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Parece irrisorio pero es verdad. El Parma fue adquirido por un grupo inversor por apenas un euro, aunque la “trampa” aparece enseguida: una deuda de 201 millones de euros. Así, Giampietro Manenti y otros empresarios compraron al club italiano que marcha último en la Serie A y acarrea una grave crisis institucional, según informa marketingregistrado.
«Vamos a intentar llegar. Somos un gran equipo de profesionales que van a trabajar por una sociedad que está en estado grave, pero estamos aquí para encabezar un proyecto largo, de cinco o 10 años. El Parma todavía tiene un gran encanto y mucho potencial» dijo Manenti.
El nuevo consorcio tiene una carrera contrarreloj. Antes de que termine febrero deben abonar 15 millones de euros correspondientes a sueldos y otros impuestos con el personal del club. Luego, sí deben afrontar la mayor parte de la deuda.

Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, estuvo en Córdoba y habló de todo. En diálogo con el sitio especializado Cars Drive, el ejecutivo aseguró: “Tengo una expectativa muy fuerte de que antes de que termine el año la base de aplicación de los impuestos internos se corrija”, señaló.
Inesperadamente, ayer estuvo en Córdoba el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero. Fue en el marco de una jornada de agasajo a los clientes de Axion Energy, la compañía petrolera que ahora controla Esso y que con su producto Mobil1 auspicia al Toyota Team Argentina en el Super TC 2000.
La invitación era para dar un par de vueltas al autódromo Cabalén de Alta Gracia como acompañantes nada menos que de Matias Rossi y Esteban Gerrieri, dos de los pilotos del TTA, experiencia que la contaremos en otra nota. La sorpresa fue que el máximo responsable de Toyota en el país fuera de la partida y se sumara como copiloto a una de las vueltas rápidas.
Aprovechando la presencia de Herrero en Córdoba y su excelente disposición, pudimos hacer una nota en video que reproducimos más abajo. Algunas de las frases que dejó fueron éstas:
“No veo ningún tipo de crisis en Argentina. Quizás pueda ser un año de transición pero el potencial del país para mí está intacto”.
“Toyota Argentina va a cerrar el año con un récord de producción, récord de exportaciones y récord de ventas en un mercado que se mostró difícil”.
“Nuestro gran secreto es que nosotros hicimos de Argentina una base de exportación para toda Latinoamércia y de esa manera pudimos tener una balanza positiva y compensar con exportaciones los vehículos que íbamos a importar este año”.
“No hay falta de stock en el Etios por limitaciones a las importaciones. Tenemos las unidades que importamos en base a la producción que calculamos a principios de año, pero a veces no damos abasto en lo lo que producimos. Nuestro problema es más una falta de capacidad de producción que un problema de restricción a la venta”.
“Tengo una expectativa muy fuerte de que antes de que termine el año la base de aplicación de los impuestos internos se corrija y que queden fuera del impuesto los autos del segmento medio, no sólo por nuestro Corolla, que viene de Brasil, sino por los que se producen en Argentina”.
“El mundo tiene en promedio 18 autos cada 100 habitantes, Latinoamérica tiene 16 cada 100 cuando Estados Unidos tiene 78 cada 100. El potencial que tiene Latinoamérica no lo tiene nadie”.
Entrevista completa del periodista Mauro Osorio para Cars Drive:

 
 
 

El presidente de Matricería Austral, Héctor Ferreyra, publicó en Internet una carta abierta destinada a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a quien le solicita su intervención “para evitar la pérdida de los puestos de trabajo” de las 250 familias que aún dependen de esta compañía emblema de la industria metalmecánica cordobesa.
El contenido de la epístola es duro, no porque incluya críticas a la gestión nacional, sino más bien porque relata con crudeza la crítica situación que atraviesa la Matricería, al punto de que Ferreyra subraya que “nos encontramos en un callejón sin salida que nos llevará irremediablemente a la quiebra y el consiguiente desguace de una industria, que como dijimos, es estratégica”.
Entre otras cosas, el titular de Matricería describe que “se encuentra en Concurso de Acreedores, con solo el 15% de los 250 empleados que aún quedan en actividad, reducida a ser un taller de mantenimiento, con las cuentas corrientes bloqueadas por embargo de AFIP y a punto de ser rematada una de sus naves de producción por el Banco BICE”.
En ese marco, Ferreyra advierte además que está en serio riesgo toda la industria autopartistas del país debido a la decisión de las terminales de importar partes de lugares más económicos, como los países asiáticos.
“Lamentablemente, estamos ante una bisagra en la cual las terminales automotrices plantean bajar los costos para justificar la producción de sus modelos. Por ese motivo nos vemos obligados como país a importar la mayor parte de las matrices de estampado y los moldes para ser competitivos, aun a costa de perder para siempre una actividad productiva que lleva más de 60 años en el país (nació con Nuestra Empresa cuando se instaló la fábrica Industrias Kaiser Argentina) y que forma parte de los primeros eslabones de la cadena de valor de esa industria”, sostiene Ferreyra.
El documento también incluye críticas, aunque no fuertes y sin mencionarlo, al principal accionista de la sociedad, Norberto Taranto. “Durante los últimos cinco años nuestra empresa ha vivido un proceso de constante deterioro, pasando de un accionista que decidió escapar de la actividad a otro accionista que a pesar de aportar fondos desconocía la actividad y complicó la gestión y las relaciones con los clientes. Pero el principal motivo de la situación actual de la empresa es la imposibilidad de llegar a los valores que a las terminales automotrices les conviene pagar en una economía globalizada”, relata el presidente de Matricería Austral.
Ferreyra también destaca las gestiones realizadas por la ministra de Industria, Débora Giorgi, y por el propio SMATA para intentar paliar esta crítica coyuntura, pero que no alcanzaron.
“Por todo esto, Sra. Presidente, le solicito muy cordialmente su intervención para evitar la pérdida de los puestos de trabajo de estas familias”, finaliza la carta.

