(Télam) – Las autoridades de la UFI-AMIA le pidieron a Interpol que averigüe el paradero del ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio «Jaime» Stiuso, con el objetivo de que sea traído a la Argentina para que explique en qué consistió su colaboración con el fallecido fiscal Alberto Nisman, en el marco de la investigación del atentado contra la mutual israelita ocurrido en 1994.
El pedido fue realizado a través de la Policía Federal, fuerza a la que los fiscales habían recurrido la semana pasada cuando Stiuso no se presentó en la Unidad Fiscal especial para rendir cuentas sobre su relación con el fiscal que apareció muerto el 18 de enero.
Si Interpol encuentra al ex espía, que permanecería fuera del país, podría traerlo a declarar a la Argentina, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
El jueves pasado la UFI-AMIA solicitó a la Policía Federal la averiguación del actual paradero del ex agente de inteligencia y, una vez hallado, su traslado por medio de la fuerza pública para tomarle declaración.
La orden había sido redactada luego de que el espía no se presentara a prestar declaración testimonial ante las nuevas autoridades de la fiscalía.
“Encomiéndese a la Policía Federal Argentina la averiguación de su actual paradero y, una vez hallado, su traslado por intermedio de la fuerza pública a la sede de esta Unidad Fiscal”, decía la orden.
La misma citación había sido realizada antes por Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, quienes encontraron intercambios inconclusos entre Nisman y Stiuso, al desclasificar los archivos de inteligencia relacionados con el atentado.
Stiuso no se presentó ante ninguna de las dos convocatorias: en la primera fue su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, quien se apersonó en la central de inteligencia para notificar que su defendido se encontraba fuera del país; mientras que ayer dio la misma respuesta pero a través de una agencia de noticias internacional.
(DyN) – El juez federal Sebastián Casanello abrió formalmente una investigación sobre el patrimonio del ex agente de inteligencia Antonio Stiuso, imputado por el delito de «enriquecimiento ilícito».
Casanello hizo lugar a un pedido de medidas de prueba del fiscal federal Ramiro González y dispuso investigar el patrimonio de Stiuso y de otros ex agentes de inteligencia.
Se trata de la denuncia impulsada por la ONG La Alameda, cuyo titular es el diputado porteño Gustavo Vera.
Junto con Stiuso fueron denunciados los ex agentes de inteligencia Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni.
El fiscal González pidió investigar un supuesto «complejo entramado» financiero de empresarios, agentes y empresas radicadas en el país y en el exterior.
Entre las medidas de prueba ordenadas por Casanello figuran informes bancarios y los registros de la propiedad inmueble, automóviles y embarcaciones y aviones.
Paralelamente, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, advirtió que la convocatoria al ex espía de la SIDE Antonio «Jaime» Stiuso «sigue vigente», ya que no se trata de un procedimiento judicial, y debe presentarte a «dar explicaciones» sobre su actuación en ese organismo.
«La convocatoria sigue vigente para explicar este desaguisado. Esto no es como la Justicia, y él tiene que venir a dar explicaciones», afirmó Fernández.
Stiuso no se presentó ante la Agencia Federal de Información (que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia), tras ser convocado en el marco de las investigaciones por el ataque a la mutual judía AMIA.
El ministro formuló declaraciones al ingresar a la Casa de Gobierno, en donde indicó que «la convocatoria sigue vigente» ya que «la explicación que tiene que dar (Stiuso) no es como en la Justicia, que precluye, que van pasando los tiempos y llega un punto que no se puede seguir avanzando sobre ese tema».
«Estamos hablando de un trabajo, y él tenía que cumplir con esa función específica, y no se desliga por haberse retirado de la función o por haber llegado al retiro jubilatorio», explicó.
Fernández, luego de señalar que Stiuso «no está en el país, según el dato que tengo», planteó que «seguramente tendrá que presentarse para dar las explicaciones de este desaguisado, en el que aparece tanto el fiscal (Alberto Nisman) como él hablándose en una puesta en escena», en el marco de unas escuchas que debía analizar la SIDE, a requerimiento de la fiscalía, sobre la causa AMIA.
(Télam) – El ex director de Operaciones Judiciales de la ex SIDE, Jaime Stiuso, fue citado para este lunes para explicar ante las autoridades de la Secretaría de Inteligencia supuestas “conductas dilatorias e irregulares” en su accionar en la investigación.
La citación fue realizada por el actual titular de la SI, Oscar Parrilli, que en una conferencia de prensa realizada el miércoles pasado anunció que el ex espía deberá presentarse ante ese organismo para explicar la conducta «dilatoria e irregular» desplegada en su colaboración en la causa AMIA.
