes judiciales informaron que la Sala Dos de la Cámara Federal porteña echó para atrás por «prematura» una resolución del juez federal Julián Ercolini quien, en primera instancia, había archivado la causa y le ordenó que avance con la investigación.
Para los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun se debe investigar por qué Aerolíneas contrató a la empresa brasilera TAPME para reparar aviones, si era capaz de concretar esos trabajos y tenía certificación de la Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina.
La denuncia original fue radicada en febrero de 2010 por el abogado porteño Ricardo Monner Sans, quien pidió las declaraciones de Recalde y otros 21 funcionarios de la empresa, sobre la base de una documentación que le suministró el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial y dirigente sindical, Ricardo Cirielli.
Los responsables de Aerolíneas fueron denunciados por el supuesto delito de «defraudación a la administración pública» por el envío del avión matrícula LV-BIT a Brasil para realizar tareas de mantenimiento que, presuntamente, podrían haberse practicado en la Argentina y a menor costo.
La causa quedó radicada con el número 1301/10 e intervino el fiscal Guillermo Marijuan.
Según declaró Cirielli, «la línea aérea de bandera se hallaba en perfectas condiciones de llevar a cabo» los trabajos finalmente realizados en el exterior.
Cuando se radicó la denuncia, Recalde advirtió que no tenía «ningún fundamento ya que, previo al envío de la aeronave al taller TAPME, se realizó un concurso de precios acorde a los reglamentos internos de la empresa y se solicitó que presenten ofertas a nueve talleres externos, siendo la oferta más económica la presentada por el taller citado».
Explicó entonces que «el envío a un taller externo obedeció a la imposibilidad de utilizar los talleres propios, ya que los mismos estaban siendo utilizados en su totalidad y, como es práctica habitual, al no tener disponibilidad en nuestros talleres se envían a reparar al exterior».
La nómina de denunciados incluyó a 20 directivos y funcionarios de Aerolíneas Argentinas de dependencias técnicas y de mantenimiento y al actual ministro de Economía, por entonces gerente del Área Económica Financiera, Axel Kicillof.
(DyN) – La ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray quedó bajo prisión domiciliaria para cumplir una condena a cuatro años de cárcel por una sentencia de 2013 a raíz de la contratación de pasantes para la Secretaría de Medio Ambiente.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal número seis, que hizo lugar al pedido de la defensa oficial de la ex funcionaria para cumplir la condena en su domicilio, debido a que es mayor de 70 años.
María Julia Alsogaray cumplirá su condena en un departamento de la calle Junín al 1.400, de esta Capital, bajo el cuidado de tres familiares.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró hoy que «no hubo respuesta» del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a la mandataria Cristina Fernández durante el discurso de apertura del año judicial, y destacó que el máximo tribunal «le habla a los otros poderes con sentencias, no con una expresión del Presidente».
Además, negó que los jueces sufran «presiones» por parte del Poder Ejecutivo, y recordó las «medidas cautelares insensatas» que «perjudicaron políticas claras» del Gobierno.
«La Corte, como tribunal de última instancia, le habla a los otros poderes a través de sus sentencias, no habla con una expresión del Presidente de la Corte en la apertura del año electoral. Queda en claro que ayer le hablaba al auditorio, y el auditorio eran jueces y camaristas. No tiene nada que ver el Poder Ejecutivo», señaló el funcionario.
En su habitual contacto con la prensa antes de ingresar a la Casa de Gobierno, Fernández afirmó además que, según su visión, «no hubo respuesta» de Lorenzetti a la Presidenta, y reiteró que la causa por el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en 1992, «no está cerrada».
«No entiendo que haya sido una respuesta a la Presidenta. Sí me parece que (Lorenzetti) estuvo mal asesorado», señaló, y reiteró que la causa «no tiene sentencia, sigue vigente, hay que seguir investigándola, y esto es por la sentencia de la Corte del 13 de diciembre de 2006».
En ese marco, el jefe de Gabinete sostuvo que «en ningún momento la Presidenta dijo una cosa fuera de lugar» cuando en su discurso ante la Asamblea Legislativa cuestionó la falta de avances en la investigación por la explosión en la sede diplomática del país asiático en Buenos Aires, y afirmó que Israel también reclamó que se determine los responsables.
Ayer, durante su discurso, Lorenzetti dijo que ya existe una sentencia de la Corte de 1999 sobre el atentado a la Embajada «que no puede ser modificada», y también pidió a los jueces «no ceder a las presiones».
Sobre ese punto, Fernández negó que existan presiones desde el Poder Ejecutivo, y puso énfasis en que muchos magistrados «han llenado de medidas cautelares insensatas» contra políticas del Gobierno.
«¿Cuándo han actuado con presión? ¿Cuándo un juez no ha sacado la sentencia que se le ocurrió aún cuando nos han llenado de medidas cautelares insensatas que perjudicaron políticas claras definidas por el Poder Ejecutivo y sancionadas por el Poder Legislativo? Recibirán presión en todo caso cuando van a la estación de servicio con el auto», aseveró.
Además, sobre la falta de designación de magistrados resaltada ayer por el titular de la Corte, Fernández afirmó que «ningún Gobierno ha designado tantos jueces como lo ha hecho este», aunque aclaró que «si faltan habrá que seguir trabajando sobre eso».
Por último, el ministro coordinador afirmó que el Ejecutivo «habla con el Poder Judicial, con su Presidente específicamente, las veces que es necesario», y dijo que él personalmente se ha reunido «muchas veces» con Lorenzetti.