(DyN) – El ex ministro de Economía Domingo Cavallo fue absuelto en el juicio que realizó el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) por el llamado “megacanje” de la deuda pública en 2001, durante el gobierno de la Alianza, meses antes del corralito bancario y la declaración de default.
Los jueces Néstor Costabel, Patricia Mallo y Enrique Pose consideraron que durante el proceso oral y público de tres meses la Fiscalía “no ha logrado probar” los cargos contra el ex titular del Palacio de Hacienda y decidieron absolverlo sin costas.
Para el próximo martes 14 el tribunal citó a las partes a la lectura de los fundamentos del fallo.
La fiscal del juicio, Fabiana León, había pedido que el ex ministro fuese condenado a tres años de prisión por el supuesto delito de «negociaciones incompatibles con la función pública», al entender que habría favorecido a un grupo de siete bancos al elegirlos para que actuaron de intermediarios en el “megacanje”.
En sus últimas palabras antes del veredicto, Cavallo acusó a la presidenta Cristina Fernández de hacerlo “responsable de la nueva crisis que ya ha comenzado a perfilarse”, con sus menciones al “megacanje» y vaticinó que aquella “en materia de costos sociales promete ser tan grave” como la del 2001.
También recordó, en el escrito que entregó al TOF4, que en aquellos años en que estaba al frente del Palacio de Hacienda conoció “muy bien” a la mandataria y a su fallecido esposo y antecesor en la Presidencia Néstor Kirchner, quienes, dijo, “apoyaron todas las medidas» que implementó como ministro de Economía de la Nación.
Cavallo se refirió a la cadena nacional de la Presidenta en que habló de “la relación de causalidad entre el ‘megacanje’ del 2001 y el default del 2002” y consideró que “estos errores de interpretación de la Presidenta no pueden ser elección propia“ sino de “quienes han inducido a nuestra Presidenta esa interpretación”.
En cuanto al proceso de «megacanje», negó que haya favorecido a un grupo de bancos: “Conseguimos el grupo de siete bancos de primer nivel con los que pudimos llevar adelante la operación con éxito y pagando las comisiones habituales para este tipo de servicio, incluso menores a las habituales», sostuvo y agregó que mediante el proceso de reemplazo de bonos «el Estado redujo la deuda en 9 millones de dólares, una cifra pequeña pero reducción al fin».
“Argumentar que yo perseguí un interés espurio es tergiversar los hechos», aseguró Cavallo ante el tribunal, y se quejó de que “nos sacaron del gobierno justo cuando estábamos por completar la reestructuración de la deuda. La dirigencia política que quería hacer caer a (Fernando) De la rúa no nos dio tiempo».
«El más terrible de los default fue robarle los depósitos a la gente», sostuvo el ministro del ‘corralito’ bancario sin referirse con ese nombre al asunto y se victimizó al sostener que “fui el chivo expiatorio, tenía que ser el responsable de la terrible crisis que sufrió el país».
Este juicio empezó el 16 de junio con Cavallo en el banquillo de los acusados para establecer si se cometieron delitos en la elección del consorcio de bancos que participó de la operación y que encabezó Credit Suisse First Boston, a cargo de Mulford.
Las otras entidades eran el Galicia, Santander, Francés, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney. Sin embargo, nadie se constituyó como querellante.
Cavallo fue el único ex funcionario importante del Gobierno de la Alianza que llega a juicio por el «megacanje» ya que la Cámara Federal sobreseyó por prescripción a los otros nueve procesados, encabezados por el ex secretario del Tesoro de los EEUU y banquero del Credit Suisse, David Mulford.
La lista de beneficiados también la conforman el actual diputado nacional del PRO Federico Sturzenegger, el ex asesor del Ministerio de Economía Horacio Liendo, el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich y el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen, entre otros.
El gobierno de la Alianza, encabezado por el presidente Fernando De la Rúa, hizo en 2001 un «megacanje» de títulos públicos de deuda por 50 mil millones de dólares que buscó postergar vencimientos de deudas en el contexto de la crisis económica que vivía el país.
El banquero estadounidense fue citado a indagatoria en marzo de 2002 y nuevamente llamado en 2006, hace ocho años, pero nunca se presentó en los tribunales para plantear su descargo e incluso llegó a figurar como prófugo y con pedido de captura.
Actualmente, su caso está a revisión en la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación.