Parrilli explicó que en 2005 el fiscal Alberto Nisman y el entonces fiscal (Marcelo Martínez) Burgos remitieron a Stiuso «entre 24 y 30 discos compactos con llamadas internacionales entrantes y salientes de la Argentina realizadas entre 1991 y 1996 para efectuar un entrecruzamiento».
Sin embargo, el ex director de Operaciones Judiciales «respondía que continuaban las tareas» hecho que nunca se concluyó en una actitud que Parrilli calificó como «dilatoria e irregular».
“Al momento de su jubilación, Stiuso no hizo entrega de documentación alguna ni refirió sobre la existencia de tareas en curso, pendientes de respuesta o de importancia y urgencia en relación a la investigación», dijo Parrilli, y que tampoco «se han encontrado en las distintas áreas notas o documentos que avalen estas tareas».
De esta manera, Antonio Stiuso deberá comparecer ante las autoridades de la SI el día de mañana, a las 11 hs.
(DyN) – El ex director general de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, fue citado por el Gobierno para el próximo lunes para dar «explicaciones» acerca de sus tareas en la causa AMIA, en torno de las cuales mantuvo una presunta «conducta dilatoria».
Así lo informó el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, quien estuvo acompañado por su segundo en el organismo, Juan Martín Mena, en la Casa de Gobierno.
Parrilli explicó que esta citación tiene que ver con «15 notas epistolares» halladas en la ex SIDE entre Stiuso y el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien tenía a cargo la causa del atentado a la mutual judía.
Ese intercambio de mensajes hablaba del entrecruzamiento de escuchas telefónicas entre los años 1991-1996 que la SIDE debía realizar.
La convocatoria de Stiuso fue fijada para el lunes 6 de abril a las 11, en la sede de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Parrilli dijo que la presidenta Cristina Fernández manifestó «gran sorpresa y gran desazón» al enterarse de esta supuesta maniobra para «entretenernos a todos en una tarea que nunca se realizó», consideró.
El secretario confió que «una hipótesis es que no se hizo la tarea; segundo, que se haya realizado y no se haya encontrado nada y no se lo quiso reconocer; y tercero, que se encontró algo que no le convenía a ellos».
Por su parte, Mena expresó que «lo que se evidenció a raíz del cambio de autoridades es que hubo una conducta dilatoria» que los nuevos funcionarios de la AFI están «dispuestos a revertir de inmediato».
«Nos hallamos con que no hay un solo informe parcial» que muestre «que esa tarea encargada por el fiscal Nisman se haya realizado», puntualizó.
Luego de indicar que se realizó una reunión con los fiscales que reemplazaron a Nisman y con familiares de víctimas del atentado, para informarles de esta situación, Mena afirmó que «no se puede permitir este nivel de irresponsabilidad en semejante causa».
El subsecretario informó que se ordenó una «compulsa de todas las áreas del organismo para hallar este material», que debía ser peritado y consiste en un grupo de entre 24 y 30 discos compactos.
Además, recordó que Stiuso, al ser reemplazado, «no manifestó que tuviera ninguna tarea pendiente respecto a la investigación» de la causa AMIA.
revista Noticias publicó un listado con el nombre completo de 138 agentes que habrían ingresado a la Secretaría de Inteligencia, ahora denominada Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante la gestión de Oscar Parrilli.
En el listado aparecen varios militantes de La Cámpora, tal como había adelantado Clarín en enero. También figura José María Olazagasti, hombre de confianza del ministro de Planificación Julio De Vido, y funcionarios cercanos a Parrilli desde su paso por la Secretaría General de la Presidencia. El Gobierno intentó frenar, sin éxito, la publicación del listado.
En el sitio web de Editorial Perfil se hace referencia a este tema de la siguiente manera:
En las últimas horas llegó a la redacción de la revista Noticas una notificación del área de jurídica de la Secretaría de Inteligencia (SI) en la que amenazan con iniciar acciones legales contra la publicación. Detrás de la movida, se esconde la intención de la ex SIDE de frenar la salida de Notiocias. La publicación ya está impresa y en proceso de distribución.
La excusa que motivó a la SI a avanzar contra la revista fue la investigación que saldrá publicada en esta edición sobre los 138 nuevos espías K que reclutó el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, con la supervisión del hijo presidencial, Máximo Kirchner.
El texto que lleva la firma del director de asuntos jurídicos de la SI, José Padilla, amenaza con presentar una denuncia penal en los “tribunales federales competentes” en el caso de que la información sea publicada. Los lectores de Noticias podrán encontrar el listado completo en la edición que ya cerró.
Según se lee en el primer párrafo del escrito, la carta fue impulsada “por indicación del Señor Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación” luego de que se enterara que Noticias estaba por publicar los nombres de los nuevos agentes K: “Dirijo la presente en relación a diversas publicaciones realizadas en los distintos medios pertenecientes a su editorial, por medio de los cuales, se insinúa, especula, y hasta se afirma con la posible designación de una o más personas para ocupar cargos en la Secretaría de Inteligencia”.