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) en conjunto con la recientemente formada CADECOM (Cámara de Concesionarios de Motos), comenzaron a trabajar soluciones viables y certeras que posibilitarán remontar la caída abrupta de las ventas detectadas en el Sector desde principio de año.
Ambas cámaras abrieron canales de diálogo y de trabajo que contribuirán a superar la crisis por la que están atravesando tanto sus asociados y redes de concesionarios como proveedores de partes y piezas nacionales y talleres autorizados. El objetivo es mejorar la cadena de valor así como analizar mecanismos o herramientas financieras que estimulen la reactivación.
“La unión que ponemos en marcha en estos momentos de crisis será un antecedente importante para el que el trabajo profesional y en equipo permita apuntalar el sector y podamos tener mejores ventas el próximo año”, enfatizó Lino Stefanuto, presidente de CAFAM.
Por otra parte, con el objeto de dar una solución a la problemática, recientemente se ha conformado dentro de la Cámara una comisión interna que se encargará de elaborar los materiales necesarios para aportar a los organismos competentes, información real y certera del impacto negativo que causa el impuesto en las motos.
“La caída en las ventas responde a una conjunción de causas, pero la eliminación del impuesto interno en los motovehículos posibilitará continuar con el avance y el desarrollo de los planes de industrialización que hoy están en stand by”, agregó Stefanuto.
Las empresas que integran CAFAM son: Honda Motor de Argentina S.A.. Yamaha Motor Argentina S.A., Beta Motor de Argentina S.A.. La Emilia S.A. – Motomel. Corven Motors Argentina S.A., Zanella Hnos. y Cía., Juki SACIFIA, Mar Maquinarias S.A. – Suzuki, Emprendimiento Industrial Mediterráneo S.A. – Keller, Ghiggeri Motos SRL, Conosur S.A.- Maverick Motorcycles, FAMSA – Jawa, OKINOI, Importadora Mediterránea S.A. – Kymco, Appia Motor Argentina S.A., Gilera Motors Argentina S.A., PAGODA S.A. – Guerrero, Dragón S.A.- Brava, AKAN S.A – Tibo,  Automotores Cerro S.A. – CERRO y Grupo SIMPA – Marwen S.A. y Jorge Alvarez.

«Algunos quieren instalar la idea de que estamos plagados de despidos, pero hay menos que en 2012 y 2013», aseguró el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien luego criticó que «hay un clima donde quieren apostar a la profecía autocumplida de la crisis social», según consignó la agencia Télam.
En este marco, destacó la ampliación y el fortalecimiento de programas de empleo anunciados la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvo que «para este proyecto político el trabajo está en la centralidad», vital para «la sustentabilidad» del modelo.
«El nivel de crecimiento no tiene el mismo ritmo que en otros momentos; eso indica que puede haber un problema con el empleo”, admitió, para luego defenderse diciendo que “nosotros, preventivamente, vamos a estar siempre adelante de la posibilidad de que se afecte el nivel de empleo”.
De hecho, Tomada puso el acento en la puesta en marcha de «un programa más actualizado, extendido y eficiente para llegar a las empresas que, por alguna situación, quieren o necesiten hacer despidos, con un subsidio de 2 mil pesos que va directamente al trabajador, sin ninguna intermediación».
Tomada mencionó las modificaciones incorporadas en los planes Progresar, Repro y Proempleo, como así también la sanción de la ley contra el trabajo no registrado que, «además de los controles y la fiscalización, contempla una reducción de carga (patronal) para las microempresas».

La Asociación Argentina de Motovehículos (Mottos) declaró el “estado de emergencia del sector” a raíz de la fuerte caída de las ventas ocurrida durante el primer bimestre, que derivará en pedidos de procedimientos preventivos de crisis y hasta posibles despidos de personal.
Así lo afirmó el presidente de Mottos, Diego Dinitz, que habló con Punto a Punto Radio horas antes de la conferencia de prensa convocada por la entidad en Buenos Aires para hablar sobre las problemáticas que afectan al sector.
– La proyección de cara al 2014 se muestra con luces de alerta…
– Tan alerta es que el jueves 27 en una asamblea ordinaria de la asociación decretamos el estado de emergencia del sector. Estamos sufriendo por demás una serie de factores, como los aumentos que fueron, yo diría, hasta exóticos. Las terminales tienen derecho a actualizar sus costos, pero lo que nosotros planteamos es que se debería haber hecho con algún tipo de escala y no de un día para otro, sin acuerdo ni consenso con toda la cadena.
– ¿También impacta fuerte el aumento de los impuestos, no?
– Es el segundo factor importante. Ese impuesto no es un error, es un horror, porque no solamente afectó a motos de alta gama que es un porcentaje muy digno en el mercado, sino que deprimió las expectativas de todo el sector y al final el primer perjudicado es el asalariado. No tiene lógica realmente, no encontramos justificativo de ningún tipo porque uno será la necesidad de mayor recaudación pero con esta medida han provocado mucha menos recaudación de la que tenian.
– ¿Se lo manifestaron a Afip?
– Ni la Afip ni el jefe de Gabinete nos han recibido, sí la ministra Débora Giorgi. Estamos sorprendidos, la devaluación de enero nos mató el tema créditos, las tasas de interés se fueron a las nubes y el 60% de las motos que se venden es a crédito. La verdad es que hoy el crédito personal estamos en unas tasas de usura hasta del más del 100% del interés anual, es una locura. Esto produjo una baja entre un año y el otro del 35%, y los patentamientos de 77.000 bajaron a 32.000 en febrero, una caída del 70 %. Recorran la ciudad de Córdoba, pregúntenle a los concesionarios y realmente están en un grave problema, porque antes teníamos muy baja rentabilidad pero se compensaba con mayor venta. Hoy tenemos 50 ó 60% menos de venta pero con la más baja rentabilidad también, con lo cual los concesionarios van a estar obligados a redimensionar su estructura y empezamos con un problema serio para todos.
– ¿Hay posibilidad de despidos?
– A nadie le agrada reducir, a nadie le agrada despedir personas pero la verdad es que los concesionarios tienen que defender su patrimonio, por eso declaramos el estado de emergencia y vamos a ir al ministerio de trabajo a pedir procedimiento de crisis porque realmente el sector así no puede funcionar ni 60 días más, estamos en estado de emergencia.
-¿Cual es la salida más rápida?
– Nosotros en el día presentamos una nota a la ministra Débora Giorgi pidiendo una reunión urgente de toda la cadena de valor, motopartistas, terminales, concesionarios, bancos, compañía de seguros y demás y empezar a estructurar algún tipo de red. Incluso pedimos la presencia del sindicato (Smata) para que entre todos veamos cómo salimos de esta historia porque realmente si cada uno sigue en su tesitura de sálvese quien pueda creo que nos hundimos todos.

El titular de la Cámara de Fabricantes de Pastas Alimenticias y Afines de Córdoba, Aldo Ferreyra, calificó de “crítica” la situación que viven las industrias del sector, al punto de que advirtió de que la Provincia podría quedarse directamente sin empresas que realicen esta actividad. 

“Las fábricas complicadas son las seis que están en Córdoba: una en Villa Allende, dos en Córdoba, una de la Falda, otra de Cruz del Eje y una más que ya cerró en abril de este año, porque no pudo afrontar la situación”, alertó el empresario en diálogo con Punto a Punto Radio. “Esas cinco que quedan son las únicas fabricas de pastas secas de Córdoba. La única que quedaría sería la de Río Cuarto, Cañuelas, una empresa grande”, añadió.

El ejecutivo subrayó que están manteniendo reuniones con el Gobierno provincial para buscar la manera de evitar el cierre de estas industrias, con la consecuente pérdida de centenares de puestos de trabajo.

“La suba de costos es determinante. La harina, en los últimos años, no ha dejado de bajar. Desde que empezó el problema de la harina, se fue perdiendo rentabilidad y hubo que ir despidiendo gente. Hoy la situación es crítica”, explicó Ferreyra.

En este marco, el directivo dijo que “entre las seis empresas se han despedido entre 45 y 50 trabajadores, y a fin de mes quieren despedir cuatro más. Hay dos que han tomado la decisión de cerrar, una lo haría el viernes y la otra a fin de mes”.

– ¿Qué debería ocurrir para revertir esta situación?
– Que las grandes superficies y las cadenas de supermercados consuman productos de Córdoba, porque vienen las multinacionales a un precio irrisorio, con un paquete de fideos a 3 pesos, cuando el paquete de harina nos está costando 5 pesos.