Para la SI, la publicación de ese listado estaría violando los artículos 16 y 17 de la ley de Inteligencia 25.520 que prevee que quienes accedan a información de inteligencia deban “guardar el más estricto secreto y confidencialidad”. La violación de este ley prevé penas de prisión de uno a seis años.
En el último párrafo, la ex SIDE intima a Noticias a que se “abstenga de proseguir con este tipo de publicaciones y extreme los recaudos necesario a efectos de evitar la configuración del tipo penal descripto”. Y amenaza con radicar una denuncia penal “ante los tribunales federales competentes”.
(DyN) – La Secretaría de Inteligencia (SI), a cargo de Oscar Parrilli, emitió un “alerta” para que la Dirección Nacional de Migraciones le informe cada vez que el ex agente Antonio “Jaime” Stiuso entra y sale del país y un juez analiza en qué marco se emitió esa orden.
El abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermudez, presentó un escrito en la Justicia en el que informó que el 18 de febrero, un día después de declarar como testigo en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el ex agente fue demorado por Migraciones en el paso fronterizo Paysandú-Colón, en Entre Ríos, cuando salía del país hacia Uruguay.
El hecho fue puesto en conocimiento del juez federal Luis Rodríguez, quien investiga las amenazas que por mail recibió Nisman, su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y que también involucran a Stiuso, informaron fuentes judiciales.
El magistrado le envió un oficio al titular de Migraciones, Martín Arias Duval, para que informe sobre la demora a Stiuso en la frontera.
Arias Duval le informó al juez que Migraciones recibió un pedido de alerta por parte de la SI para que se informe a dos celulares del organismo cada vez que Stiuso entra y sale del país.
Tras la presentación de Migraciones, el magistrado le envió un oficio a Parrilli para que informe en qué marco se emitió este alerta y si hay actuaciones administrativas en la SI contra Stiuso.
El Gobierno promulgó la ley de inteligencia y los acuerdos de cooperación económica con China, a una semana de su sanción en el Congreso.
Así lo estableció mediante sendos decretos publicados en el Boletín Oficial, con la firma de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak.
El proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplazó a la Secretaría de Inteligencia (SI), ex SIDE, fue aprobado en la madrugada del jueves 26 de febrero. Los acuerdos, un par de horas antes.
Ambas propuestas han sido fuertemente cuestionadas por la oposición y, en el caso de los acuerdos con los Chinos, por el sector industrial que se queja de la falta de precisiones y teme que haya una “invasión” de obreros y materia prima de ese país, tal como lo reiteró hace algunas horas el ex titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren.
(DyN) – El kirchnerismo aprobó y convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que promueve la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y crea en su reemplazo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pese a las fuertes críticas de la oposición.
Tras más de seis horas y media de debate, la propuesta fue aprobada por 131 votos afirmativos y 71 negativos en el marco de una sesión especial convocada por el oficialismo.
A diferencia de lo ocurrido en el Senado, donde la mayoría de los bloques antikirchneristas no bajaron a dar el debate en el recinto, en Diputados participó la mayoría de los legisladores del arco opositor.
El proyecto consta de 30 artículos y establece que el organismo será conducido por un director y un vicedirector, que serán promovidos por el Poder Ejecutivo.
Los siguientes son los principales puntos del proyecto:
-La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional.
-Será conducida por un director general que tendrá rango de ministro y que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
-También tendrá un subdirector general que tendrá rango de secretario de Estado.
-El cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional.
-La AFI deberá quedar constituida en el plazo de 120 días.
-Se transfiere a la órbita de la AFI el personal, bienes, activos y patrimonio de la Secretaria de Inteligencia, como así también la competencia y el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad.
-La tarea de la AFI estará limitada a la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional.
-La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.
-Las actividades de inteligencia serán ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo. En caso de urgencia, podrán ser iniciadas, debiendo ser informadas de manera inmediata a las autoridades máximas de cada organismo de inteligencia.
-La Procuración General será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
-La relación de la AFI con otros organismos del Estado o funcionarios sólo podrá ser ejercidas por el director, subdirector o la persona designadas por las autoridades.
-La desclasificación de información, documentos o material no podrá ser inferior a los 15 años a partir del momento que se dispuso su clasificación.
-Se establece un Banco de protección de datos y archivos de inteligencia, que estará a cargo de «un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos de recolección y almacenamiento».
-Se establecen penas de 3 a 10 años a aquellos agentes que transfieran, capten o intercepten «indebidamente» información derivada de las tareas de inteligencia.
(Télam) – El titular de la Secretaria de Inteligencia, Oscar Parrilli, informó que el Poder Ejecutivo denunció penalmente por «presunto contrabando y evasión fiscal» al ex espía Antonio “Jaime” Stiuso, a Alejandro Patricio y a Nicolás Gastón Mercado, denuncia que quedó radicada en el Juzgado Penal Económico 3, a cargo del juez Rafael Caputo.
En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, y acompañado por Juan Martín Mena, subsecretario de Inteligencia, precisó que “gracias a información brindada por la Aduana» pudieron «llegar a la conclusión que, durante el 2013 y el 2014 se realizaron 67 importaciones por 94 mil kilos que tipificamos como contrabando, porque no estuvo destinado a la SIDE ni a cumplir una función de la Secretaría”.
Asimismo, destacó que se trata de una «cuantiosa maniobra de contrabando» perpetrada desde esa secretaría en los años 2013 y 2014, y detalló que -tras una investigación- se detectaron 94 toneladas de importaciones de «destino incierto» y precisó que «mucha de esa mercadería ingresaba a nombre de Jaime Stiuso», ex funcionario del organismo y separado de sus funciones desde el mes de diciembre último.
Parrilli precisó también que fueron relevadas en primer término mercaderías ingresadas en el período 2013-2014 y que la maniobra fue cometida por «un sector de los funcionarios de la secretaría en perjuicio del Estado» y «valiéndose del paraguas protector que da la ley».
A su vez explicó que del relevamiento sobre mercadería importada ingresada a la dependencia permitió determinar que su origen es «incierto» y «no se sabe el destino», ya que no fueron a ninguna oficina de la ex SIDE.
Por su parte, Mena afirmó que en esta denuncia penal por contrabando y evasión fiscal contra personal de la ex SIDE se solicitará la colaboración de los países desde donde remitieron 94 toneladas de mercadería para conocer el «contenido real» de los embarques y aseveró que se librarán «exhortos internacionales» y que los delitos denunciados prevén penas de 4 a 10 años de prisión.
Esta denuncia se suma a la que en la víspera realizó la Procuraduría General de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella, por el presunto delito de lavado de dinero, en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello.
(Télam) – La Cámara baja comenzó a tratar en sesión especial el proyecto que reformula el sistema de Inteligencia nacional, que apunta a delimitar las funciones de los agentes de la ex SIDE y establecer un mecanismo transparente de los fondos reservados. El oficialismo junto a sus aliados tiene garantizados los votos.
Además, el plenario legislativo aprobará los dos acuerdos con China, uno que contempla un plan de inversiones, y otra que prevé la construcción de una base de espacio lejano de China en la ciudad de Neuquén y la ratificación del Protocolo internacional para permitir la construcción del túnel trasandino de «Agua Negra».
La primera sesión extraordinaria, a diferencia de lo que sucedió en el Senado, la heterogénea oposición conformada por el PRO, el radicalismo, el massismo y el Frente Amplio Progresista concurrirá a dar el debate, luego que el oficialismo reúna el quórum reglamentario.
De esta manera, estas bancadas opositoras se sumarán a la decisión ya adoptada por otras fuerzas políticas como la Coalición Cívica, Unidad Popular, Compromiso Federal liderada por los hermanos Rodríguez Saa y el interbloque del Frente de Trabajadores de Izquierda (FIT) de concurrir a la sesión.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, junto a sus aliados de Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Frente por la Inclusión Social, el Movimiento Solidario Popular, el PJ La Pampa, y el radical disidente Eduardo Santín tiene asegurado el quórum y la votación de los proyectos.
De esta forma, el oficialismo podrá cosechar un piso de 134 votos que serán aportados 118 por el FpV, 7 por los santiagueños que responden a Gerardo Zamora, 3 de Nuevo Encuentro, 3 de los neuquinos, y 4 por monobloques, aunque ese número se puede estirar si respaldan estas iniciativas el sindicalista Omar Plaini y el Movimiento Popular Fueguino.
Uno de los proyectos centrales que discutirán este miércoles los diputados será la reforma al sistema de Inteligencia, donde se busca delimitar la participación de los agentes de la ex SIDE en la investigación de casos criminales complejos de narcotráfico o de terrorismo internacional, como fue el atentado a la AMIA.
El proyecto aprobado en el Senado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.
En cuanto a sus autoridades, el dictamen de mayoría establece que el director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que «el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional».
Además dispone que se mantiene el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.
La Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas solo a pedido de un juez, que era una tarea que realizaba la ex SIDE.
De todos modos, las modificaciones más importantes incorporadas al proyecto están relacionadas con la actividad que podrán realizar los agentes de la nueva AFI.
En ese sentido, se establece la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo «por pedido expreso del juez en una causa determinada».
Otro punto importante es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como información pública, reservada y secreta.